La diputada de La Libertad Avanza asistió junto a su par Rocío Bonacci a la Comisión de Peticiones y se mostró dispuesta a “poner todas las pruebas”. Además, reclamó que le pidan explicaciones a Menem. Los proyectos serán debatidos en asesores. 

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados puso en marcha este martes la investigación en torno a la visita de seis diputados de La Libertad Avanza, LLA, al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad. 

Los proyectos, entre los que hay repudios por ese encuentro, pedidos para conformar una comisión que evalúe la conducta de los legisladores, hasta el desafuero de los que participaron de la reunión, serán tratados en asesores, según indicó Silvia Lospennato. No obstante, hay iniciativas en las que no es ésta comisión la que tiene competencia, sino Asuntos Constitucionales. 

Durante la reunión, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, dos de las involucradas, y quienes salieron a decir que fueron “engañadas” a la cárcel y no sabían con quiénes se iban a ver, estuvieron presentes. Arrieta incluso hizo uso de la palabra y contó que la visita “revestía con carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos”. “Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas, tampoco se nos dio a conocer las condenas”, afirmó. 

La mendocina dijo que tanto ella como Bonacci creyeron “en la institucionalidad de la Cámara de Diputados, porque se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados que iban en su carácter de legisladores a conocer las instalaciones del penal y las condiciones sanitarias”, en referencia a la combi de la Cámara baja en la que se trasladaron. 

“A mí se me invitó, cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a aquellos que se sintieron molestos con este accionar”, expresó la oficialista y lanzó: “Creí en mi compañero (por Beltrán Benedit), creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones deberían comenzar con quiénes lo organizaron, con quiénes brindaron las herramientas para que esto se lleve a cabo, o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros”. 

En esa línea, consideró que Benedit y Martín Menem, presidente de la Cámara baja, deben “dar explicaciones al respecto”. “No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin ningún tipo de aval político”, sostuvo y se definió como “una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra tanto del presidente de la Cámara como de mis pares”. Finalmente, se mostró abierta a “poner a disposición todas las pruebas” y “dar mayores explicaciones”. 

Autora de uno de los proyectos, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley resaltó que “no sólo consistió en una visita, sino que fue un plan estratégico a través del cual, desde el mes de febrero -según podemos saber- hasta esta visita, se venía desarrollando a los fines de presentar o un proyecto de ley, o mediante un decreto del Poder Ejecutivo, para otorgarle la libertad a estos genocidas”. 

Así, al aludir a informes periodísticos, la legisladora detalló cómo los seis libertarios (los citados Arrieta, Bonacci, Benedit, más Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo) que fueron a verse con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros, estaban desde febrero pasado en un grupo de WhatsApp creado por el sacerdote que fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, Javier Olivera Ravasi. Además, también formaban parte del mismo sus pares Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Nicolás Mayoraz, María Emilia Orozco y Alberto Arancibia; y “cuatro abogados defensores de genocidas”. 

Siley también relató la visita que habría hecho el 15 de marzo Benedit a Campo de Mayo, tras la cual la hija de un condenado por delitos de lesa humanidad “le agradeció” en redes sociales “y él le respondió, literal, que estaban trabajando por la pronta liberación de los patriotas”. 

“Me parece interesante que se puedan esclarecer y deslindar, e individualizar, las distintas motivaciones de los diputados, no me parece que todas sean las mismas responsabilidades”, aclaró y en ese sentido, al igual que hicieron otros diputados, diferenció entre “alguien que lo planificó y una diputada que dice que fue engañada”. 

En tanto, el jefe de UP, Germán Martínez, autor del proyecto para crear una comisión que evalúe la conducta de los libertarios, aseveró que “estamos ante un hecho gravísimo” y hay “una constelación de hechos concatenados, con una finalidad específica”. “Lo peor que le puede pasar a esta cámara es que no tenga una respuesta institucional, que tiene que ser proporcionalmente del mismo valor” que el hecho, consideró. 

“Es imprescindible que las personas que fueron a Ezeiza le digan a esta comisión lo que saben y lo que pueden decir de los hechos acontecidos”, reclamó y pidió saber si el exjefe del bloque oficialista, Oscar Zago, “estaba al tanto” o “con la venia de quién iban y participaban de esas reuniones” previas a la visita a Ezeiza. 

El santafesino apuntó que en un contexto con “servicios de inteligencia potenciados” y “modificaciones en la Ley de Seguridad Interior” promovidas desde el Gobierno, “es imposible y una irresponsabilidad de la Cámara de Diputados no investigar estos hechos”. Además, pidió “ir a fondo” y “proponer las sanciones pertinentes en cada caso”, que no descartó pueda ser “juntar dos tercios de los votos y que dejen de ser diputados”. 

Al responder a la pregunta de Martínez, Zago consideró que la visita “está mal” y reafirmó su “compromiso absolutamente democrático”. Aseguró que desde que estuvo a cargo del bloque y hasta que se retiró, en abril, no estaba “en conocimiento absolutamente de ningún tema” referido a esto. “Se hizo todo a las espaldas de quien les habla y de casi todos los integrantes del bloque, menos seguramente los 13 diputados (que estaban en el grupo de WhatsApp) y quizás alguno más que estaba en esas reuniones clandestinas”, expresó. 

Foto: HCDN

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo narró hechos en los que estuvieron involucrados los represores presos que visitaron los libertarios y, tras mencionar la desaparición de Jorge Julio López, alertó: “No estamos hablando de gente que sale y no pasa nada, sino de gente que está en la reiteración de su crimen y aún en proceso o condenada, tiene capacidad de actuar para amenazar, desaparecer o asesinar personas”. “Tenemos que averiguar hasta dónde llega este plan de impunidad”, pidió y reclamó conocer la posición del Pro, socio de LLA. 

Rápidamente, Lospennato recogió el guante. “Nosotros gobernamos la Argentina cuatro años, con el presidente (Mauricio) Macri, y no hubo un solo indulto en esos cuatro años”, recordó. La legisladora macrista aseguró que “la postura respecto de los condenados es que cumplan la condena”. “Tampoco se interrumpió un solo juicio” en la gestión de Cambiemos, sumó, y manifestó que “hablan por nosotros los hechos”. 

También desde el Pro, Silvana Giudici fue contundente: “Estos señores no tienen ningún derecho, porque ellos acabaron con miles de vidas, torturaron, violaron, mataron. Y en el caso de Astiz, además, fue un infiltrado en las primeras rondas de las Madres de Plaza de Mayo y luego las entregó. Pensar en una foto con Astiz a mí me pone la piel de gallina”. 

“En el caso que hubiera algún proyecto, alguna intención, de liberar a estos genocidas, ‘adorables viejitos que la pasan mal’, tendremos la posibilidad de decir fuerte y claro que no lo vamos a aprobar y que de esta cámara no va a salir ningún proyecto en ese sentido”, enfatizó. Sin embargo, la diputada señaló: “¿Esto amerita entonces desaforar a seis diputados? Yo creo que no, porque dentro de la potestad que tiene un diputado electo está la posibilidad de expresarse, pensar y elaborar los proyectos que crea conveniente, por más repudiable que a otro diputado le parezca”. “El bloque del Pro considera repudiable esa visita”, definió. 

Por la UCR, la diputada Karina Banfi repudió “categóricamente cualquier intención, expresión, acción, manifestación personal o política que se entienda como apoyo o dispensa de los genocidas, todos, sobre los hechos cometidos que los tienen condenados de por vida”. 

Sobre el trámite de las iniciativas, la bonaerense recomendó que se traten “en las comisiones correspondientes” porque “es importante que no elevemos expectativas falsas de qué es lo que vamos a tratar acá”. Pero sí se mostró a favor de lograr “una efectiva y rápida respuesta a la opinión pública”. 

El presidente de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, ratificó “la democracia y los derechos constitucionales”. “Obviamente que los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos y no tenemos lugar a duda de eso. Tienen que estar condenados, seguir condenados y pagar su condena”. Pero señaló que “no es potestad” de la Comisión de Peticiones crear una comisión investigadora, según indica el artículo 188 del reglamento. Y argumentó que en todo caso se los puede evaluar por “cuestiones que han hecho dentro del recinto, pero no afuera”. 

En el cierre, Lospennato informó que los asesores se congregarán este viernes y que ella, por su parte, se reunirá con las autoridades de la comisión “para determinar cómo seguimos con el tratamiento de este tema”.