Mediante un pedido de informe presentado en la Legislatura, el senador provincial Rafael Moyano (Partido Justicialista) solicita que el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el director general del Servicio Penitenciario y la directora de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia brinden detalles acerca del “atentado sufrido por la (fiscal de Homicidios) doctora Claudia Ríos y una empleada” en pleno desarrollo, ayer, de un juicio en el Polo Judicial.

En su proyecto, el legislador le pregunta a la autoridad de la cartera provincial “en qué consisten los protocolos para el traslado y la contención de los detenidos en el Polo Judicial Penal, qué fallos detecta en estos protocolos, si a estos fallos es acusable el atentado del día 13 de setiembre de 2023 en el Polo Judicial Penal y cómo considera que podrían mejorarse los protocolos actuales”.

Simultáneamente, al titular del Servicio Penitenciario le pide saber “en qué fallaron los protocolos para el manejo de los detenidos en este caso, qué responsabilidad le cabe al Servicio Penitenciario en este atentado y cómo considera que podrían mejorarse los protocolos actuales”.

Mientras, a la directora la indaga acerca de las “funciones que cumple la Dirección de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, qué responsabilidad penal les cabe a los involucrados en el atentado y cómo considera que podrían mejorarse los protocolos actuales”.

Fundamentos del pedido de informe

Entre los fundamentos del pedido de informe, el senador Moyano destaca que “es inaudito que en el que se debería presumir como uno de los complejos más seguros de la provincia haya sucedido un hecho de esta naturaleza”, además de resultar “incomprensible” que el arma blanca usada por el detenido “haya pasado todos los puntos de control que hay”.

También resalta que “esta situación da pie a acusaciones de negligencia criminal e incluso connivencia por parte del personal penitenciario y sus responsables”.

Y en ese contexto aclara: “Entendemos que es entonces necesario que esta cámara se haga responsable de su tarea de control político de la situación de seguridad de la provincia y, a falta de órganos más competentes, como la Comisión Bicameral de Seguridad, es que le solicito al cuerpo que me acompañe en la aprobación del presente pedido de informe”.

La Comisión Bicameral de Seguridad, “sin funcionar”

La referencia a la Comisión Bicameral de Seguridad se debe a que Moyano ya había denunciado públicamente días atrás que ese organismo constitucional de control –integrado por senadores y diputados de los distintos partidos con representación parlamentaria– “lleva seis meses directamente sin funcionar al no tener autoridad que convoque a sus reuniones como debería hacerlo habitualmente”.

En este sentido, el legislador justicialista también había sumado a su reclamo “la actitud del bloque de Cambia Mendoza de no brindarle apoyo al proyecto que presentó para que sea constituida sin más dilaciones la conducción de la Comisión Bicameral de Seguridad de Mendoza”, que por ende no resultó aprobado y permitió así que el funcionamiento de ese ámbito legislativo continúe frenado ya que no se reúne como debería hacerlo habitualmente ante el aumento de la inseguridad en Mendoza.