El juez Sebastián Sarmiento podría quedar fuera de su cargo luego de que frenara la quita de los teléfonos celulares a los presos en dos penitenciarías de Mendoza por iniciativa del gobierno del Alfredo Cornejo
La semana próxima quedaría conformado el jury contra el juez Sebastián Sarmiento que está proponiendo el gobierno de Alfredo Cornejo luego de que el magistrado frenara la quita de los teléfonos celulares de los presos en dos penitenciarías entendiendo que se extralimitó en sus funciones judiciales.
Además al magistrado se le cuestionó haber otorgado la libertad condicional a dos delincuentes que, ya en en las calles, mataron a dos personas en ocasión de robo. En lo central, aseguraron que Sarmiento no priorizó los informes técnicos que advertían que esos reclusos no debían ser liberados.
Ahora, con la resolución en torno a los teléfonos en posesión de los internos, en Casa de Gobierno consideran que hay fundamentos para avanzar en su destitución como juez. En defensa de su decisión, Sarmiento aseguró que no se cumplió una de las medidas que permitiría quitarle estos dispositivos en los penales.
El primero de los homicidios que se le achacan es el de un expolicía que murió asesinado en un intento de robo a su vivienda de Guaymallén, Héctor Pelayes.
Por ese crimen, que ocurrió el 1 de septiembre del 2024 en Guaymallén, fue acusado Roberto Carlos Pereyra, de 39 años. El individuo ya contaba con una condena por homicidio en ocasión de robo y, al momento del fatal atraco, gozaba de la libertad condicional.
Ese beneficio había sido otorgado en 2023 por Sarmiento, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal. Para el Gobierno constituye un argumento para desplazarlo porque el artículo 14 del Código Penal prohíbe conceder la libertad condicional a quienes fueron condenados por ese delito (homicidio en ocasión de robo).
Sin embargo, en los argumentos del Gobierno, Sarmiento consideró que esa norma era inconstitucional. Pero además, consideran que Sarmiento desestimó incluso un informe del equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario, donde se advirtió que el recluso presentaba indicadores de riesgo. Por contrapartida, el magistrado se basó en antecedentes relativos a la conducta en la cárcel y, en esa instancia, Pereyra pudo salir bajo el régimen condicionado y mató a Pelayes cuando ingresó a la casa de la víctima.
Otro fallo que en el Ejecutivo consideran polémico es el crimen de Héctor Osvaldo Quiroga, ocurrido el 18 de septiembre de 2019 en Maipú. Su homicida también se encontraba en libertad condicional concedida por Sarmiento y en el oficialismo le achacaron al juez que tampoco priorizó ni los antecedentes ni los informes técnicos.
El asesino es Cristian Segundo Reina Flores, condenado a 12 años de cárcel por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda en 2012. Ya en 2017, el delincuente pidió pasar al régimen de libertad condicional, beneficio que se le otorgó, a pesar de que tres instancias aconsejaron lo contrario: el Consejo Correccional, el Organismo Técnico Criminológico y el Ministerio Público Fiscal. El argumento central era que el recluso presentaba un alto riesgo de reincidencia.
En 2019, cuando ingresó a la casa de Quiroga con otros dos secuaces, la víctima fue asesinada de dos disparos al intentar resistirse. Pero Reina fue detenido porque también resultó herido. Ya en 2020, fue condenado a prisión perpetua por homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado.
