El Gobierno avanzó con una decisión inesperada que transformó una simple calesita en un conflicto judicial. Con una concesión vencida, plazos agotados y obras en marcha, el caso ya escala y deja más preguntas que respuestas.
La calesita en Mendoza, del Parque General San Martín, se convirtió en un foco de conflicto cuando el gobernador Alfredo Cornejo decidió llevar el caso a la Justicia. Lo que parecía una situación menor terminó transformándose en un suceso que sacude la agenda política y urbana de la provincia, con un trasfondo que mezcla incumplimientos, decisiones firmes y un espacio público en disputa.
A través del decreto 602/26, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones legales para desalojar el predio ocupado en el Parque General San Martín, donde funciona la denominada “Calesita de la Rotonda”.
El dato central que explica la medida es contundente: la concesión venció el 31 de marzo de 2023 y, pese a reiteradas intimaciones, el espacio nunca fue desocupado.
¿Qué pasó con la concesión de la calesita en Mendoza?
Según consta en el expediente oficial, el ex permisionario, Carlos Alonso, fue notificado en múltiples oportunidades para abandonar el predio. No se trató de una advertencia aislada, sino de una secuencia de comunicaciones formales con plazos definidos.
Incluso se otorgaron prórrogas que extendieron los tiempos más allá de lo habitual. Sin embargo, ninguna derivó en una salida efectiva.
El último plazo venció el 20 de febrero de 2026. A partir de ese momento, el Gobierno decidió avanzar sin más dilaciones y activar la vía judicial. En el decreto también se deja constancia de que el concesionario fue informado del proceso licitatorio en curso para remodelar el sector.
¿Por qué Cornejo decidió llevar el caso a la Justicia?
La intervención directa de Alfredo Cornejo no es solo administrativa, sino también política.
El Ejecutivo busca marcar un límite claro frente a ocupaciones sin respaldo legal en espacios públicos estratégicos. En este caso, la calesita funciona como símbolo de un problema mayor: el uso indebido de un predio en un punto clave del parque.
Al escalar el conflicto a la Justicia, el Gobierno deja en evidencia que la etapa de notificaciones terminó y que ahora el desenlace dependerá de una resolución judicial.
¿Qué va a pasar con la calesita y la zona del parque?
El conflicto ocurre en paralelo a una licitación en marcha que apunta a transformar completamente ese sector del parque.
El proyecto incluye:
- Una nueva calesita en el centro de la rotonda
- Locales comerciales
- Juegos infantiles modernos
- Aparatos de gimnasia
- Juegos de agua y espacios recreativos
La obra tiene como fecha estimada de finalización abril de 2027 y busca reconvertir el área en un polo recreativo moderno.
Actualmente, el espacio ya fue clausurado y permanece cerrado al público, con acceso exclusivo para la empresa encargada de las obras.
¿Qué pasará con los bienes que siguen en el predio?
El decreto también establece una advertencia clave: el Gobierno no se hará responsable por daños o pérdidas de los bienes que permanezcan en el lugar.
Según el Ejecutivo, los plazos otorgados fueron suficientes para permitir un retiro voluntario. Al no concretarse, cualquier consecuencia recaerá sobre el ex concesionario.
Este punto endurece aún más el conflicto y reduce prácticamente a cero cualquier margen de negociación.
¿Un hecho aislado o una señal política?
Aunque el caso gira en torno a una calesita, el trasfondo es más amplio. La decisión de judicializar el conflicto podría marcar un precedente en la gestión de espacios públicos en Mendoza.
El mensaje es claro: los incumplimientos sostenidos en el tiempo tendrán consecuencias.
Así, lo que parecía un tema menor terminó convirtiéndose en un suceso con impacto político, urbano y legal. Y deja una pregunta abierta que potencia el interés del caso: si una calesita llegó a la Justicia, ¿qué otros conflictos podrían seguir el mismo camino?
