La Policía Federal detectó una red de extorsión con base en Mendoza que era dirigida por un interno del penal de Almafuerte. El caso expone cómo delincuentes continúan operando desde prisión con tecnología y redes externas.

La inseguridad en Mendoza volvió a quedar en el centro de la escena tras un impactante suceso que revela una modalidad delictiva cada vez más extendida: organizaciones criminales que operan desde dentro de las cárceles, en este caso del Penal de Almafuerte. En ese sentido, la Policía Federal Argentina desarticuló una banda de estafas y extorsiones que tenía como cerebro a un interno del Complejo Penitenciario Almafuerte, desde donde coordinaba maniobras que afectaban a víctimas en otras provincias.

La investigación, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, dejó al descubierto un entramado que conectaba a Mendoza con Chubut y que utilizaba herramientas digitales, manipulación psicológica y una red de colaboradores externos para concretar los delitos.

¿Cómo operaba la banda desde el penal de Almafuerte?

El caso se inició en noviembre de 2025, cuando un vecino de Lago Puelo, en Chubut, fue contactado a través de perfiles falsos en redes sociales. Lo que comenzó como una interacción aparentemente casual derivó rápidamente en una maniobra de extorsión.

Los delincuentes desplegaron una estrategia de presión psicológica: simularon ser familiares de una menor de edad y acusaron a la víctima de haber cometido un delito grave. Para reforzar la amenaza, enviaron documentación falsa, incluyendo un acta de defunción apócrifa, asegurando que la joven se había quitado la vida.

Bajo este escenario de भय y confusión, lograron que la víctima transfiriera cerca de 2 millones de pesos. Todo el esquema era monitoreado y dirigido por el interno alojado en Almafuerte, quien coordinaba los pasos desde su celda.

Este tipo de operatoria evidencia una problemática creciente: el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, que permite a los detenidos continuar delinquiendo con relativa facilidad.

¿Cómo seguía la ruta del dinero hasta Mendoza?

El avance de la investigación estuvo marcado por el seguimiento de las transferencias. La División Unidad Operativa Esquel de la Policía Federal logró rastrear los movimientos bancarios, que conducían directamente a Mendoza.

Los fondos terminaban en cuentas vinculadas a personas cercanas al interno, quienes cumplían un rol clave como intermediarios financieros y logísticos. Esta estructura externa permitía sostener la operatoria delictiva fuera del penal.

Con estas pruebas, la Justicia de Chubut ordenó allanamientos en territorio mendocino para desarticular la red.

¿Dónde se realizaron los allanamientos y qué se secuestró?

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos puntos estratégicos. El primero se concretó dentro del propio Complejo Penitenciario Almafuerte, donde se requisó la celda del presunto líder de la banda.

El segundo operativo tuvo lugar en una vivienda del Barrio La Gloria, en Godoy Cruz, donde residían dos de los colaboradores encargados de facilitar la logística y el manejo del dinero.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron ocho teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y documentación relevante para la causa. Estos elementos son clave para profundizar la investigación y determinar el alcance total de la organización.

¿Qué revela este caso sobre la inseguridad en Mendoza?

Este suceso expone una de las principales preocupaciones en materia de seguridad: la capacidad de los delincuentes para seguir operando incluso estando privados de libertad.

El funcionamiento de redes criminales desde cárceles como el Complejo Penitenciario Almafuerte plantea interrogantes sobre los controles internos, el ingreso de dispositivos electrónicos y la articulación con estructuras externas.

Además, deja en evidencia que las estafas virtuales y las extorsiones han evolucionado hacia esquemas más sofisticados, donde se combinan tecnología, manipulación emocional y logística financiera.

¿Cómo avanza la causa judicial?

Los sospechosos, todos mayores de edad, quedaron formalmente notificados en una causa por extorsión que se tramita en el Juzgado Penal de Lago Puelo.

La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan surgir más implicados, ya que este tipo de organizaciones suele operar con múltiples ramificaciones.

Mientras tanto, el caso refuerza el debate sobre la seguridad en Mendoza y la necesidad de reforzar los controles en los establecimientos penitenciarios para evitar que se conviertan en centros de operaciones delictivas.