La causa que involucra al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino sumó un nuevo capítulo: la abogada querellante María Elena Quintero pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció falta de imparcialidad en la Justicia de Mendoza.
En el marco del caso judicial en la Justicia de Mendoza contra Marcelo D’Agostino, la querella asegura que la investigación presenta irregularidades, demoras y un tratamiento desigual entre las partes.
Según la abogada María Elena Quintero, la situación llegó a un punto crítico que motivó la intervención de un organismo internacional, al considerar que los mecanismos internos no estarían garantizando un proceso justo. La presentación ante la CIDH expone además la existencia de presuntas influencias políticas y judiciales en favor del imputado, lo que, según la querella, comprometería la transparencia del proceso.
¿Qué denuncia la abogada María Elena Quintero ante la CIDH?
La abogada querellante María Elena Quintero sostiene que en la Justicia de Mendoza en el caso Marcelo D’Agostino no existirían condiciones de imparcialidad suficientes para garantizar el avance del expediente.
En su presentación ante la CIDH, afirmó que se informó “la gravedad y urgencia de la situación”, remarcando la supuesta ineficacia de los mecanismos internos de protección y una “grave asimetría de poder” en favor del exfuncionario denunciado.
Según el planteo, D’Agostino habría ocupado cargos de relevancia dentro de la estructura judicial y política provincial, lo que, para la querella, incidiría en el desarrollo de la investigación. Además, se puso a disposición del organismo internacional el expediente completo.
¿Qué dice el audio incorporado como prueba en la causa?
Uno de los elementos centrales del expediente es un audio incorporado por la propia querella. La defensa del exfuncionario lo utilizó para sostener una hipótesis de extorsión, aunque la abogada Quintero rechazó esa interpretación.
Según explicó, en el registro no existiría ninguna exigencia económica atribuible a la denunciante ni referencias directas a sumas de dinero. La querella sostiene que el fragmento utilizado por la defensa corresponde a ruido ambiente de un local gastronómico y no a una conversación relevante dentro de la causa.
En ese sentido, la abogada afirmó que la interpretación de la defensa es “fragmentaria y errónea”, y que el material probatorio no respalda la acusación de un pedido de dinero.
La presentación sostiene que no existirían garantías suficientes en el Ministerio Público Fiscal y advierte sobre una presunta asimetría de poder en el avance del expediente.
¿Por qué la querella habla de trato desigual en la investigación?
Uno de los ejes del planteo de María Elena Quintero es el presunto trato desigual en el avance del expediente dentro de la Justicia de Mendoza.
Según su presentación, las solicitudes de la querella serían respondidas con demoras o evasivas, mientras que las presentaciones de la defensa tendrían mayor celeridad.
Este punto es central en el pedido de intervención internacional, ya que la abogada considera que esa diferencia de tratamiento afecta la igualdad de armas dentro del proceso judicial.
¿Qué delitos se le imputan a Marcelo D’Agostino y cuál es su situación?
De acuerdo con lo informado en el expediente, Marcelo D’Agostino fue imputado por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia de arma de fuego.
Sin embargo, la querella ha solicitado que se amplíe su situación procesal e incluso pidió su detención por riesgo de entorpecimiento de la investigación e intimidación a testigos y a la víctima. Hasta el momento, la fiscalía no ha considerado necesaria esa medida.
La defensa del exfuncionario, por su parte, sostiene una versión distinta de los hechos y ha impulsado nuevas líneas de acusación contra la denunciante, lo que complejiza aún más el escenario judicial.
¿Qué pide la querella a la Justicia de Mendoza?
La querella insiste en que la causa debe avanzar con mayores garantías de transparencia e imparcialidad. Además de la intervención de la CIDH, solicita que se revisen decisiones judiciales que, según su postura, podrían estar afectando el desarrollo equilibrado del proceso.
También plantea la necesidad de investigar posibles influencias externas y maniobras de poder que, según la abogada, podrían estar interfiriendo en la investigación.
