La iniciativa con foco en la exploración de sulfuro de cobre, genera inquietud en La Pampa, desde donde se planteó formalmente sus dudas en el seno de COIRCO y advirtió que no deben afectarse los ríos

El Senado de Mendoza aprobó en la sesión de este martes el polémico proyecto minero Cerro Amarillo en Malargüe que generó la inquietud del gobierno de la provincia de La Pampa, que también se viene oponiendo a la mega obra energética de Portezuelo del Viento.

La sanción se produjo gracias a que obtuvo 29 votos afirmativos. Hubo en cambio, 4 votos negativos y 5 abstenciones. El peronismo dio “libertad de acción” para votar a favor o en contra.

La iniciativa ahora pasó a la Cámara de Diputados para su revisión.

Las comisiones conjuntas de Ambiente y de Hidrocarburos y Minería, habían dado despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo la semana pasada. Lo que se aprobó fue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la exploración minera, que data desde 2014.

Cerro Amarillo realizará la exploración de cuatro áreas de cateo y una mina ubicada en Malargüe. Será la perforación de nueve pozos exploratorios de no más de 400 metros de profundidad, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento.

El mineral presente en el yacimiento es sulfuro de cobre, con presencia de otros elementos que, de acuerdo a las técnicas industriales aplicadas de concentrado, se deben extraer mediante flotación.

Después de un análisis “pausado” en comisiones conjuntas de Ambiente e Hidrocarburos y Minería, la semana pasada el proyecto de exploración minera Cerro Amarillo logró el despacho para pasar al recinto. Firmó solamente el oficialismo y el peronismo se abstuvo de acompañar.

Este proyecto de ley contempla la exploración del yacimiento para evaluar sus características geofísicas y el potencial geológico con el objetivo de determinar si en el mismo podría desarrollarse un proyecto minero dentro de la legislación vigente.

“El proyecto, previo a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ha cumplido con todos los pasos previstos en la Ley Nº 5961 y su Decreto Reglamentario Nº 820/06. Además, se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639 para la preservación de los Glaciares y Ley Nº 6045 de Áreas Naturales Protegidas”, destacaron en la Cámara Alta de Mendoza.

“El proyecto cumple con lo establecido por la Ley Nº 7722 ya que utiliza el sistema de perforación de Diamantina sin el uso de sustancias prohibidas por dicha ley y cuenta el mismo con sectorial del Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Malargüe”, aseguraron además los legisladores que apoyaron con su voto.

Inquietud en La Pampa

A mediados del mes de diciembre del año pasado se realizó una reunión del Comité Ejecutivo de COIRCO, de manera virtual, con la totalidad de las provincias que lo integran.

La Pampa estuvo representada por el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; el delegado ante COIRCO, Juan Greco; la asesora letrada, Luisina Grandón, y Angel Otiñano, por parte de Fiscalía de Estado.

Dentro de los temas relevantes que los representantes pampeanos solicitaron información, la provincia de Mendoza no presentó ningún informe acerca del proyecto Cerro Amarillo.

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, afirmó: “En tanto y en cuanto afecten al río decimos que no aceptaremos la afectación de la calidad del agua” al ser consultado sobre los proyectos mineros “Hierro Indio” y “Cerro Amarillo” en la provincia de Mendoza.

Ambas iniciativas están en jurisdicción de la ciudad de Malargüe. “Hierro Indio”, dedicado a la extracción de hierro. El otro es “Cerro Amarillo” una mina de cobre que estuvo en etapa exploratoria.

“El rechazo lo hemos planteado varias veces de diciembre de 2017 hasta ahora en el marco de la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior)”, destacó Lastiri.

Rechazos en Mendoza

En 2019, el Gobierno mendocino intentó modificar la ley 7722, pero tuvo que dar marcha atrás por las fuertes movilizaciones y el rechazo popular generalizado por los daños ambientales que provoca la explotación minera.

Desde las propias Asambleas Mendocinas por el Agua Pura advirtieron que la iniciativa “viola legislaciones ambientales vigentes”.

“En la provincia de Mendoza, el Departamento General de Irrigación presentó el informe de Pronóstico de Caudales 2022/2023 anticipando ‘sequía severa o extrema en los ríos mendocinos’, cuyo caudal estará entre el 40% y el 58% del de un año normal. Sin embargo, la irracionalidad de algunos funcionarios del Gobierno provincial insiste en promover la megaminería hidrotóxica, que podría profundizar la crisis hídrica, afectar la sustentabilidad de la agricultura y provocar un ecocidio de los oasis mendocinos”, señalaron en un informe.

“En la zona donde se ubica la concesión minera de Cerro Amarillo, se encuentran los ríos y arroyos que nutren hidrológicamente importantes cuencas hídricas, principalmente la Cuenca del Río Grande, el mayor afluente de la Cuenca del Río Colorado”, señalaron.

También en el área del yacimiento se encuentra las nacientes del Arroyo del Deshecho que alimenta el Río Salado, principal afluente de la Cuenca del Río Atuel, según apuntaron.

“Estas cuencas son importantes proveedoras hídricas de las Provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires y podrían ser afectadas por la contaminación del agua, la disminución crítica del caudal hídrico e impactos ambientales irreversibles si se llevara a cabo el proyecto megaminero hidrotóxico ‘Cerro Amarillo'”, insistieron.

Además, describieron que la iniciativa violaría las siguientes leyes ambientales vigentes: Ley Nacional de Glaciares, Ley Nacional N°25675, Ley Nacional N°25688 (Régimen de Gestión Ambiental De Aguas), Ley Provincial N°7722/07, Decreto Provincial N° 820/2006 – Art.23 (declaración de impacto ambiental del proyecto en cuestión, que debería ser actualizada) y el Acuerdo de Escazú al que Argentina adhiere.

El proyecto de Cerro Amarillo “ha sido presentado por el Ejecutivo provincial en la Legislatura de Mendoza para el tratamiento y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental sin respetar el derecho a la consulta, el consentimiento previo, libre e informado por parte del pueblo mendocino, acceso a la justicia en asuntos ambientales como lo establece el Acuerdo de Escazú”, detallaron.