La abogada Carolina Jacky cuestionó los escándalos que rodean a Manuel Adorni y aseguró que en Mendoza el Gobierno de Alfredo Cornejo busca frenar la autonomía municipal para no perder control político y económico.
Las declaraciones públicas –en redes sociales– de la abogada mendocina Carolina Jacky durante la celebración de las Pascuas 2026 sacuden tanto el escenario nacional, por el caso Manuel Adorni, como el provincial, por la discutida autonomía municipal de San Rafael que quiere controlar Alfredo Cornejo.
Con un tono crítico, apuntó contra los escándalos que involucran a Manuel Adorni y su impacto en el gobierno de Javier Milei, pero también puso el foco en Mendoza, donde denunció que la resistencia a la autonomía municipal responde a una disputa por el control de recursos y poder político, en medio de tensiones con la gestión de Alfredo Cornejo.
¿Qué análisis hace sobre los escándalos de corrupción a nivel nacional?
— Lo que estamos viendo hoy genera mucha preocupación, dolor e incluso sensación de engaño en parte de la sociedad. Hay quienes creyeron que ciertas prácticas se iban a terminar y claramente no ha sucedido.
— El caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es muy delicado. Está en una situación compleja, con cuestionamientos sobre su conducta, y eso impacta directamente en el Gobierno. Cuando se defiende a alguien sobre quien pesan dudas de honestidad, eso inevitablemente afecta la credibilidad de la gestión.
— Más allá de la presunción de inocencia, hay una cuestión de coherencia política: a otros dirigentes se los ha condenado públicamente antes de que la Justicia se expida. Entonces, esto también pesa y golpea fuerte.
¿Cree que estos casos afectan directamente al Gobierno nacional?
— Sí, sin dudas. No es solo el caso de Adorni. También hay otros temas que salpican al entorno presidencial, como situaciones que involucran al propio Presidente y a su hermana.
— Todo esto genera un desgaste importante. Si la promesa era terminar con ciertas prácticas, estos episodios generan una contradicción muy fuerte con ese discurso. Y eso, en términos políticos, tiene consecuencias.
¿Qué está pasando en Mendoza con la autonomía municipal?
— En Mendoza se está dando una discusión clave que tiene que ver con la autonomía municipal. La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, reconoce claramente esta autonomía. Sin embargo, hay provincias —como Mendoza— que han demorado su implementación.
— Hoy vemos que cuando un municipio, como San Rafael, intenta avanzar en ese sentido, aparecen resistencias desde el poder central. Y eso tiene que ver, en gran medida, con una lógica de control.
¿Por qué afirma que hay resistencia del Gobierno provincial?
— Porque la autonomía implica ceder poder. Y cuando se cede poder, también se pierden recursos y capacidad de decisión.
— El caso de Omar Félix es claro: avanzar hacia una Carta Orgánica municipal propia significa que el municipio pueda tomar decisiones más amplias, incluso en áreas sensibles como la salud.
— Por ejemplo, podría administrar directamente un hospital. Y eso implica que el poder central pierde injerencia. Esa es la raíz del conflicto.
Usted menciona que hay intereses económicos detrás de esta discusión. ¿A qué se refiere?
— A que hay “cajas” en juego. No solo en salud, sino también en educación, seguridad y obra pública.
— Cuando un municipio gana autonomía, puede decidir cómo gestionar sus recursos, a quién contratar y cómo organizar sus servicios. Eso rompe esquemas que vienen funcionando hace años, donde determinadas decisiones se concentran en el poder central.
— Entonces, la resistencia no es solo política o ideológica, también tiene un componente económico muy fuerte.
¿Cómo influye esto en la calidad institucional?
— Influye directamente. Porque cuando el poder se concentra, se debilitan los controles.
— Hay juristas que ya lo han señalado: para sostener ese esquema también se busca incidir en la Justicia y en organismos clave. Por ejemplo, el rol del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura es fundamental, porque de ahí surgen jueces y fiscales.
— Si esos espacios no son independientes, la división de poderes se vuelve más frágil.
¿Existe hoy división de poderes en Mendoza?
— En la práctica, está muy debilitada. Cuando el Poder Ejecutivo logra influir sobre otros poderes, el sistema pierde equilibrio.
— Esto no es un problema menor: impacta directamente en la vida de las personas, en la calidad de la justicia, en la transparencia y en la confianza institucional.
¿Qué escenario ve hacia adelante?
— Creo que hay un creciente malestar social. La gente empieza a percibir estas situaciones y a cuestionarlas.
— En algún momento todo esto va a salir más a la luz. Los tiempos se están acortando. Pero mientras tanto, es importante dar estos debates y entender qué está en juego.
— La autonomía municipal, la independencia de la Justicia y la transparencia no son temas técnicos: son cuestiones centrales para la calidad democrática.
Cierre:
La mirada de Carolina Jacky pone el foco en dos ejes clave: la coherencia política a nivel nacional y la disputa por el poder real en Mendoza. Entre denuncias de corrupción, tensiones institucionales y debates sobre autonomía, el escenario refleja un clima político atravesado por conflictos que, según advierte, recién comienzan a emerger.
