El Ministerio Público provincial confirmó la grave crisis que atraviesa y la Coordinadora General aseguró que si no se nombran 38 Ayudantes Fiscales nuevos, habría que cerrar oficinas por falta de personal
El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza propuso, mediante un preocupante informe, el cierre de 24 oficinas fiscales en todo el territorio provincial por problemas en los nombramientos de nuevos ayudantes.
En el documento se ventiló la crisis de falta de personal y los reclamos de auxiliares y ayudantes fiscales, llamado de alerta que se viene haciendo visible desde hace un tiempo.
Incluso, se presentó un emplazamiento para que dejen de exigirles trabajar jornadas de 8 horas y que se respete el mínimo de 12 horas de descanso. Por ello es que los ayudantes fiscales vienen demandando que se les paguen las horas -extras- que les exigen en la modalidad de guardia pasiva y en la procuración -a cargo de Alejandro Gullé– reconocieron que para regularizar las jornadas laborales habría que cerrar 24 Oficinas Fiscales o nombrar 38 Ayudantes Fiscales nuevos.
Paralelamente, los auxiliares administrativos siguen renunciando por los magros salarios y las pésimas condiciones laborales y la paritaria se encamina a un nuevo fracaso.
En los pasillos del Poder Judicial de Mendoza ha vuelto a reflotar la indignación con los privilegios de los amigos y el desdén a los empleados de carrera. A pesar de que se avanzó con la eliminación de la figura de los «equiparados a magistrados», funcionarios que cobran como jueces sin ser jueces, en los hechos la situación no ha cambiado. La Secretaria de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Elizabeth Carbajal cobra 5,5 millones de pesos, más que el presidente de la Corte, Dalmiro Garay. Y no es la única.
Magistrados de carrera no ocultan su malestar con el salario de $4,6 millones que percibe el secretario de Gestión, Carlos Quiroga Nanclares, pero la indignación es aún mayor puertas adentro del Ministerio Público Fiscal. Por una simple razón: allí los sueldos son más bajos y las cargas laborales son mayores. Lentamente la tensión fue creciendo y se llegó al punto de que hoy el servicio de justicia pende de un hilo.
Así consta en el crudo informe que la coordinadora general del Ministerio Público, Andrea Chaves, le remitió al procurador Alejandro Gullé. En el mismo, reconoce la crisis de personal que afecta a las oficinas fiscales y admite que corregir las cargas horarias para adecuarlas al legítimo reclamo de ayudantes fiscales y auxiliares pone en riesgo el funcionamiento de las oficinas fiscales.
Los trabajadores exigen que las jornadas nocturnas «en ningún caso y bajo ninguna circunstancia» supere el máximo de siete horas o impida el descanso de 12 horas entre dos jornadas laborales. Solicitan que de modo cautelar se limiten las jornadas adecuándolas a lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo. Pero además, que se deje de computar la guardia pasiva como descanso y porque los Ayudantes Fiscales están a disposición en prestación de servicio aunque no concurran a su lugar de trabajo. Y se amparan en fallos de la Corte para justificar ese pedido.
Desde el Ministerio Público Fiscal admiten la veracidad de los planteos de los trabajadores y reconocen que existe una recarga horaria y un incumplimiento de fallos de la Corte respecto a las guardias pasivas. Pero a la hora de corregir la situación plantean dos posibilidades polémicas.
Por un lado, «solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la creación de por lo menos 38 cargos de Ayudante Fiscal». Esa opción implica un incremento en la partida presupuestaria y para ello debe antes ser autorizada por el Ejecutivo, algo que ha sido negado en otras oportunidades. «Cabe destacar que en lo que hace a la solicitud de nuevos cargos, estos han sido contemplados desde el año 2018 en todos los proyectos de presupuesto que este Ministerio Público Fiscal ha presentado, ante las autoridades correspondientes del Ejecutivo y Legislativo, sin lograr hasta la fecha que sean aprobados en una cantidad suficiente para paliar el desfasaje existente entre el déficit de recursos humanos en relación al notable incremento del trabajo que en los últimos tiempos se ha evidenciado», remarca Andrea Chaves en el escrito y adhiere que el 26 de junio del año pasado se elevó al Ministerio de Hacienda y Finanzas un informe pormenorizado de la problemática sin que haya respuesta.
Ante ese escenario, la otra salida que postula la coordinadora del Ministerio Público para hacer frente al reclamo de los trabajadores y regularizar las jornadas laborales es el cierre de Oficinas Fiscales. «No es posible con la planta de personal existente cumplir dichos criterios manteniendo a su vez la disponibilidad de atención en las Oficinas Fiscales y el servicio de justicia que allí se presta de igual forma en la que actualmente se brinda. Esto es así porque se requeriría el cierre de una gran cantidad de Oficinas Fiscales en todo el territorio provincial, a saber: nueve en la primera circunscripción judicial, nueve en la Segunda Circunscripción judicial, tres en la tercera circunscripción y tres en la cuarta circunscripción», enumera.
El cuadro es crítico y el Ejecutivo ha decidido tensar aún más la cuerda amenazando con no darles aumentos tras el rechazo de la propuesta oficial en paritarias. Mientras ayudantes fiscales siguen pidiendo licencias derivadas del «burnout» y otros colapsos derivados de las malas condiciones laborales, todos los meses renuncian auxiliares por los bajos salarios que perciben. Los auxiliares cobran alrededor de 300 mil pesos mientras que en el caso de los Ayudantes Fiscales la remuneración ronda el millón de pesos.
La conclusión de Andrea Chaves es categórica y le abre la puerta a un proceso de cambio que generará resistencia interna. «No es ajeno a esta Coordinación General que la solución a esta encrucijada y la implementación de estas medidas enfrentará diversos desafíos y resistencias dentro de la organización y fuera de ella. Sabido es que es natural resistirse al cambio por temor a lo desconocido, pero entendemos al cambio y la flexibilización de las estructuras como la única manera de brindar una respuesta eficiente y oportuna tanto al personal del Ministerio Público fiscal, como a la sociedad, y se encuentra trabajando activamente en proyectos de trabajo que mejoren sustancialmente las condiciones laborales de la Oficina Fiscal», concluyó en el informe que hace dos semanas le remitió al procurador Alejandro Gullé.
Régimen de las Oficinas Fiscales
Las Oficinas Fiscales operativas en las cuatro circunscripciones judiciales funcionan con tres turnos diarios (matutino, vespertino y nocturno) garantizando la prestación de servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo un número reducido de ellas limita su funcionamiento de lunes a viernes de 07.00 a 23.00.
La cantidad de horas y modalidad de cumplimiento de las jornadas de trabajo de quienes ejercen como ayudantes fiscales en esas dependencias judiciales se establece en 8 horas diarias como mínimo de forma activa, en turno matutino (7 hs a 15 hs) o vespertino (15hs a 23hs), durante cinco días a la semana y dos días de descanso.
Respecto a la modalidad de prestación de servicio en aquellas Oficinas Fiscales que operan durante la noche (23 hs a 7 hs), el o la ayudante fiscal de turno lo hace de forma de guardia pasiva, lo que significa que no es requisito que permanezcan físicamente en la oficina. Siguiendo la misma línea, en los días no hábiles (sábados, domingos y feriados) los y las Ayudantes Fiscales que se encuentran de turno, lo hacen mediante guardias pasivas durante las 24 horas del día.
