Con el eje puesto en la seguridad vial, la seguridad pública y el ciberdelito, el mega proyecto de Alfredo Cornejo, apunta a establecer una serie de reformas que buscan ser una herramienta más en el marco de la lucha contra el delito que lleva adelante Mendoza, pero que se pueden aplicar en todo el país

Se trata de una reforma integral donde se destaca la importancia de un trabajo coordinado entre el poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal y que la ministra de Seguridad de la Nación se comprometió a trabajar de forma complementaria a lo presentando ante el Congreso de la Nación. Además, Patricia Bullrich anunció que en junio se reunirá el Consejo de Seguridad del Interior en Mendoza.

El Gobernador, Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, le presentaron a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la propuesta de modificación para el Código Penal y Civil y Comercial de la Nación. El encuentro se llevó adelante en el Ministerio de Seguridad y contó con la presencia del procurador de la Corte, Alejandro Gullé y del subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quienes también participaron en la redacción.

También estuvieron presentes el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni; el subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa de la Nación, Néstor Majul y la legisladora Nacional, Pamela Verasay.

“El hecho de que nos pongamos de acuerdo en este paquete de leyes que irá al Congreso, es una señal muy clara de Mendoza para contribuir a mejorar la seguridad en la Argentina”, remarcó Cornejo. De esta manera, dejó en claro que esta iniciativa “no sólo le sirve a la Provincia, sino a todo el país, porque en el caso específico de Mendoza, creemos que penalizar más fuertemente el encubrimiento de robos, como en el caso de los vehículos, hará que bajen estos delitos”.

El mandatario, resaltó que “el sólo hecho de atacar el ciberdelito, ayudará a bajar las estafas, como así también los que tienen nexo con este último como la supresión de identidad que no está tipificado correctamente en el Código Penal”. En tanto que, Patricia Bullrich se comprometió a “trabajar sobre las propuestas que ha traído Mendoza. Son muy concretas y apuntan al centro de los problemas de seguridad que tiene el país”. Asimismo, aseguró que “las vamos a presentar conjuntamente” y que pronto visitará la provincia.

Será el próximo 6 de junio en el marco del Consejo de Seguridad Interior, “donde todos los ministros del país nos vamos a reunir por segunda vez, en esta oportunidad en Mendoza. Allí también vamos a estar definiendo otros temas de política criminal como el de las señales y los celulares en las cárceles”, detalló la ministra de Seguridad de la Nación.

Sumó que durante el encuentro se abordará la situación de la infraestructura carcelaria del país y la necesidad de pensar una serie de medidas nuevas en los delitos que van surgiendo, como así también en avanzar en técnicas de investigación y ciber allanamientos, entre otros.

“Patricia Bullrich no solo escuchó la propuesta legislativa, en la que abordamos temas de agenda que tienen que ver con la seguridad pública como armas, encubrimientos, ciberdelitos, estafas, sino que además se comprometió a trabajar y estudiar la propuesta”, señaló Mercedes Rus.

Por su parte, Gullé calificó la reunión como “muy buena y positiva, ya que la ministra se interesó por los proyectos que trajimos, que son complementarios a otras iniciativas que han presentado en estos días en el Congreso de la Nación. Nos vamos con una satisfacción muy grande, sobre todo por el reconocimiento que nos hizo al funcionamiento de la seguridad en la provincia de Mendoza y que nos motiva a seguir para adelante”.

Los puntos claves de la reforma presentada a Bullrich

 “Desde el robo simple hasta el encubrimiento delictivo, pasando por el robo de bienes en la vía pública y la creciente problemática de los robos de cables, se plantean medidas concretas para fortalecer la respuesta del Estado”, explicó Mercedes Rus al indicar que todo el proyecto “se establece en el marco de una acción coordinada entre distintos niveles de gobierno garantizando así un enfoque integral para atender las actuales temáticas delictivas”.

La ministra sumó que uno de los puntos claves que le llevaron a Bullrich “es la atención al delito de encubrimiento, especialmente en casos donde se encuentran grandes cantidades de dispositivos robados, como celulares, que son los que en definitiva alimentan las redes delictivas”. Agregó que, además, se contempla “la necesidad de abordar el robo de cables, que no solo afecta a las empresas prestadoras de servicios, sino que también impacta en la seguridad pública al dejar áreas sin luz o algún tipo de servicio”.

La propuesta también se extiende al control y la regulación de armas. Por ello se hace hincapié en la necesidad de colaborar con organismos como la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) – con quien Mendoza firmó un convenio en marzo de este año- para trabajar sobre la tenencia ilegal de armas.

“Otro aspecto fundamental es la seguridad vial”, agregó Rus al detallar que “la reforma también tiene como objetivo reducir las víctimas fatales por conductas irresponsables a la hora de manejar. Se plantea aumentar las penas y las sanciones para aquellos que conducen bajo la influencia del alcohol, por ejemplo”.

La propuesta también aborda las estafas y el robo de identidad en el ámbito digital, como en las redes sociales, reconociendo la necesidad de actualizar el marco legal para combatir estos delitos que afectan a un número creciente de ciudadanos.

Modificaciones propuestas en materia de seguridad pública

En cuanto al eje de seguridad pública, la propuesta busca abordar varias problemáticas significativas que afectan la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. La proliferación de armas de fuego y su vinculación con un aumento en la violencia interpersonal y los delitos, como el robo, demanda una respuesta contundente por parte del Estado.

Entre las modificaciones propuestas se destacan el endurecimiento de las penas, especialmente en casos de bienes robados; la clasificación del robo de bienes destinados al servicio público como robo agravado, abarcando elementos como luminarias públicas y transformadores.

Los cambios en seguridad pública

-Se consagra una inhabilitación especial perpetua para ser legítimo usuario de armas, en la parte general del Código Penal.

-Se aumenta en su máximo la escala penal hasta 4 años en el delito de abuso de armas y se lleva la pena para el delito de agresión con armas de 15 días a 6 meses, de 1 a 2 años.

-Se introduce como robo agravado el robo que implique interrupción del servicio público o de telecomunicaciones.

-Se introduce el delito de posesión injustificada de elementos idóneos para delinquir en el marco de los delitos del Título VI, delitos contra la propiedad.

-Se aumenta la pena de prisión máxima y mínima de 1 a 3 años para el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil.

–Se aumenta la pena de prisión en su mínimo y máximo, de 3 a 6 años para el delito de portación de arma de fuego de uso civil.

-Se aumenta la pena de prisión para el delito de encubrimiento en la modalidad receptación dolosa de 1 a 4 años.

-Se aumenta el mínimo de prisión para el delito de encubrimiento en la modalidad receptación sospechosa.

Modificaciones propuestas en materia de seguridad Vial

En relación con la seguridad vial, la propuesta tiene como objetivo reducir el índice de mortalidad y lesiones graves causadas por accidentes de tránsito. Se busca aumentar las penas y sanciones para conductores que cometan infracciones graves, como conducir de forma imprudente o bajo los efectos del alcohol.

También se destaca la importancia de la prevención y la educación vial, así como la necesidad de retomar operativos conjuntos con organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los cambios en seguridad vial

-Se aumenta la escala penal mínima llevándola a 3 años para el homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria de vehículo.

-Se agrava la inhabilitación especial de 8 a 12 años para el homicidio culposo agravado del segundo párrafo del 84 bis Código Penal, por estar alcoholizado, cuando son más de una las víctimas fatales, etc.

-Se aumenta el máximo de la pena de prisión a 6 años para el delito de lesiones graves o gravísimas producidas en la conducción antirreglamentaria de vehículos, agravado por darse a la fuga, por no socorrer a la víctima, estar alcoholizado, etc.

-Se aumenta el máximo de la inhabilitación especial para conducir en ese caso a 6 años.

Modificaciones propuestas en materia de ciberdelito / estafas

En lo que respecta al ciberdelito y las estafas, la propuesta busca actualizar el marco legal, haciendo referencia a la necesidad de legislar en consonancia con los avances tecnológicos y las nuevas formas de delincuencia. Se plantea la ampliación de los delitos de estafa y ciberestafa, y se incluyen sanciones duras en casos de suplantación de identidad.

Los cambios en ciberdelito / estafas

-Se incorpora el delito de suplantación de identidad (art. 139 ter).

-Se lo considera como un delito de acción pública dependiente de instancia privada (art. 72 inciso 4 Código Penal).

-Se introduce como agravante el fin extorsivo, defraudatorio, cuando hay habitualidad y ánimo de lucro y por las condiciones de la víctima.

-Se incorpora el inciso 7 al artículo 174 delito de defraudación agravada cuando se utiliza para estafar la identidad o los datos personales de una persona humana o jurídica existente.

Modificaciones propuestas al Código Civil y Comercial de la Nación

Para finalizar, el proyecto de reforma también contempla modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en relación con la presunción de mala fe en posesión de bienes. En ese sentido, se propone que se considere de manera automática la mala fe cuando se posean bienes que provengan claramente del Estado o estén destinados al servicio público.

Esta medida busca fortalecer la capacidad de actuación legal contra la posesión ilícita de bienes públicos, contribuyendo así a la protección del patrimonio estatal y al mantenimiento de los servicios públicos para el beneficio de la comunidad.