Las prestaciones de servicios y los contratos de locación se mantendrán inalterados hasta el 29 de febrero próximo. A partir de esa fecha, se llevará a cabo una reorganización del recurso humano, ajustándolo a las necesidades específicas de cada área

El gobernador Alfredo Cornejo ha anunciado que a partir del 1 de marzo de 2024, todas las jurisdicciones del Poder Ejecutivo deberán implementar medidas para lograr un ahorro mínimo del 20% en el costo presupuestario, tomando como referencia el devengado en diciembre de 2023.

Según lo detallado en el sitio oficial del Gobierno de Mendoza, el decreto establece la continuidad automática, desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero de 2024, de las prestaciones de servicios y los contratos de locación. Cornejo destaca que, en cumplimiento de la Ley 9501, se ha reducido la cantidad de ministerios y secretarías, generando fusiones y transferencias en diferentes organismos públicos en términos de personal y presupuesto. El objetivo es colocar al personal en lugares estratégicos para atender las “reales necesidades de los contribuyentes” y lograr una mayor eficiencia en la implementación de políticas públicas.

En cuanto a los empleados interinos, contratados y de locación de servicios, se especifica que aquellos que no cumplan con los parámetros establecidos a partir del 1 de marzo deberán contar con la aprobación del Gobernador y el ministro de Hacienda y Finanzas, justificando adecuadamente cualquier excepción.

Cornejo subraya que la continuidad automática de servicios se mantendrá en las mismas condiciones que estaban vigentes al 31 de diciembre de 2023, abarcando horarios, honorarios habituales, funciones y otros requisitos pertinentes.

Esta continuidad requerirá la efectiva prestación de servicios personales bajo las diversas modalidades contempladas en la norma, a menos que la persona renuncie expresamente o que las autoridades correspondientes dispongan modificaciones o cese de adscripciones y prestaciones, lo cual puede notificarse antes o durante la prórroga.

El decreto también establece que los servicios administrativos de cada organismo deberán ajustar sus partidas presupuestarias y registrar cada etapa del gasto. En caso de modificaciones o ceses, las autoridades deben seguir los trámites administrativos correspondientes, notificando de manera fehaciente a los agentes afectados según lo establecido en la Ley 9003.