La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la modificación de la Ley de Seguridad Pública que regula en qué situaciones los efectivos pueden utilizar armas de fuego. La iniciativa impulsada por Gustavo Cairo y Enrique Thomas fue aprobada con 33 votos a favor, 7 en contra y 3 ausencias, tras un fuerte debate político en el recinto.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó de forma definitiva la reforma a la Ley 6722 de Seguridad Pública, una modificación que establece reglas más precisas sobre las circunstancias en las que un policía puede utilizar su arma de fuego. El proyecto, impulsado por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, fue avalado por la mayoría oficialista y ahora queda incorporado al marco legal de seguridad provincial.
La votación finalizó con 33 votos a favor, 7 en contra y 3 ausencias. El respaldo llegó principalmente desde el oficialismo, mientras que el bloque del Partido Justicialista votó en contra de la iniciativa. No participaron de la votación los diputados Miguel Ronco, Verónica Valverde y Gabriela Lizana.
El proyecto había sido aprobado previamente en el Senado, donde recibió algunas modificaciones que luego fueron ratificadas por la Cámara Baja para su sanción definitiva.
¿Qué cambia con la reforma de la Ley 6722 en Mendoza?
La reforma introduce cambios clave en la normativa que regula el accionar policial en la provincia. El objetivo central es establecer criterios más claros sobre el uso de la fuerza letal en situaciones de riesgo.
Entre los principales ejes que incorpora la modificación se destacan tres puntos centrales.
El primero es la definición de “peligro inminente”, un concepto que busca determinar con mayor precisión cuándo un efectivo puede utilizar su arma de fuego. La ley establece parámetros concretos para evaluar si existe una amenaza real para la vida del agente o de terceros.
El segundo punto se relaciona con la advertencia previa antes de disparar. Según el nuevo texto, el policía deberá identificarse como tal y advertir su intención antes de utilizar el arma, salvo que hacerlo incremente el riesgo para su integridad o la de otras personas.
El tercer eje introduce la posibilidad de convocar a policías retirados para cumplir funciones dentro de la fuerza. La normativa regula formalmente esta alternativa y establece las condiciones laborales y salariales para quienes sean convocados.
¿Cuál fue el punto más discutido del debate?
El debate legislativo se concentró especialmente en el nuevo artículo 7 bis, que regula las situaciones en las que la policía puede abrir fuego frente a presuntos delincuentes.
Desde el bloque del Partido Justicialista surgieron las críticas más fuertes. El jefe de la bancada, Germán Gómez, sostuvo durante la discusión que la redacción del artículo podría generar conflictos con el principio constitucional de inocencia.
Según planteó el legislador, la norma podría interpretarse como una habilitación demasiado amplia para el uso de armas de fuego frente a sospechosos, lo que a su entender requiere un análisis más profundo para evitar abusos.
Del lado del oficialismo, el diputado Gustavo Cairo defendió la iniciativa y explicó que el texto se basa en protocolos internacionales de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El legislador remarcó que la utilización del arma solo queda habilitada cuando exista una situación de peligro real y cuando el sospechoso se encuentre armado o represente una amenaza concreta.
¿Cómo se regulará la convocatoria de policías retirados?
Otro de los aspectos incorporados por la reforma es la regulación formal de la convocatoria de policías retirados para cumplir tareas dentro de la fuerza.
La ley establece que los efectivos retirados podrán ser convocados para desempeñar funciones específicas, especialmente en áreas administrativas, de apoyo o conducción.
También se fijaron los criterios de remuneración para estos casos.
Según el nuevo esquema:
- Los retirados que cumplan funciones de conducción podrán percibir hasta el 100% del salario correspondiente al grado que tenían al momento del retiro.
- Quienes realicen tareas administrativas o de apoyo podrán cobrar hasta el 80% de ese salario.
Esta herramienta busca ampliar la disponibilidad de personal con experiencia dentro de la estructura policial, especialmente en áreas donde se requiere conocimiento operativo o administrativo.
¿Qué impacto tendrá la nueva normativa?
Con la aprobación definitiva en Diputados, la reforma queda incorporada al marco legal de seguridad pública de Mendoza.
El nuevo esquema redefine los criterios de actuación policial en situaciones de riesgo, al establecer parámetros más precisos sobre cuándo se puede utilizar la fuerza letal.
Al mismo tiempo, introduce mecanismos para reforzar la estructura operativa de la policía mediante la eventual convocatoria de personal retirado.
El debate político que generó la iniciativa refleja la sensibilidad del tema, ya que involucra el equilibrio entre el accionar de las fuerzas de seguridad y las garantías constitucionales vinculadas al uso de la fuerza.
De ahora en adelante, la aplicación concreta de la normativa dependerá también de los protocolos operativos y de la capacitación que reciban los efectivos para actuar bajo el nuevo marco legal.
