El cierre del ciclo lectivo 2025 dejó en evidencia una escalada de conflictos en las aulas mendocinas y derivó en la promulgación de la Ley 9682, que redefine el rol de las familias y establece responsabilidad directa de los padres por los actos de acoso cometidos por sus hijos.

La finalización del ciclo lectivo 2025 en Mendoza marcó un punto de inflexión en la política educativa y judicial de la provincia. En un contexto atravesado por el aumento del bullying, la violencia escolar y casos de extrema gravedad, el Boletín Oficial oficializó la Ley 9682, una normativa que establece que la responsabilidad por los actos de acoso ya no recaerá únicamente en las escuelas, sino también en los padres y adultos responsables de los estudiantes.

¿Por qué Mendoza decidió avanzar con una ley contra el bullying?

La sanción de la ley no fue un hecho aislado, sino la respuesta a un año escolar atravesado por episodios de violencia cada vez más frecuentes y graves. La percepción de inseguridad en las escuelas dejó de ser una preocupación abstracta y se transformó en hechos concretos que conmocionaron a la comunidad educativa y a la opinión pública.

Desde la Dirección General de Escuelas reconocen que la conflictividad en las aulas evidenció una crisis de autoridad, de vínculos y de convivencia, obligando al Estado a intervenir con herramientas legales más firmes.

¿Qué ocurrió en el caso del colegio de La Paz?

Uno de los hechos más alarmantes del año ocurrió en el departamento de La Paz, cuando una estudiante amenazó a su profesora con un arma de fuego dentro de una escuela. El episodio, que tuvo repercusión provincial y nacional, se convirtió en un símbolo del deterioro de la convivencia escolar y reforzó la urgencia de establecer nuevas responsabilidades.

A este caso se sumaron numerosos episodios de ciberacoso y agresiones físicas entre estudiantes, muchos de ellos no mediatizados para proteger la identidad de las víctimas.

¿Qué establece la Ley 9682 sobre la responsabilidad de los padres?

La nueva normativa fija un marco de responsabilidad civil y administrativa para los padres o tutores de menores que incurran en prácticas de bullying. La ley parte del principio de que el comportamiento del estudiante en la escuela refleja, en gran medida, la formación y la supervisión en el ámbito familiar.

Entre las sanciones previstas se incluyen reparaciones económicas por daños morales y materiales, así como la obligación de cumplir instancias de formación y concientización para los adultos responsables.

¿La ley busca castigar o prevenir la violencia escolar?

El objetivo central de la ley no es únicamente punitivo. Desde el Gobierno provincial se remarca que la intención es generar conciencia sobre el rol preventivo de la familia, dejando en claro que la escuela no puede ser el único espacio de contención.

Al incorporar estos casos al Código de Faltas provincial, el Estado mendocino envía un mensaje claro: la convivencia escolar es una responsabilidad compartida.

¿Qué rol cumple la prevención y la capacitación docente?

En paralelo al endurecimiento de las normas, el Ministerio de Educación, junto al IPAP y la DGE, avanzó en políticas de prevención mediante capacitaciones internacionales. En ese marco, la visita de la doctora Noemí García Sanjuán, especialista de la Universidad Internacional de La Rioja, aportó una mirada complementaria centrada en la mediación y la reconstrucción de los vínculos.

Durante encuentros realizados en la UNCuyo, la especialista destacó la importancia de intervenir de manera temprana y brindar herramientas concretas a los docentes para detectar situaciones de riesgo antes de que escalen a instancias judiciales.

¿Cómo se puede prevenir el bullying dentro del aula?

García Sanjuán subrayó la necesidad de fomentar conductas prosociales y empatía desde edades tempranas. Según explicó, uno de los principales problemas del ciberacoso es la falta de visualización del daño que sufre la víctima, lo que dificulta que el agresor tome conciencia del impacto de sus acciones.

Además, remarcó el valor de las prácticas restaurativas, espacios de diálogo donde se pueda verbalizar el daño y transformar el conflicto en una oportunidad de aprendizaje.

¿Por qué la familia y la escuela deben trabajar juntas?

En línea con el espíritu de la nueva ley, la especialista de la UNIR sostuvo que familia y escuela deben actuar como socios necesarios, rompiendo con la idea de que una solo cuida y la otra solo educa. Ambas instituciones deben cumplir ambos roles de manera simultánea para garantizar un desarrollo integral de los estudiantes.

¿Cuál es el desafío para el próximo ciclo lectivo en Mendoza?

Con el cierre del año escolar, Mendoza inicia un proceso de evaluación sobre cómo aplicar las sanciones previstas por la ley y, al mismo tiempo, cómo integrar la escucha activa, la mediación y la empatía en la vida cotidiana de las escuelas.

El desafío para 2026 será transformar estas herramientas legales y pedagógicas en una convivencia escolar más segura y sostenida en el tiempo, donde la prevención precoz se consolide como la clave para evitar consecuencias irreversibles.