El gobierno de Mendoza invertirá más de 4 mil millones de pesos en un sistema de rastreo continuo para supervisar a presos con pulseras y tobilleras electrónicas. La licitación prevé monitorear hasta 300 dispositivos mensuales, garantizando la seguridad durante los próximos dos años.
El gobernador Alfredo Cornejo autorizó al Ministerio de Seguridad de Mendoza, liderado por Mercedes Rus, a llevar adelante esta ambiciosa licitación pública. El proyecto busca mejorar el control de los reclusos fuera de prisión con tecnología avanzada, destinando un total de $4.084.218.600 para garantizar la operación las 24 horas del día. Las propuestas se recibirán hasta el 26 de septiembre, y las empresas oferentes deberán cumplir con rigurosos requisitos técnicos y financieros.
Este revolucionario sistema, que comenzará a ser licitado a fines de septiembre, busca rastrear entre 50 y 300 dispositivos mensualmente, asegurando un control riguroso y continuo durante los próximos dos años.
El Servicio Penitenciario, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad encabezado por Mercedes Rus, publicó el llamado a licitación la semana pasada. Las empresas interesadas tendrán hasta el 26 de septiembre para presentar sus propuestas, tanto técnicas como económicas, que serán analizadas en conjunto por la Comisión de Predjudicación. Se trata de una medida destinada a modernizar el sistema penitenciario y reforzar la vigilancia de aquellos reclusos bajo arresto domiciliario o con restricciones de movimiento.
Una inversión de altas dimensiones
El monto total asignado a este proyecto asciende a $4.084.218.600, lo que equivale a unos 4.292.400 dólares, calculados al tipo de cambio oficial de $951,50, según el Banco Nación al 31 de julio. Este presupuesto cubre un sistema de rastreo ininterrumpido durante las 24 horas del día, con la capacidad de gestionar hasta 300 dispositivos de monitoreo mensuales. Se espera que para el año 2024 se destinen específicamente $134.275.680 para su implementación.
Además, las empresas oferentes deberán presentar una garantía de oferta equivalente al 1% del total de su propuesta económica, respaldada mediante un pagaré.
