La salida definitiva de YPF de áreas convencionales reaviva el debate por el rol del Estado en la industria petrolera mendocina. El sindicato celebra el cambio de rumbo, aunque lamenta la tardanza.

La reciente confirmación del retiro definitivo de YPF de las áreas convencionales en Mendoza y la posterior reacción del Gobierno Provincial -que afirmó que esta vez “no seremos tan ingenuos” en la transferencia de concesiones- representa un giro en la política energética local. Pero también, para el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo, una validación a sus advertencias sostenidas durante meses.

Desde la organización sindical venían alertando sobre la falta de controles en las primeras etapas del llamado Plan Andes, cuando áreas maduras fueron transferidas a operadoras privadas sin una adecuada fiscalización estatal. Según su evaluación, aquello derivó en consecuencias negativas como riesgo de despidos, abandono ambiental y escasa inversión productiva.

“El petróleo es un recurso estratégico de Mendoza y el Estado Provincial debía garantizar la continuidad laboral y la sostenibilidad ambiental en estas concesiones. Ahora, el Gobierno parece tomar cartas en el asunto”, afirmó el Secretario General del sindicato, Julián Matamala. A su vez, destacó que el gremio viene exigiendo, desde hace tiempo, que se prioricen “planes de inversión sólidos, estabilidad laboral y fiscalización ambiental” en cada nuevo proceso licitatorio.

Con el anuncio de una licitación continua para 15 áreas hidrocarburíferas a partir de 2025, el Gobierno de Mendoza ha prometido un mayor nivel de supervisión. “No seremos tan ingenuos esta vez”, señalaron autoridades tras una reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín, reconociendo implícitamente errores cometidos en el pasado.

Desde el sindicato se valora esta nueva postura del Gobierno como un paso positivo, aunque con cautela. “Este giro genera un optimismo prudente. Es importante que la intervención estatal sea efectiva y sostenida, no solo para cuidar las futuras concesiones, sino también para garantizar la proyección laboral de miles de familias petroleras mendocinas”, remarcó Matamala.

YPF, por su parte, centrará sus esfuerzos en la producción no convencional, principalmente en Vaca Muerta y en dos áreas similares dentro del territorio mendocino. Esta reconfiguración deja un vacío que deberán ocupar nuevas empresas, muchas de menor escala, lo que eleva la necesidad de una infraestructura adecuada y controles estatales firmes.

El Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo reitera su compromiso con la defensa de los trabajadores y de una industria petrolera con futuro. “Seguiremos siendo la voz de los trabajadores y un actor clave en cada instancia. Mendoza tiene potencial, pero necesita políticas activas y responsables para desarrollarlo”, concluyó Matamala.

El viraje del Gobierno Provincial hacia una mayor presencia en el control de concesiones petroleras parece responder, finalmente, a las advertencias que el gremio jerárquico venía haciendo desde hace tiempo. Ahora, el desafío está en que ese compromiso se traduzca en acciones concretas que garanticen empleo, inversión y cuidado ambiental.

Gentileza: Andrés Reynaud