La directora de THADI, institución que atiende a personas con discapacidad en Mendoza, alertó que el arancel sigue fijo desde 2023 y hay un desfasaje del 75% frente a los costos
La situación de las instituciones que asisten a personas con discapacidad atraviesa una crisis sin precedentes. Con un arancel congelado desde diciembre de 2023 y sin certezas sobre su actualización, los centros que brindan servicios esenciales están recortando prestaciones y desvinculando personal para intentar sobrevivir.
En diálogo con Radio Jornada (91.9), la directora de THADI, Paola Pedroza, aseguró que el sector se encuentra “en estado crítico” y que más de 5.000 personas podrían quedarse sin atención en Mendoza. Convocó a movilizarse para respaldar el proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que será tratado en el Senado nacional.
THADI: una trayectoria de más de 60 años al servicio de la inclusión
THADI es una asociación civil sin fines de lucro que desde hace 62 años trabaja en Mendoza con personas con discapacidad. Actualmente, atiende a 360 personas en sus tres servicios: un hogar residencial, un centro de día para adultos y adultos mayores, y un centro educativo terapéutico para niños y jóvenes. El equipo está conformado por unos 170 colaboradores, entre profesionales de la salud, cuidadores y personal de apoyo.
“Muchas familias dependen de estas instituciones no solo por las terapias, sino también porque sus hijos comen ahí, tienen actividades, contención”, explicó Pedroza. Pero hoy, el funcionamiento está en riesgo: “La estructura es muy grande y no se puede sostener sin una actualización de los aranceles”.
Congelamiento de aranceles y ajuste sin respuestas del gobierno
El arancel que perciben las instituciones que atienden a personas con discapacidad, fijado por el Ministerio de Salud de la Nación, está congelado desde diciembre de 2023. Según Pedroza, en mayo de este año ya existía un desfasaje del 75% respecto a la inflación y los aumentos salariales. “El 90% de nuestra facturación se va en sueldos. El 10% restante tiene que alcanzar para comida, mantenimiento, transporte, insumos. Es imposible”, detalló.
Muchas entidades debieron tomar decisiones drásticas: recorte de personal, reducción de días de atención, pago del aguinaldo en cuotas. La directora de THADI indicó que hay instituciones que directamente han cerrado, y otras están al borde del colapso. “No sabemos qué va a pasar, no hay una hoja de ruta ni una fecha estimada de solución”, advirtió.
Una ley para evitar el derrumbe total del sistema
Ante la emergencia, el sector impulsa la aprobación de una ley nacional para declarar la emergencia en discapacidad. El proyecto, promovido por el diputado Daniel Arroyo, ya fue aprobado en Diputados y será tratado este jueves en el Senado. “Contempla no solo la actualización de aranceles, sino también la revisión de pensiones y normativas que el actual gobierno ni siquiera cumple”, dijo Pedroza.
En Mendoza, convocan a una concentración frente a la Legislatura para visibilizar la situación y pedir apoyo al proyecto. “Somos un colectivo pequeño, pero necesitamos hacer visible lo que está pasando. El impacto presupuestario es mínimo, pero el daño que se está causando es enorme”, concluyó.
