Después de lograr el beneficio del arresto domiciliario a mediados de junio, los abogados del humorista mendocino no se quedaron conformes con el fallo y lo apelaron solicitando directamente la libertad.

El colectivo Actrices Argentinas presionó públicamente a la Justicia de Mendoza para que el humorista Juan Cacho Garay no quede en libertad luego de ventilar que su defensa pondrá en marcha una estrategia con tal fin.

El pasado 13 de junio, la jueza Alejandra Mauricio, del Juzgado Penal Colegiado 1, resolvió que Garay siguiera con prisión domiciliaria tras el pedido de prisión solicitado por los abogados de la exesposa del humorista, Verónica Macías. Se trata de los letrados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, quienes denunciaron un presunto llamado del reconocido humorista mendocino a su expareja, acción que tiene prohibida, puesto que rige una orden de restricción de acercamiento que incluye no solo el contacto físico, sino también virtual a través de aplicaciones, llamadas o redes sociales. 

Según los abogados de Garay, Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz, una pericia psiquiátrica indicó que el relato de Verónica Macías no tiene buenos indicios de credibilidad. La joven exesposa de Garay lo denunció, en abril del 2023, por violencia, violación, secuestro y tortura,  

Por ello es que, el colectivo de Actrices Argentinas publicó un comunicado en apoyo a la denunciante, repudiando lo que consideran un intento de revictimizar y vulnerar la salud mental de la víctima.

“Recordemos que Verónica fue torturada con picanas, golpeada, encerrada y violada durante trece años. Repudiamos este artilugio de la defensa que revictimiza y vulnera la salud mental de la denunciante“, aseguraron.

La audiencia programada para este miércoles se suspendió debido a la licencia tomada por uno de los jueces que iba a integrar el tribunal. Se espera que sea reprogramada para los próximos días. La decisión final sobre el destino de Cacho Garay dependerá de la justicia y no está claro aún si el humorista será liberado o seguirá bajo arresto domiciliario.

En caso de ser condenado, Garay podría enfrentar una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel. La denuncia también incluye a Sandra Astudillo Staffolani, una empleada legislativa que había sido pareja del humorista y se cree que participó en varios abusos sexuales cometidos contra Verónica Macías entre los años 2011 y 2013.