Así lo informó en el programa de Ciudadano News, Círculo Político, el abogado Pablo Vassel, quien denunció hace más de 17 años al padre de Lourdes Arrieta por torturas a soldados en Malvinas.
Por CARLOS FERNÁNDEZ / La denuncia contra al padre de la diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, de nombre Tomás, sigue vigente en la Corte Suprema de Justicia, desde que hace 17 años fue llevado ante la Justicia en Tierra del Fuego, por casos de tortura contra soldados en Malvinas y uno de ellos murió por inanición.
Pablo Vassel, abogado, autor del libro Malvinas y Derechos Humanos, afirmó en el programa de Ciudadano News, Círculo Político: “En el 2005 yo era secretario de Derechos Humanos de Corrientes y tomé conocimiento vía una película conocida “Iluminados por el fuego” que un soldado argentino había sido estaqueado por matar una oveja para comer. Me llamó la atención, tanto el estaqueo que es atar a una persona con los tientos de una carpa o estacas de una carpa durante toda una noche como era el caso de la película por la necesidad de comer entonces, empecé a entrevistar a los combatientes correntinos”.
“Corrientes es una provincia que muchos de sus hijos fueron a Malvinas, 1.876 soldados correntinos fueron a Malvinas y efectivamente no pocos querían hablar, pero de los que hablaron y estuvieron de acuerdo con que había que investigar esto fueron 23. Esa presentación original de 23 correntinos daba cuenta de torturas, abandono de personas seguido de muerte que fue el caso de los dos soldados correntinos que murieron de hambre, uno de ellos en la unidad de (Tomás) Arrieta (padre de Lourdes Arrieta) y otro soldado asesinado por una cuestión de una pelea de guapos que habían tenido entre un cabo y un soldado antes de ir a Malvinas, pero que el cabo se la cobró en Malvinas”, repasó.
Para Vassel, “eran crímenes de lesa humanidad porque no distaba mucho de lo que había pasado al resto de los argentinos en el territorio continental y me presenté para denunciarlo en el juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego porque en mi investigación hice una nueva reafirmación de la soberanía argentina, ya que Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego y es reivindicación que un juez argentino aplique la ley argentina”.
“Esa causa la presenté en abril de 2007, tiene más de 17 años y han declarado a la fecha cerca de 250 personas, entre ellos tres suboficiales que acreditaron estos hechos, dos de los cuales están referenciados con hechos del Regimiento 12 de Mercedes (provincia de Corrientes), regimiento en el que Arrieta prestó servicio con el cual fue a Malvinas”, recordó.
Y añadió: “A mi juicio en Malvinas se han cometido torturas en distintas modalidades, la más usual es la del estaqueo, la otra obligar a un soldado a enterrarlo hasta la altura del cuello en un pozo de una turba helada y húmeda, en otras unidades obligar a un soldado a descalzar y con el teléfono de campaña generar una corriente eléctrica e improvisar una picana y varias modalidades de submarino”.
“Nos propusimos en el marco de esta investigación obtener la desclasificación del Informe Rattenchah, que hizo las propias fuerzas armadas posteriores al 14 de julio, con la tropa en el continente argentino. Y fue un informe que se conoció unas semanas antes de las primeras elecciones del 30 de octubre del ’83 e inmediatamente la misma dictadura dispuso que sea secreto, militar y político y nosotros logramos desclasificar ese informe y allí hay algunas de las explicaciones de lo que pasó“, señaló.
“Tenemos presente que en todo el siglo XX las fuerzas armadas tomaron un rol de tutelaje sobre la vida democrática argentina. Eso llevó a la desprofesionalización y a la politización que se expresa en un montón de elementos que impactaron en Malvinas. Y en la desprofesionalización las fuerzas armadas se prepararon para pelear con un enemigo que era el enemigo interno. Ellos decían en el informe que cada uno de los oficiales y suboficiales sí hicieron al regreso y muchos comentaron con profunda honestidad que no estaban preparados para esa guerra. Estaban preparados para la guerra antisubversiva y cómo se desarrolló la guerra antisubversiva, con secuestro de mujeres, torturas, ingreso a hogares en horarios que la ley no lo permite. Allanamientos ilegales, torturas, desaparecidos, con desprecio por la dignidad humana que es lo que vivió nuestra tropa allá”, describió.
Según el abogado denunciante, “no hay que sorprenderse porque la tropa que fue a Malvinas no fue un San Martín defensor de derechos humanos que todos honramos, que decía que los oficiales comen a lo último y primero la tropa. No es la tropa que fue de Güemes, que vivía con los gauchos tapándose cada noche solo con las estrellas en su Salta natal, fueron los Astiz, los Pernía, los que salían de los campos clandestinos de detención en la dictadura, entonces, su entrenamiento había sido para eso. Esta historia llevó a la desprofesionalización y a adoptar la Argentina lo que se conoció como la doctrina de la soberanía nacional”.
Lo que sucederá con (Tomás) Arrieta, “depende exclusivamente del Poder Judicial, es una causa que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Casación en dos fallos dijo que los hechos habían prescripto, que eran grave, pero que el número no hacía que fuera de lesa humanidad, a raíz del primer fallo en 2015 las víctimas fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fallo no está en la Corte, está en la Comisión Interamericana que se expedirá, por los plazos que han estado corriendo, a comienzo del año que viene y la Corte no tiene plazos pese a que en una segunda intervención. Tiene el caso hace casi 3 años y hay un dictamen del procurador (Eduardo Ezequiel) Casal que dijo que estos hechos son imprescriptibles”.
“Fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del derecho a la verdad y a la justicia. Toda persona tiene derecho a esto y el Estado argentino está por tercera vez vulnerando derechos a los combatientes de Malvinas, la primera vez cuando se cometieron estos hechos, la segunda cuando no investigó en 1962 porque se ordenó el archivo masivo de todas las actuaciones en 1982, en la misma época de la ley de amnistía y ahora por tercera vez se están vulnerando los derechos de las víctimas”, marcó.
Y añadió: “Qué pasará con Arrieta, lo ignoro, la vocación de las víctimas y de los que impulsamos esta causa, de los que denunciamos estos hechos es que haya verdad y justicia, pero la verdad es que el camino de las víctimas de la Argentina siempre se ha convertido en un camino tortuoso y la Corte Suprema no parece dispuesta a evitarle ese camino a las víctimas por más que sea combatientes de Malvinas“.
Analizando la causa que produjo la inanición que llevó a la muerte del proscripto correntino, señaló, “dos cosas, primero, en la modalidad de tortura que registramos, una de ellas era la privación de alimentos. En mi denuncia original en 2007 marqué que en los 23 casos originales todos habían perdido entre un 30% y 40% de peso corporal. Esa privación de alimentos no le decía a una unidad que hubiera sido aislada y que en consecuencia no recibiera nada de alimentos porque en este caso los que hubieran tenido también consecuencias sobre su salud hubieran sido los oficiales y suboficiales y no hay ningún caso registrado por los médicos que estaban en Malvinas que hable de oficiales o suboficiales desnutridos”.
“Para mi tomo razón de lo que dicen los soldados y les creo que primero comían los oficiales, lo que queda los suboficiales y lo que quedaba los soldados, entonces, para mí una forma de disciplinar al grupo humano fue la distribución de los alimentos. Por eso esto lo dice una de las víctimas, específicamente que lo denuncia a Arrieta en el 2007. El nombre de Arrieta está en la causa desde 2007, y en ese mismo regimiento había un soldado que apareció muerto en su carpa de hambre después de casi 15 días de no probar alimentos”, lanzó.
Entonces, “ahí viene la acusación de abandono de persona seguida de muerte que son los casos de soldados que murieron por inanición, son dos soldados correntinos a los que le pasó eso, uno de la unidad de Arrieta entonces, la acusación está, la imputación está, también está la parálisis de la causa en la Corte Suprema de justicia desde hace casi 23 años”.
“Vamos a estar el próximo jueves 22 de agosto con Ponce de León, el testigo que acusa a Arrieta, en Mendoza, contando la causa y presentando un libro que refleja la causa”, confirmó.
