La insistencia de la norma obtuvo 63 votos. La Libertad Avanza votó en contra. Hace 22 años que el Congreso no rechazaba un veto presidencial. El debate se dio en medio de la polémica por las denuncias sobre presunta corrupción en la ANDIS.

Luego de un largo derrotero, el Congreso ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, al aprobarse la insistencia de la norma por 63 votos y quedar rechazado el veto total del presidente Javier Milei. Hace exactamente 22 años que ambas cámaras no rechazaban una decisión de este tipo por parte del Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, tras la aprobación nuevamente por parte de Diputados y el Senado por dos tercios de los votos, el paso que sigue es que el Gobierno promulgue la ley.

Solamente votaron en contra de la insistencia de la Ley, 6 de los 7 integrantes de La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni; y también la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Por su parte, la oficialista Vilma Bedia se ausentó al momento de la votación.

Tanto en las primeras votaciones, como en esta instancia, ambas cámaras votaron en las cuatro ocasiones con más de dos tercios de los votos esta ley, que surgió a partir del reclamo del colectivo sobre las prestaciones desactualizadas y la baja de miles de pensiones que la administración libertaria puso en tela de juicio al arrancar la gestión.

Cuando el debate se inició todavía no había estallado el escándalo que marcó justamente este momento de la caída del veto: el escándalo sobre una presunta red de corrupción a través de las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo titular Diego Spagnuolo fue desplazado. El caso de los audios salpica además a altos funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

La sesión ordinada estuvo presidida por el presidente provisional Bartolomé Abdala a causa de que Victoria Villarruel debió quedarse a cargo del Poder Ejecutivo por el nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

En verde, los senadores que avalaron la insistencia; en rojo, los que rechazaron la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Un debate intenso

El primero en tomar la palabra fue el senador pampeano Daniel Bensusan (UP), quien refirió que leyendo los argumentos del veto presidencial podía resumirse que Javier Milei lo vetó “fundamentando que afectaría y rompería el equilibrioi fiscal y tantas otras mentiras como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo”.

“El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública… se roban los fondos de las provincias”, señaló Bensusán, para preguntarse luego “cuál es el sentido de ese ahorro que nos pretende vender el presidente”. “Hay cinco millones de personas con discapacidad, un 10% de la población –continuó-. ¿Qué se vetó? Que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, el 70% de la mínima; un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, y rechazó de manera brutal, inmoral, perdiendo la creencia de los argentinos que a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso hacemos mal al país, comprometemos el futuro de generaciones…”.

Y sintetizó: “Ese gasto es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden, o quede condenada al olvido; la diferencia en que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo, o quede condenada a la exclusión. Si el Estado, para ahorrar, necesita maltratar a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”.

A continuación, también desde UP la entrerriana Stefanía Cora recordó que un reproche que constantemente se hace es que en la gestión kirchnerista se haya elevado sustancialmente el número de discapacitados sin haber tenido una guerra. “Ignoran la materia que gobiernan. No es lo mismo hablar de personas con discapacidad y pensiones, no es lo mismo”, aclaró, señalando que “la Argentina desde 2003 en adelante asumió un compromiso con que la Convención de Personas con Discapacidad tenga un rango constitucional. Dimimos que el Estado los iba a mirar de frente y los iba a incluir”, lo que lo llevó a dar como primera reflexión que “son ignorantes”.

Recordó Cora que el eyectado titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo había preguntado porqué debía él pagar peaje y los discapacitados no. “Parece que el peaje lo tenía que poner en otro lado…”, señaló con ironía, y agregó: “No era eso lo que le preocupaba, sino el peaje que le pedía la hermana del presidente”.

A continuación, la santacruceña Natalia Gadano anticipó su voto negativo porque “no se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la igualdad, y no se puede vetar los derechos de personas con discapacidad”. Advirtió que “un gobierno que le da la espalda a las personas más vulnerables deja de ser libre, deja de ser justo y deja de ser Nación. No puede aceptarse un equilibrio fiscal a costa de quienes más lo necesitan. Un equilibrio fiscal que nos deja a la intemperie: sin salud para los niños, sin escuelas, sin rutas seguras, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el fin de tener una cuentas ordenadas, sabiendo que quienes pagan eso son los que más lo necesitan?”.

Así las cosas, Gadano le reclamó al presidente Milei “que gobierne para todos los argentinos, con los argentinos adentro”.

“Esto no es eficiencia, esto es crueldad; no es ahorro, es injusticia”, dijo el catamarqueño Guillermo Andrada al anticipar su rechazo al veto, lo mismo que el radical fueguino Pablo Daniel Blanco, quien le dijo al presidente que “en Argentina no solamente hay un déficit fiscal, sino un déficit social. El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”.

La rionegrina Mónica Silva adelantó también su voto contra el veto, advirtiendo que “estamos compelidos a actuar, ante la liviandad con la que el Poder Ejecutivo usa el recurso del veto”. Y aclaró que no era esa ley “un instrumento administrativo, sino una herramienta que garantiza a las personas con discapacidad seguir recibiendo las terapias y asistencia para la vida diaria. Sin esto quedan sin la posibilidad de vivir una vida digna”.

La senadora Silva mostrando uno de los pedidos que les llegaron a los senadores.

A continuación la tucumana Beatriz Ávila recordó que esta ley fue aprobada “con amplio consenso” y advirtió que “este veto no es un simple acto administrativo, es un retroceso. La discapacidad no se veta, señor presidente”.

Recordó que los discapacitados “no están pidiendo privilegios, sino lo que les corresponde. Reclaman que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución nacional en el artículo 75, y a lo largo y ancho del país están viéndonos para que rechacemos este veto presidencial”.

La de Carmen Alvarez Rivero fue la primera en respaldar en el recinto el veto presidencial. Ya se sabía que lo haría: lo había anticipado al votar junto a Francisco Paoltroni y los seis senadores de La Libertad Avanza en contra de habilitar el tratamiento del tema. Pero, por si hacía falta, fundamentó su postura durante el debate.

Arrancó con los tacos de punta: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, les preguntó a sus pares. La senadora remarcó que “en Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, y que inclusive esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad”. En ese sentido, sostuvo que “no necesitamos otra ley, ni declarar emergencias… Necesitamos gestión”.

Tras reiterar su postura respecto al tratamiento en cuestión, el senador porteño Martín Lousteau hizo referencias a la versión que dio el Gobierno nacional respecto a los certificados de discapacidad irregulares e indicó que “si consultan con expertos van a encontrar formas de depurar la base de datos para detectar fraude, ajustar sin lastimar gente y poder aumentar las pensiones por discapacidad”.

A su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri manifestó que “la libertad no es abandonar a los argentinos a la buena de Dios; no es dejar solas a las personas con discapacidad”. Al subrayar que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con jerarquía constitucional, indicó que “en nuestro país debemos garantizar eliminar las barreras que existan para que las personas con discapacidad ejerzan libremente su vida. Nuevamente la libertad”.

“¿Hay que auditar las pensiones? Sí, claramente. Pero no con la motosierra, hay que hacerlo con humanidad, con gestión”, opinó y lanzó: “Pareciera ser que la motosierra y el recorte en la Agencia no era para hacer eficiente el gasto, era para que la coima quedara adentro”.

En ese sentido, la porteña dijo que “si se confirma todo lo que se está sospechando es un escándalo enorme, de un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias pero sí para las coimas. No solamente es inmoral, sino criminal”. Y aseguró que cuando le pregunten “de dónde sale la plata” para financiar esta ley, responderá: “Sale del sobreprecio y la coima”.

Al momento de los cierres de bancada, el senador correntino Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, afirmó que “en 20 meses de gestión, no estaríamos discutiendo esto si las cosas se hubiesen hecho bien”. Dirigido al presidente Javier Milei, agregó: “No tome todas las cosas por igual para meter la motosierra para cuidar el gasto público”.

Sin embargo, Vischi remarcó que el sector “viene hace tiempo con desactualización de los montos para profesionales, con demandas de distinto tipos en los atrasos para dar respuesta, pero de un tiempo a esta parte se ha agravado de forma sustancial”. Sumó, además, que “este Senado hoy lo que está haciendo vehementemente es decirle al Poder Ejecutivo que, ante los dilemas que existen en la administración pública, hay prioridades que hay que atender”.

En representación de Unidad Ciudadana, la senadora bonaerense Juliana di Tullio afirmó que “los discapacitados y las discapacitadas de este país son los que le están poniendo un freno a Milei”.

El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, calificó al veto de Javier Milei como “insensibilidad y desprecio total”. También, arremetió contra María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, diputadas del Pro, y cargó: “Hacen campaña hablando de los discapacitados, pensionados y jubilados, y después, a la hora de la votación, se abstienen. Cuánta hipocresía”.

¿Qué prevé la ley?

La ley ratificada este jueves por el Congreso declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.