La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que con la Ley Antibarras se busca combatir los negociados y el financiamiento ilegal en el fútbol, involucrando a clubes y dirigentes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy que ya ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Antibarras, que “tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal”.

“Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes”, al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas.

Desde el Gobierno nacional están convencidos de que los barras participaron de la movilización de los jubilados en la zona del Congreso de la Nación la semana pasada. 

Sin embargo, no hubo ninguna prueba que lo demuestre. “Nadie me dio información de que había barra bravas”, dijo la jueza del caso, Karina Andrade, quien fue denunciada por el Gobierno precisamente por liberar a los detenidos.

Las personas apresadas por las fuerzas de seguridad fueron liberadas durante la madrugada siguiente a la movilización por no “cumplir con los requisitos mínimos”, según la letrada.

Así nació la Ley Antibarras de Patricia Bullrich

Bullrich preparó un proyecto junto al grupo de abogados del Ministerio de Seguridad. Busca declarar a las barras bravas como un tipo de asociación ilícita, para que sean consideradas como organizaciones criminales y, por lo tanto, endurecer las penas. El Gobierno espera establecer sentencias que van desde los dos a cuatro años de prisión para todas aquellas personas que transporten armas o vendan entradas de protocolo para los partidos. 

El proyecto delega toda la responsabilidad del accionar de estos grupos a la dirigencia de los clubes, ya sea a través de la entrega de entradas o manteniendo algún tipo de relación de conveniencia. De ser encontrados culpables, los líderes de los clubes podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.

La represión del miércoles pasado acabó con heridos y uno de gravedad: el fotógrafo Pablo Grillo, que recibió un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de los efectivos policiales y le provocó pérdida de masa encefálica. Continúa internado y lucha por su vida. 

El despliegue de las fuerzas de seguridad provocó reiterados pedidos de renuncia de Patricia Bullrich al frente del Ministerio. Sin embargo, fue respaldada por el presidente Javier Milei. Fueron juntos a la ExpoAgro, momento en el que el jefe de Estado aprovechó para dejar un contundente mensaje.