El proyecto para crear un plan de compra de contribuciones fue votado por el Senado a fines de junio del año pasado y hoy será considerado en el recinto de Diputados en busca de la sanción de Ley Nacional
La República Argentina se acerca a tener un nuevo sistema previsional y apuntado a quienes no tienen los aportes necesarios para obtener la jubilación una vez que cumplan con la edad que así establece la ley: 60 para las mujeres y 65 para los hombres.
La iniciativa justicialista buscará que se convierta en Ley Nacional la propuesta por la que ahora quienes no tengan los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino podrán comprar en cómodas cuotas aporte según lo que califican como un plan de pago de deuda previsional.
De obtener luz verde en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina unas 720 mil personas podrían llegar a acceder a cobrar jubilaciones en los próximos dos años a través del plan que no cuenta con el apoyo de Juntos por el Cambio. Sin embargo, hoy martes, antes de las 11, el oficialismo obtuvo quórum necesario para tratar la polémica norma.
La propuesta, una de las que estuvo incluida en el temario de la sesión de hoy por la mañana en Diputados, fue votada por el Senado el 30 de junio pasado y luego durmió una larga siesta en la cámara baja durante seis meses, hasta que se intentó llevarlo al recinto el 21 de diciembre. Pero ese día no hubo sesión por falta de quórum.
Hasta el último día de 2022 rigió la moratoria de la ley 26.970,que les permitía a las mujeres de 60 a 64 años declarar deudas por aportes de períodos previos a 2004. En tanto, sigue en pie otra moratoria, la de la ley 24.476, que es para mujeres y varones, pero que tiene un alcance muy limitado, porque permite declarar deudas por aportes no hechos en períodos previos a octubre de 1993. Hoy por hoy, las mujeres que cumplen 60 años podrían entrar a ese plan por 12 años y 8 meses de contribuciones faltantes, y los varones, por 17 años y 8 meses.
Para el primer grupo (el de quienes tengan la edad jubilatoria o la cumplan en los próximos dos años) se crearía la “Unidad de pago de deuda previsional”, que valdría, cada una, un mes de aporte. Con la adquisición se generaría una deuda con el Estado, que se cancelaría mediante descuentos en los haberes, en hasta 120 meses. Podrían declararse aportes por períodos previos al inicio de 2009.
Una condición es que, en el momento del período más antiguo que se declara como adeudado, se debe haber tenido al menos 18 años. Por eso, si el sistema rige desde marzo de este año las mujeres podrían comprar hasta 27 años y 10 meses de aportes y los varones podrían acceder a los 30 años exigidos por ley. El régimen también admitiría que, con la compra de aportes, los derechohabientes de un fallecido –que haya estado registrado– puedan cobrar una pensión.
También se crearía la llamada “Unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, que podría ser adquirida por personas a las que les falten hasta 10 años para a la edad jubilatoria. Cada unidad valdría un mes de contribución y podrían comprarse solo períodos “anteriores al 31 de marzo de 2012″, según el proyecto, siempre que el solicitante no haya estado trabajando de manera registrada –ni como dependiente, ni como autónomo ni como monotributista– en los meses declarados.
Cada mes de aporte, en ambos planes, tendría un precio equivalente al 29% de la remuneración mínima que rige para calcular los descuentos de la seguridad social. Esa referencia se actualiza cada tres meses según el índice de movilidad (por tanto, el precio también variaría con frecuencia trimestral). En marzo, el valor de cada unidad sería de $5729,97. Si se necesitaran 20 años, la deuda tendría un valor inicial, actualizable, de $1.375.192,80. Y si se pagara en 120 cuotas, la primera sería de $11.459,94.
En el proyecto se indica que quienes adhieran al plan deben haber residido en el país en los períodos por los que declaran deuda. También se prevé la incompatibilidad de los beneficios otorgados vía el plan con “el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza”, con la excepción del cobro de un único beneficio, si es contributivo y no mayor al haber mínimo. De todas maneras, se podría renunciar al cobro de otra mensualidad para acceder al programa.
Para quienes están en edad activa, además de los requisitos relacionados con los períodos declarados (residencia en el país y no haber trabajado de manera registrada), se establecería la exigencia de acreditar que se tienen ingresos para pagar la obligación tomada.
Por otra parte, el texto le delega a la Anses la facultad de fijar los parámetros para acceder al plan de cancelación de deuda, sobre la base de “evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas objetivas”. Esa condición rigió y rige también para el ingreso a las moratorias.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, en el primer año de la eventual vigencia del régimen podrían recibir su jubilación, haciendo uso de la modalidad, unas 494.242 personas (casi el 80%, mujeres). En cuanto a la población masculina, la hipótesis es que dejarían de solicitar la PUAM e irían al nuevo plan (las mujeres también pueden acceder a la PUAM, pero con una espera de cinco años más respecto de la edad de jubilación, es decir, a los 65 años). En el segundo año se agregarían a la jubilación por la vía propuesta, según la estimación del citado centro de estudios, otras 225.409 personas.
Los datos son, claramente, luces de alerta respecto de la necesidad de revisar las exigencias de la ley jubilatoria y, a la vez, de generar un debate sobre cómo solucionar las deficiencias del mercado laboral. Las moratorias y el proyecto actual son respuestas solo temporales, que provocan inequidades, a problemas fuertemente enraizados.
