El exjuez Alejandro Pérez Hualde y el abogado Alejandro Poquet advirtieron sobre una presunta cooptación del Ejecutivo provincial en la Justicia y los órganos de control, y señalaron un escenario crítico para la división de poderes.
En medio de crecientes cuestionamientos a la institucionalidad en Mendoza, dos reconocidos juristas encendieron señales de alerta sobre el presente político y judicial de la provincia. Se trata del exintegrante de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, y del abogado Alejandro Poquet, quienes coincidieron en advertir sobre un escenario de debilitamiento de los controles y concentración de poder en el Ejecutivo.
Ambos especialistas plantearon que la institucionalidad mendocina atraviesa un momento crítico, con organismos que, según sus diagnósticos, han perdido autonomía frente a la influencia política.
¿Qué advirtió Alejandro Pérez Hualde sobre la institucionalidad en Mendoza?
El exjuez de la Suprema Corte provincial fue contundente al describir la situación actual. Según sostuvo, existe un avance preocupante del poder político sobre los organismos de control, lo que debilita el funcionamiento republicano.
Pérez Hualde cuestionó que, pese a que Mendoza cuenta con múltiples herramientas institucionales diseñadas para garantizar el control del poder, estas no se estarían aplicando de manera efectiva. En ese sentido, alertó sobre una “ocupación” de los espacios institucionales por parte de sectores alineados con el oficialismo.
“Estamos en un momento crítico para la institucionalidad mendocina”, sostuvo el jurista, quien además remarcó que la designación de funcionarios con afinidad política en cargos clave erosiona la independencia de los organismos.
¿Cómo impacta la designación de funcionarios en los órganos de control?
Uno de los puntos centrales del análisis de Pérez Hualde tiene que ver con el mecanismo de designación de autoridades en instituciones clave. Según explicó, cuando los cargos se otorgan como reconocimiento a la militancia o a la lealtad política, se genera una estructura que responde más a intereses partidarios que al control del poder.
En este contexto, mencionó que la Suprema Corte de Mendoza es presidida por Dalmiro Garay, quien fue ministro durante la gestión de Alfredo Cornejo. Además, el Tribunal de Cuentas está encabezado por Néstor Parés, también vinculado al oficialismo.
A esto se suma la designación de Gabriel Balsells Miró como auditor de Ética Pública e Investigaciones Administrativas, otro cargo estratégico dentro del esquema de control institucional.
¿Qué rol cumple el poder político en la debilidad de los controles?
Pérez Hualde planteó que existe una lógica inherente al poder político que tiende a evitar o debilitar los mecanismos de control. Citando al jurista Alberto Antonio Spota, recordó que “el poder siempre quiere más poder y por más tiempo”.
En esa línea, explicó que los controles suelen ser percibidos como obstáculos que limitan la capacidad de acción del gobierno. Por eso, según su visión, se busca neutralizarlos o subordinarlos.
Esta dinámica no sería exclusiva de Mendoza, aunque advirtió que en la provincia se estaría manifestando con particular intensidad.
¿Qué denunció Alejandro Poquet sobre el Colegio de Abogados?
Por su parte, el abogado Alejandro Poquet sumó otra dimensión al debate al cuestionar el rol del Colegio de Abogados de Mendoza. En el marco de su candidatura por Alternativa Profesional Autónoma, afirmó que la institución habría perdido independencia frente al Poder Ejecutivo.
Según Poquet, el Colegio estaría “cooptado” por el oficialismo, funcionando como un espacio de proyección para cargos judiciales. En ese sentido, señaló que muchas de sus autoridades han tenido vínculos con el Poder Judicial y luego accedieron a puestos dentro de ese ámbito.
¿Por qué el control del Colegio de Abogados es clave?
El abogado explicó que el interés del Ejecutivo en el Colegio de Abogados radica en su influencia sobre el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección y designación de jueces.
De acuerdo con su planteo, controlar este ámbito permitiría incidir directamente en la conformación del Poder Judicial, lo que pondría en riesgo la independencia de los magistrados.
“En la realidad concreta no hay división de poderes”, afirmó Poquet, quien además acusó a la institución de no ejercer un rol crítico frente al gobierno y de actuar como un actor complaciente.
¿Existe una contradicción entre el discurso y la realidad institucional?
A nivel nacional, Mendoza suele ser presentada como un “faro de institucionalidad”. Sin embargo, las voces críticas advierten que puertas adentro la situación sería muy distinta.
Tanto Pérez Hualde como Poquet coincidieron en señalar que existe una brecha entre el discurso oficial y la realidad institucional, marcada por una creciente concentración de poder y una pérdida de independencia de los organismos de control.
¿Qué panorama se abre para la institucionalidad mendocina?
El diagnóstico planteado por ambos juristas deja abierto un interrogante central: cómo evolucionará la calidad institucional en Mendoza en los próximos años.
Las advertencias sobre la cooptación de organismos, la debilidad de los controles y la falta de división de poderes configuran un escenario de preocupación creciente.
En este contexto, el debate sobre la institucionalidad se instala como uno de los ejes clave de la agenda política provincial, con implicancias directas en la transparencia, la justicia y el equilibrio democrático.
