Una ley promulgada por Alberto Fernández exime de responsabilidad al laboratorio Astra Zéneca por la vacuna que perjudicó la salud del jubilado demandante de Mendoza.
Una ley que se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández beneficia a los laboratorios e impide a un jubilado de Mendoza para accionar contra el laboratorio Astra Zéneca y el Estado nacional por las graves secuelas sufridas por la colocación de la vacuna de esa empresa contra el COVID-19.
Se trata de de un jubilado mendocino que reclama la suma de $152 millones por: Daño físico y moral; Gastos médicos (daño emergente); Incapacidad permanente; Pérdida de oportunidades laborales y recreativas y Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca.
La ley 27.573 habilia al Estado a realizar contratos confidenciales y exime a los fabricantes de vacuna de asumir responsabilidades legales por los efectos secundarios, de esa forma impide a los damnificados realizar acciones directas y en cambio acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados pero nunca responde a los pedidos.
Según la demanda las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. Sin ningún tipo de protección oficial el damnificado pudo costerarse el gasto de losexámenes y peritajes.
