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La quisieron apuñalar

La fiscal Claudia Ríos trató de defenderse con gas pimienta

Un preso de máxima peligrosidad que estaba siendo sometido a un juicio oral por un homicidio en el Polo Penal Judicial de Mendoza atacó con un arma blanca a una fiscal en plena audiencia y tomó como escudo humano a una estudiante a quien hirió en el cuello, aunque finalmente fue reducido cuando la representante del ministerio público le arrojó gas pimienta en el rostro, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El preso fue identificado como Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33), quien cumple una condena a prisión perpetua por dos homicidios y ahora estaba siendo sometido a juicio junto a otros dos cómplices llamados Jorge Darío Bracamonte Contreras y Lucas Gabriel Garro Ibáñez, por el asesinato de un preso en el penal Almafuerte.

La fiscal Claudia Río trató de defenderse con gas pimienta

En tanto, la fiscal atacada es la titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Mendoza, Claudia Ríos, quien entre otros casos llevó a juicio oral al israelí Gilad Pereg, acusado de asesinar a su madre y a su tía, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en su casa de la ciudad de Guaymallén en enero de 2019, mientras que la joven herida en el cuello es una estudiante que se hallaba presenciando el debate entre el público y fue trasladada a un centro asistencial.

El procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, detalló esta tarde en una conferencia de prensa realizada en la puerta del Polo Judicial de la Corte mendocina que el hecho se produjo en un cuarto intermedio de un juicio que se desarrollaba en la sala 15, cuando uno de los presos juzgados pidió sacarse una campera y se abalanzó con un arma blanca de fabricación casera, tipo “chuza”, contra “el cuello de la fiscal” que atinó a echarse para atrás.

“Era una audiencia de tres imputados, uno de los cuales tenía como antecedentes una perpetua, otro a 12 años y otro estaba purgando una condena de 5 años. En un cuarto intermedio, uno de ellos, el que tenía la perpetua, se abalanza con un arma blanca sobre la fiscal Claudia Ríos, quien alcanza a correrse”, relató Guille.

Tras ello, prosiguió, “el hombre salió corriendo y lo redujeron, pero antes tomó del cuello a una pasante que estaba observando el juicio y que resultó con una lesión en el cuello”.

“La fiscal está bien -añadió el funcionario judicial-; ella tenía entre sus prendas un gas pimienta y le arrojó en el rostro a esta persona que la agredió”.

Consultado sobre el arma que llevaba el recluso procedente del penal de Almafuerte, Gullé dijo “era una ‘chuza’, suponemos que se les ha pasado a los guardias, de alguna manera la ha ingresado a la sala de audiencias y eso está en investigación”.

Al respecto, explicó que los presos ingresan al Polo Judicial por el edificio Estrada y por un túnel, que es el ducto de traslados, y “se supone que ahí los revisan”.

Finalmente, Gullé dijo que no hubo “ningún tipo de amenaza” previa del preso hacia la fiscal, sino que directamente le “arrojó una puñalada a la altura del cuello”, y al respecto explicó que a los detenidos se les quitan las esposas cuando comparecen ante un tribunal.

Según los investigadores, al momento del ataque a la fiscal Ríos, en la sala de audiencia se hallaban cinco agentes penitenciarios custodiando a los presos.

El caso ahora es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien le tomó declaración a su colega Ríos y a la estudiante de abogacía herida.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, informó hoy que siete penitenciarios fueron pasados a disponibilidad mientras se investiga la responsabilidad que tuvieron en el traslado y la requisa del preso que atacó a la fiscal.

“Siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados”, confirmó hoy Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, un órgano civil de control externo a las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el Servicio Penitenciario de Mendoza se encuentra trabajando en las actuaciones correspondientes y en el análisis de las filmaciones del traslado y del momento en el que se produjo el hecho.

Según explicaron las fuentes, el preso Arredondo Suárez ya había sido condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II del departamento de Las Heras, pero además fue condenado a 14 años de prisión por otro crimen ocurrido dentro del penal de Almafuerte.

Ese segundo homicidio tuvo como víctima a Nicolás Lozano, un preso que fue golpeado y apuñalado el 26 de diciembre de 2019.

Además, en septiembre del año pasado fue imputado en otro expediente por una tentativa de homicidio de otro preso de 31 años, quien fue herido a golpes, lo sometieron a torturas, lo obligaron a consumir un sedante y finalmente abusaron sexualmente de él con un palo.

En tanto, Bracamonte Contreras, otro de los presos que estaba siendo sometido a juicio hoy, tiene una condena de 12 años de prisión por un homicidio con arma de fuego en grado de tentativa, mientras que Garro Ibáñez cumple de 5 años de prisión por robo.

La fiscal de Homicidios atacada hoy llevó adelante algunas de las causas más relevante en la provincia de Mendoza de los últimos años, entre ellas la desaparición de Viviana Luna, quien fue vista por última en diciembre de 2016 cuando fue a una entrevista de trabajo y no se la volvió a ver y cuyos hijos aún reclaman justicia y juntaron casi 40 mil firmas en una petición que elaboraron a través de la plataforma Change.org (Change.org/JusticiaPorVivianaLuna).

También tuvo a su cargo el expediente por el crimen de León Burela (64), un hombre asesinado en abril 2019, en el interior de su vivienda del departamento de Las Heras por el que fueron a juicio la viuda y una amiga de ésta.

Asimismo, la fiscal Ríos fue quien estuvo al frente de la investigación del doble homicidio de las israelíes Pyrhia Saroussy (63) y Lily Pereg (54) en enero de 2019, en la localidad mendocina de Guaymallén por el cual fue imputado y condenado Gilad Pereg, hijo y sobrino de las víctimas.

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