Por CAROLINA JACKY / Mientras nuestros gobernantes viven preocupados y ocupados por el lugar que ocuparán en las listas en estas elecciones del 2025 o especulando con un puesto en 2027, en Mendoza están pasando cosas.

Ayer, en esta columna, tratamos las irregularidades en los ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) y la situación de menores en riesgo, mientras padres y madres no obtienen respuestas adecuadas por parte del Gobierno. Denunciamos las responsabilidades del Ejecutivo y del Judicial. Hicimos referencia al disciplinamiento que se practica desde la justicia para evitar que se demande a jueces de familia y a administradores de estos ETI.

Madres y padres se han manifestado por los abusos y malos tratos que reciben ellos y sus hijos por parte de los ETI y de los Tribunales de Familia, visibilizando nuevamente un problema que lleva años.

Por otro lado, la semana pasada tuvimos la dolorosa noticia del suicidio de una mujer policía. No es la primera vez que sucede algo así, pero, a diferencia de esos padres y madres, los policías están impedidos de manifestarse; incluso sus familias son perseguidas si lo hacen.

El Ministerio de Seguridad, un enclave que el Gobernador Cornejo conoce bien, no solo lo hizo, sino que lo creó a su imagen y semejanza. Sí, desde ese lugar puede controlar todo y a todos. Puede controlar todos los movimientos y hasta las comunicaciones de los ciudadanos; tiene el poder de hacerlo, y nadie controla eso. Así que, lo haga o no lo haga, es cuestión de creer o reventar.

Sanidad Policial es la herramienta de tortura creada para disciplinar a la fuerza policial.

Basta con ir a esa dependencia y ver el rostro de los policías que se encuentran allí para ser atendidos. Allí encontramos profesionales de la salud que, sin realizar un acto médico, diagnostican y hasta discuten certificados de profesionales tratantes de los policías, a quienes se los derivó para que fueran tratados, para luego no aceptarlos.

Llevamos años denunciando a estos “homeópatas” de Sanidad Policial, que solo actúan conforme a las órdenes que les dan los escuderos del Señor Feudal.

Así es como se castiga y disciplina al personal policial: les sacan el arma y, a partir de ese momento, no pueden realizar servicios extraordinarios, lo que afecta directamente sus magros ingresos. Detrás de esa decisión hay un ser humano con familia, con hijos, con compromisos económicos que no podrá sostener. No podrá pagar el colegio, la cuota de un crédito, ni seguir ayudando a sus padres.

No se te ocurra denunciar a un superior o a un efectivo con “coronita”, aunque lo veas cometiendo un delito; si te atreves, tu vida laboral será un infierno.

Así es como le quitan el arma a la mujer policía que denuncia a un superior por maltrato y hasta por abuso sexual. Sí, “por seguridad” le retiran el arma, lo que sería correcto si, por otro lado, no le redujeran sus ingresos. ¿Quién se atreve a denunciar si después lo pagará con una afectación en su economía?

Hombres y mujeres de la fuerza son disciplinados por intermedio de Sanidad Policial, la cual, en muchas oportunidades, recibe instrucciones de la superioridad que indica cómo proceder. Así es como a unos se les retira el arma y a otros no. ¿O no recuerdan el caso de ese policía que, después de haber sido denunciado por violencia de género y con una prohibición de acercamiento, se le había retirado el arma, y a los pocos días se le devolvió, y con ella mató a su suegra y a un sobrino de su pareja? Todavía cumple condena por ese femicidio transversal.

Al Señor Feudal no le gusta que le critiquen a “su” Ministerio, su creación, el corazón de su poder, el centro de control. Dicen que lo comparte con otro exministro de Seguridad; hasta se comenta que son socios políticos en algunos momentos, repartiendo así el poder provincial.

Mi solidaridad con toda la familia policial, con la esperanza de que algún día podamos terminar con esa Inquisición.