Por CAROLINA JACKY / Estas elecciones se vienen caracterizando por los culebrones que vienen desnudando la política de Mendoza.

Como nunca se había visto antes, la batalla electoral parece que se llevará adelante por los medios, por algunos “periodistas” y por si esto fuera poco, también por el Poder Judicial.

En todo este culebrón, en los llamados carpetazos, todo es llevado a la Justicia, y es así como vemos que muchos y muchas han perdido noción sobre derechos y garantías.

 La desinformación es moneda corriente por parte de algunos medios que comentan sobre temas legales demostrando su ignorancia sobre el derecho, o sino, estar recibiendo “pescado podrido”, como se le dice a las fake news.

Lo importante es que no perdamos la institucionalidad en la Provincia de Mendoza, algo que está en riesgo por culpa de quienes en los últimos años fueron politizando partidariamente las instituciones, entre ellas, el Poder Judicial.

Para consolidar un poder hegemónico fue importante controlar el Consejo de la Magistratura, donde se eligen los magistrados.

Con mayoría en este Consejo, donde también se intervino en las elecciones de autoridades del Colegio de Abogados, se garantizó una justicia amiga.

También era necesario tener mayoría en el Senado Provincial, con lo que se garantizó el nombramiento de funcionarios judiciales, como también colonizar el Jury de Enjuiciamiento, fundamental para remover o proteger magistrados.

Para esto último era necesario tener mayoría en la Suprema Corte Provincial, algo que también se logró.

Volviendo a los carpetazos públicos, también se debe saber que existen carpetazos secretos, los que condicionan voluntades y decisiones de opositores.

Quien niegue la existencia de esto, habría que preguntarse entonces, ¿porqué, siendo de conocimiento público el enriquecimiento injustificable de algunos, nada se hace al respecto?

Este método de hacer política ha quedado en descubierto.

En este descarnado momento que estamos viviendo no debemos confundirnos y tampoco ser engañados por declaraciones o artículos periodísticos parcializados o de ignorancia supina.

Hablan que en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hay fisuras, y quien eso dice no critica que sus miembros fueron nombrados por su participación política partidaria, en algunos casos con destacada militancia, pero de eso callamos.

Se nos vendió que buscarían una reforma que equilibraría las disputas internas, fue una mentira más. Quien se crea esto es un ignorante u obedece a algún mandato, ya que esa reforma pretendía tener un control total de la Corte, lo que solo fue morigerado por la oposición de algunos Senadores.

No hay dudas de que existe un culpable, y es quien buscó en todo momento tomar el control de todas las instituciones violentando los derechos y garantías de los ciudadanos. Una forma de convalidar normas inconstitucionales para disciplinar a la sociedad, afirmando una autocracia.

Existe también una confusión o una velada intencionalidad para sacar de la vista la responsabilidad de la mayoría automática de la Suprema Corte. Para ello le dan un valor al Ministerio Público que no es tal.

Atribuirle un poder supremo a los Fiscales o al Procurador demuestra ignorancia en la materia ya que en toda causa penal, aparte de la Fiscalía esta la Defensa y la Querella.

Toda decisión que tome un Fiscal puede ser revisada por un Juez, o sea, que en definitiva son los Jueces del Fuero Penal los que deciden, no los Fiscales, por más que sus superiores les den instrucciones, su trabajo esta controlado por defensores y querellantes. Eso es parte de la acción de litigar, pero quien nunca lo hizo no sabe como opera, pero sin dudas hay quienes los operan.

Meter en los carpetazos a los Fiscales, ponerlos como el pato de la boda, no solo es injusto, sino poco razonable. Sin dudas que cada Fiscal tiene su propio criterio y forma de trabajo, pero cuando toman una decisión que alguna de las partes no comparten, se recurre la decisión ante el Juez, y ahí terminó el poder del Fiscal, ese es su límite.

Más allá del caso “Las Heras”, donde parece que se olvidaron de trabajar con perspectiva de género y que tiene distintas aristas para investigar y para perseguir conductas ilícitas que se pueden haber usado o replicado en otros municipios, donde se espera que avancen las investigaciones. También la atención de la opinión pública, se concentró en el caso de “Cacho Garay”, otro que puede traer sorpresas y nuevos carpetazos.

Al respecto un medio local en nota periodística afirmó:

 “Apareció en escena la figura de “perspectiva de género”, algo más ligado con lo ideológico que con los jurídico”. Puede existir tamaña ignorancia para desinformar de esta manera.

Decir que la perspectiva de género está más ligado con lo ideológico es desconocer la ley, o ser un importante machirulo. La “perspectiva de género” es una categoría de análisis que debe estar presente, como mandato convencional y legal, a la hora de juzgar, en el mismo nivel (o complementariamente), que el principio de la sana crítica, así lo ha dicho la Suprema Corte Provincial en los autos N° 13-04138754-2 “TORRES CINTIA GISEL C/ PODER EJECUTIVO – PROV. DE MZA. – MINISTERIO DE SEGURIDAD P/ DAÑOS Y PERJUICIOS, SCJM, Sala I.”

La perspectiva de género es un mandato convencional, amén de legal y de orden público, no es una ideología.

La remoción del Fiscal Carniello lo decidió un Juez por el trabajo profesional de la querella. Todos conocemos la forma de trabajo de cada Fiscal de la Unidad Especializada en la materia. También conocemos los criterios misóginos de la Jueza, Dra. Alejandra Mauricio, con abundantes cuestionamientos por sus resoluciones. No extraña que una Fiscal como la Dra. Fernandez Poblete persiga las causas de violencia de género con un especial ahinco, es su característica, y dudo de que alguien pueda darle instrucciones y menos controlarla. Si un superior quisiera controlar la causa, algo que no es sencillo, lo que menos podría hacer es poner a cargo a la Dra. Fernandez Poblete, como tampoco al Dr. Daniel Carniello, cada uno con perfiles distintos para llevar causas en contexto de violencia de género, pero ninguno de los dos manejables por nadie.

No nos engañemos, la decisión final la tienen los jueces, o se la Corte y no los fiscales o el Procurador, algo que no tenemos que dejar de tener presente, y no olvidar que la Corte responde mayoritariamente a un sector político, ahí es donde todo termina.

Una demostración del nivel de desinformación que existe o de la influencia de la política partidaria electoral que corrompe todas las instituciones, las tenemos a diario, por aquellos que desinforman por ignorantes o…