La vicegobernadora de Mendoza apuntó contra el exgobernador Julio Cobos, a quien responsabilizó de la sanción de la ley que consideró como un “invento estúpido de los mendocinos“. “Fue un error que se cometió hace muchos años que generó un atraso en el desarrollo de la provincia”, lanzó
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien hoy miércoles -17 de abril de 2024- participó en la segunda jornada de trabajo en la Battery Minerals Conference que se realiza en Australia, calificó duramente a la sanción de la Ley 7722 considerándola como un “invento estúpido” al momento que elogió la legislación minera de Australia por su claridad y su enfoque en métodos de extracción sin cianuro ni ácido sulfúrico.
La segunda funcionaria en importancia de la actula gestión del gobernador Alfredo Cornejo realizó la crítica al ser entrevistada, durante la mañana en la que en Mendoza se celebra el Día del Malbec, por la Radio LVDiez, donde lanzó la bomba: “La 7722 fue un invento estúpido de los mendocinos, nada más. Fue un error que se cometió hace muchos años que generó un atraso en el desarrollo de la provincia y la imposibilidad de generar una actividad económica lícita en lugares que tenían licencia social”.
Al mismo tiempo cargó contra el exgobernador Julio Cobos por esa ley que causó el éxodo de muchas empresas mineras de Mendoza, aumentando su apuesta contra la 7722 asegurando su apoyo para la derogación de la norma, admitiendo también que el mismo oficialismo cometió errores al comunicar los detalles de la reglamentación en 2019.
“Creo que faltó comunicación e informar sobre esos eslóganes vacíos que empezó a divulgar la izquierda y algunos sectores. Se tendría que haber hecho inmediatamente con datos claros precisos a contrarrestar ese relato tan estúpido”, sentenció.
La ley 7722 fue sancionada el 20 de junio de 2007 durante la gestión de Cobos como gobernador de Mendoza y actualmente regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas, en la minería metalífera en la provincia de Mendoza.
El 21 de diciembre de 2019 se aprobó un proyecto de modificación para flexibilizar el uso de dichas sustancias, el cual fue sancionado con fuerza de ley el 23 de diciembre de 2019 (ley 9.209). Sin embargo, el 26 de diciembre el Gobernador Rodolfo Suárez anunció la suspensión de la reglamentación y derogación de la misma tras el rechazo de gran parte de la sociedad a las modificaciones en todo el proceso de la reforma. Finalmente, el 30 de diciembre de 2019 se derogó la ley modificatoria.