A través de un moderno relevamiento masivo de captura de datos en la zona rural de la provincia de Mendoza, se detectaron más de 10.000.000 m2 de superficie cubiertas sin declarar y 16.000.000 de m2 de reservorios de agua, entre otras irregularidades

Los recientes aumentos impositivos establecidos a diversas propiedades rurales de Mendoza fueron defendidos por el ministro de Hacienda y Finanzas local, Víctor Fayad, quien explicó que “los que sufrieron los aumentos tenían propiedades no declaradas“.

El argumento del funcionario mendocino fue dirigido hacia las críticas que sonaron, principalmente desde el justicialismo, apenas impactados en el sistema tributario inmobiliario los incrementos luego de que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) realizara, durante 2022, la actualización del parcelario rural mediante vuelos fotogramétricos sobre todos los oasis de la provincia.

La iniciativa contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluyó un relevamiento masivo de datos catastrales rurales, actualización cartográfica y controles sobre cantidad de metros declarados, detección de espejos de agua, detección de diferentes cultivos y espacios de riego.

“Se hizo un relevamiento sobre 96.000 parcelas rurales, de las cuales 25.000 presentaron irregularidades“, recordó Fayad. Y añadió: “Desde la firma del Consenso Fiscal de 2017 comenzó a buscarse pasar de impuestos distorsivos a no distorsivos y eso fue lo que hicimos en Mendoza, bajando Ingresos Brutos y Sellos y centrándonos en el Inmobiliario”.

“La experiencia y la academia son las que indican esa tendencia, a la que todas las provincias suscribieron e incluso la Legislatura provincial aprobó. Que más gente pague los impuestos que debe, atacando la mora por ejemplo; y que lo que pague sea lo que corresponda. Un relevamiento y actualización de datos como ésta no se hizo nunca en la historia”, apuntó.

La dinámica del crecimiento urbano y rural en la provincia de Mendoza en la última década modificó considerablemente el valor de las propiedades, el cual, por falta de actualización acorde, no se había visto reflejado en la base imponible del Impuesto Inmobiliario en más de 112.000 parcelas rurales y secanas de la provincia.

“Esta situación nos llevó a la necesidad de pensar en métodos masivos de actualización atento el constante desarrollo y modificaciones sobre inmuebles que se producen sin declarar. Se eligió la zona rural para comenzar con esta tarea, que abarca un total de 96.590 parcelas. Los datos relevados refieren a construcciones no declaradas, identificación de espejos de agua, espacios de cultivos y zonas con derecho de riego”, consideró Jimena Luzuriaga, directora general de Catastro.