Profesionales, familiares y personas con discapacidad piden respuestas urgentes ante la crítica situación de las prestaciones, la certificación y el financiamiento del sistema

En medio de un contexto socioeconómico que complica el acceso a derechos básicos, la comunidad vinculada a la discapacidad -profesionales, familiares y personas afectadas directamente- exige que el Congreso de la Nación apruebe de manera urgente la Ley de Emergencia en Discapacidad. Un proyecto que ya obtuvo dictamen en las comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados, y que ahora espera el aval de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La sesión en la que se tratará el proyecto está programada para el próximo 30 de abril, luego de haber sido postergada por el fallecimiento del papa Francisco.

La normativa busca revertir una situación que, según especialistas, ya es insostenible. El abogado Juan Cruz San Martín, referente en materia legal de discapacidad, advirtió en una entrevista con el programa Sin Verso de Ciudadano.News: “La situación actual en materia de prestaciones básicas y protección integral para personas con discapacidad tiende directamente a la extinción. No hay ninguna duda”.

San Martín señala tres ejes fundamentales que explican la crisis y que la ley pretende abordar:

1. Un proceso de certificación inaccesible

Obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se ha convertido en un laberinto burocrático. Según explicó el letrado, hace un año y medio el procedimiento era más accesible: “Antes se completaban planillas con datos personales por parte del médico, la escuela o el terapeuta. Con eso se concurría a la Junta Evaluadora, que es un organismo del Estado. Hoy, en cambio, exigen profesionales específicos del sistema público -como neurólogos especialistas en autismo- que en muchas jurisdicciones directamente no existen. Esto impide el acceso al certificado”.

2. Un sistema de prestaciones en crisis

El sistema de prestaciones, regulado por un nomenclador nacional, establece montos fijos que deben pagar las obras sociales y prepagas por sesiones de terapias como psicología, fonoaudiología o terapia ocupacional. Sin embargo, los valores no se actualizan desde fines de 2023.

“Un psicólogo cobra por sesión $12.370,61, pero lo cobra a 90, 120 o hasta 180 días. Con la inflación actual, eso destruye cualquier previsibilidad económica. Así, muchas instituciones están cerrando y los profesionales migran al sector privado”, remarcó San Martín.

3. Un discurso oficial que estigmatiza

Otro punto preocupante es el argumento de que “se regalaron certificados” en las últimas dos décadas, en alusión al aumento de personas con CUD. Para San Martín, esta narrativa pone en duda la legitimidad de los diagnósticos y fomenta una mirada regresiva:

“Hay un intento doloso de extinguir este tema. Y si desaparece, ¿qué hacemos como sociedad?”.

Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad

El proyecto que será debatido busca atacar esos tres frentes. Entre sus principales medidas propone:

• Reemplazar las pensiones no contributivas por un salario universal para personas con discapacidad.
• Eliminar la exigencia de médicos públicos específicos para la certificación previa al CUD.
• Transparentar los procesos de auditoría, con auditorías cruzadas que garanticen control y equidad.
• Actualizar el nomenclador de prestaciones de salud con un mecanismo indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar a lo que ocurre con contratos de locación.

La emergencia en discapacidad no es solo presupuestaria, sino también humana. “La comunidad es corresponsable”, enfatizó San Martín.