Luego de la discusión legislativa que finalizó con la sanción de la ley, el proyecto minero Cerro Amarillo ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental. La publicación era la condición que faltaba para poner en marcha la exploración de cobre en el sur de Mendoza
Este jueves el Gobierno de Mendoza promulgó la ley 9455 que le da luz verde a la gestión de Rodolfo Suarez para avanzar con Cerro Amarillo. La normativa había sido aprobada a principio de mes en la Legislatura.
En concreto, a través de esta oficialización se ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para poder avanzar con la exploración de cobre en el yacimiento ubicado en Malargüe.
“Ratifíquese la Resolución Conjunta Nº 031 de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Nº 412 de la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 29 de Agosto de 2014, la que como Anexo integra la presente Ley, que otorga la Declaración de Impacto Ambiental al Proyecto “CERRO AMARILLO”, categorizado conforme al Decreto Nº 820/06 como Etapa de Exploración, ubicado en el Departamento de Malargüe, cuya titularidad ostentan los Sres. Jorge Bengochea y Lidia Espizúa”, señala la ley promulgada.
A partir de esta promulgación, la administración local tiene el camino allanado para poder determinar el volumen y la calidad del mineral.
El proyecto prevé trabajar en el marco de la ley 7722, con un sistema que no afectará cursos de agua ni glaciares, según aclararon desde el Ejecutivo. Utilizará el sistema de perforación de diamantina.
Por otra parte, según el Inventario Nacional de Glaciares publicado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), no existe factibilidad de afectación a los glaciares relevados en la zona.
“Se trata de un proyecto absolutamente compatible con las restricciones legales que tenemos en la provincia de Mendoza. La exploración está destinada a determinar el volumen y la calidad del mineral que se encuentra. Con estos resultados se corre a un proceso de prefactibilidad, en el cual se puede determinar el tamaño de la mina y, con este dato, el volumen de la inversión. Por los análisis hechos y por sus antecedentes geológicos –composición, origen, antigüedad–, se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, o sea que no usa ni usará para la explotación ninguna de las sustancias prohibidas”, explicaba en noviembre del año pasado el asesor de la Subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, cuando el proyecto ingresó a la Legislatura.
“La explotación eventual de este proyecto se realizaría mediante flotación, proceso en el que no se utiliza ni ácido sulfúrico ni cianuro, por lo cual es una buena oportunidad para avanzar en trabajos mineros dentro del marco legal”, agregó.
Las expectativas en el Gobierno con Cerro Amarillo son altas: de comprobarse la existencia de mineral y factibilidad del proyecto, podría desembocar en una inversión para su construcción de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la explotación.
