Por CAROLINA JACKY / Si algo le faltaba a Mendoza en estos días es el gran culebrón del caso Cacho Garay.
El escándalo de Las Heras parece que quedará opacado por lo que viene detrás de la causa del famoso actor cómico.
El contexto de violencia de género que rodea la causa, donde todo indica que estamos ante una víctima que evidencia la necesidad de asistencia psicológica y eventualmente psiquiátrica, necesaria para todas las víctimas en este tipo de procesos, altamente estresantes para ellas, y que debemos cuidar por obligación legal, nos permite anticipar que esto recién empieza.
Las Convenciones Internacionales y los mandatos que surgen de sus Comités de Seguimiento hacen a todos los operadores jurídicos responsables de su cumplimiento.
El hecho de que la causa tramite en la Unidad Fiscal de Violencia de Género da seguridad de que se cumplirán con esos estándares y nos da más garantía del debido proceso.
El hecho de que una causa tramite en la fiscalía correspondiente es también obligación de defensores y querellantes, ya que si salimos de la “perspectiva de género” se corre el riesgo no llegar a descubrir la verdad.
Es correcto que esta causa transite por esta Unidad, inexplicable que el caso de Janina Ortiz, por la agresión y amenaza recibida en la vía pública, no lo haga. Cómo también deberían hacerlo la de otras mujeres de la Municipalidad de Las Heras que denunciaron ser víctimas. Así es como debe operarse en contexto de violencia de género, y esto no es ideología, como he leído de algún periodista, esto es LEY y mandato constitucional, te guste o no te guste.
El hecho de que muchos profesionales del derecho desconozcan esto, no habilita a actuar en forma incorrecta, pero así fracasan por mala praxis.
La causa de Cacho Garay se encuentra en manos de una de las Fiscales más especializadas en la materia, desde antes de que diera a luz a esa Unidad Fiscal.
Son muy importantes las pericias especializadas que se realizan en esa UFI, aunque las pericias no son concluyentes y pueden errar, la especialidad de los profesionales en esa area es indiscutible, muy diferente a lo que sucede en el Cuerpo Medico Forense.
Sin dudas el lenguaje gestual de la víctima de Garay es contundente.
La circunstancia que de a poco vaya ampliando su declaración es típica en estos casos, y seguramente debemos esperar mucho más en el tiempo, justamente es tiempo lo que se le debe dar a las víctimas, y respetarle sus tiempos.
Hoy sale a la luz una ampliación de declaraciones sobre fiestas privadas de alto contenido sexual, de abusos con participación de varias personas, hasta ahora entre mayores de edad, no solo involucrarían empresarios y políticos, sino también a amistades y familiares de estos.
Esta información ya recorría los pasillos de tribunales, y mucho más, hay nombres y apellidos e involucran a personajes de la sociedad mendocina, algo que también alcanza a reconocidos políticos.
Si faltaba un culebrón, llegó uno que no pasará desapercibido.
Si alguno piensa en que se puede operar sobre la Dra. Fernández Poblete, por mi conocimiento personal, les aviso que se equivocan, irá hasta el hueso en defensa de los derechos de la mujer víctima, sea la denunciante u otras que puedan haberlo sido, y será implacable.
Quedará ver qué dirán los jueces, pero por la fiscalía no habría que preocuparse.
Al que sí hay que darle protección es al imputado, si declara podría ser acompañado en la prisión por otros más, en caso de hombres. Las mujeres irán con la otra imputada, y la pregunta es si podría negociar su calidad de estadía con una declaración más amplia. Una recomendación para los defensores, que seguramente ya estarán pensando.
Cuando titulamos sobre remis o colectivo, es también por si en esas fiestas no hubo participación del “colectivo LGTBIQ”, hay muchos rumores en el ambiente, y parece que el caso conmoverá a la conservadora Mendoza.
