“Queremos una Justicia más ágil y efectiva, que devuelva la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y envíe un mensaje de no impunidad”, fue lo que expresó la ministra de Seguridad Mercedes Rus.

Tal como lo había anticipado el gobernador Alfredo Cornejo la semana pasada en San Rafael, el Ejecutivo de Mendoza presentó el proyecto de ley para la reforma del Código Procesal Penal. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezó el anuncio junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

La iniciativa tiene como meta acelerar la resolución de causas y garantizar que los procesos penales se desarrollen en tiempo oportuno. Según Rus, el proyecto busca mejorar sustancialmente dos servicios esenciales: la seguridad y la Justicia, “y su incidencia en materia de seguridad, anclada en tres ejes que son importantes”.

• Primer eje: Justicia más ágil y efectiva: La funcionaria detalló que se apunta a “una Justicia más ágil y efectiva, que permita una respuesta adecuada a la víctima, un mensaje de no impunidad y que devuelva la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la Justicia”.
• Segundo eje: transparencia y eficiencia en las audiencias: En este punto, Rus explicó que se reorganizará todo el sistema de audiencias, publicando y ampliando la programación para un mejor control de auditoría. “Permitirá proteger el tiempo de la ciudadanía, de los testigos, magistrados, fiscales y abogados, evitando reprogramaciones indefinidas y la frustración de las audiencias”, señaló.
• Tercer eje: equilibrio en la carga de trabajo judicial: La ministra subrayó que el plan busca distribuir mejor la carga entre jueces y tribunales. “Optimizar recursos dentro del sistema judicial nos permite no elevar el gasto público y gestionar un sistema de seguridad más rápido y efectivo. Multiplicando los decisores y reorganizando las audiencias podemos mejorar la respuesta judicial”, afirmó.

Rus destacó que la infraestructura existente respalda la reforma: “Se construyó un polo con salas de audiencia disponibles en todo horario, al servicio de la seguridad. Esto permite que las aprensiones realizadas en flagrancia se gestionen de manera adecuada y oportuna”.

También enfatizó la importancia de atender todos los tipos de delitos. “Otras reformas fueron importantes en delitos graves como homicidios y robos con armas, pero también necesitamos una buena contención de robos simples, encubrimientos y otros delitos. Estos no deben depender de un mal uso del juicio abreviado, de la condena de ejecución condicional o de suspensiones de procesos. Para eso, el sistema necesita tiempo y espacio, y parte de estas reformas buscan eso”, indicó.

A su vez, la ministra reconoció que “el fuero penal es uno de los fueros más exigidos, es el que directamente está relacionado con seguridad. Sabemos del compromiso de muchos de los magistrados y de los jueces y del trabajo de ellos, y creemos que esto va a ayudar”.

En su diagnóstico, mencionó dos problemas clave: la mayoría de las audiencias se concentran en un horario reducido y la distribución de causas no es equilibrada. “El 86% de las audiencias se realiza entre las 8 y las 13, y mientras un conjunto de 36 jueces penales colegiados recibe 20.000 causas al año, los tribunales de juicio apenas 1.800. Esta brecha debe ser reconsiderada para que los jueces puedan trabajar de manera más tranquila y los procesos avanzar sin frustraciones”, señaló.

Acciones para agilizar y fortalecer la Justicia penal

El proyecto se apoya en tres ejes principales:

• Ampliar la franja horaria de audiencias penales, incluyendo el turno vespertino, para dar respuesta inmediata y evitar demoras.
• Incrementar la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en debates orales, multiplicando la capacidad operativa del sistema.
• Reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar turnos, reducir reprogramaciones y asegurar un flujo ordenado de procesos.

Rus remarcó que estas modificaciones complementan otras reformas impulsadas en los últimos años en el fuero penal, orientadas a ordenar desajustes, equilibrar la carga laboral y evitar el uso inadecuado de herramientas como el juicio abreviado o las condenas condicionales.

La ministra aseguró que la política de seguridad provincial integra el trabajo de la Policía con el sistema penitenciario y el Poder Judicial. Esto incluye atención a quienes recuperan la libertad y control sobre la actuación judicial en las aprehensiones.

La reforma se enmarca en un plan integral que contempla inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos, incorporación de patrulleros, fortalecimiento de la videovigilancia y coordinación entre fuerzas y Justicia.