Carolina Jacky cuestiona duramente proyecto que desconoce pericias psicológicas como prueba válida en casos de violencia de género que algunas veces terminan en hechos de femicidio.
El diputado provincial Gustavo Cairo, de La Libertad Avanza, generó una fuerte controversia al presentar un proyecto de ley que pretende restringir la aplicación de la prisión preventiva en delitos de violencia de género y abuso sexual en Mendoza. La iniciativa exige “pruebas objetivas y científicas” antes de dictar esta medida cautelar, desconociendo explícitamente las pericias psicológicas como evidencia válida.
La propuesta ya recibió su primera crítica contundente de parte de Carolina Jacky, reconocida abogada especialista en violencia de género en Mendoza, quien no dudó en calificar al legislador como “Hijo del Patriarcado” y compararlo con el personaje atrapado en un loop temporal de la película “El día de la marmota”.
Buscan limitar la prisión preventiva en casos de violencia de género y abuso https://t.co/OBfZa91vLp
— Carolina Jacky (@carolinajacky) November 1, 2025
Desconocer las pericias psicológicas como prueba es desconocer una ciencia. Sin dudas que el autor merece ser saludado "el día de la marmota" y declarado HDP (Hijo del…
Qué plantea el proyecto de Cairo sobre violencia de género
El diputado libertario busca agregar un nuevo inciso al artículo 293 del Código Procesal Penal de Mendoza, estableciendo que no podrá imponerse prisión preventiva “si no se tienen pruebas objetivas y científicas, que acrediten prima facie la existencia del hecho y su autoría”. El punto más cuestionado: excluye expresamente las pericias psicológicas de lo que considera “prueba objetiva”.
Cairo fundamentó su iniciativa argumentando que existe “un sesgo” en la Justicia mendocina que lleva a encarcelar varones “ante la mera denuncia” de sus parejas o esposas, sin pruebas suficientes. Según el legislador, esto representa un “abuso” del sistema judicial que perjudica a denunciados inocentes.
Como ejemplos de pruebas válidas, el diputado mencionó mensajes de WhatsApp, registros de cámaras de seguridad o evidencias digitales verificables. “Si no, investigá primero y después lo metés preso. No lo metás preso de una y que esté cinco meses, un año, dos, tres encerrado”, declaró Cairo al Mendoza Post.
La respuesta de Carolina Jacky: “Desconocer una ciencia”
La reacción de Carolina Jacky no se hizo esperar. La abogada especialista en violencia de género cuestionó frontalmente el núcleo del proyecto: “Desconocer las pericias psicológicas como prueba es desconocer una ciencia”, sentenció en su cuenta de X (antes Twitter).
Jacky fue más allá y utilizó una metáfora cinematográfica para describir al autor del proyecto. Lo saludó “el día de la marmota”, en referencia a la película donde el protagonista repite una y otra vez el mismo día, sugiriendo que Cairo representa un retroceso a épocas superadas en materia de derechos de las mujeres. La especialista no dudó en declararlo “HDP (Hijo del Patriarcado)”, señalando el sesgo ideológico que, según su visión, subyace en la propuesta legislativa.
El marco actual: la Ley 26.485 de Protección Integral
Para comprender la magnitud del retroceso que implicaría este proyecto, resulta fundamental contextualizar la normativa vigente. La Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, representa un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina.
Esta legislación establece que la violencia contra las mujeres puede manifestarse de múltiples formas: física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Reconoce además diversos tipos de violencia según el ámbito donde ocurren: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
Un aspecto clave de la Ley 26.485 es que incorpora una perspectiva de género en el sistema judicial, reconociendo las asimetrías de poder y las particularidades de estos delitos. Las pericias psicológicas, precisamente las que Cairo pretende desestimar, son herramientas fundamentales en este tipo de casos, donde frecuentemente no existen testigos presenciales ni evidencias físicas inmediatas.
El valor científico de las pericias psicológicas en violencia de género
El cuestionamiento de Cairo a las pericias psicológicas ignora décadas de desarrollo científico en psicología forense y victimología. Estos estudios especializados evalúan indicadores de victimización, secuelas traumáticas, credibilidad del testimonio y compatibilidad entre el relato y el perfil psicológico observado.
Las pericias psicológicas en casos de violencia de género no se basan en “meras opiniones”, como parece sugerir el proyecto libertario, sino en protocolos científicamente validados que incluyen entrevistas estructuradas, pruebas psicométricas estandarizadas y análisis de consistencia del relato, entre otras herramientas metodológicas.
Desconocer este instrumento equivaldría a dejar sin protección a miles de víctimas cuyos casos no dejan rastros visibles inmediatos. La violencia psicológica, el acoso, las amenazas reiteradas o el abuso sexual intrafamiliar difícilmente generan evidencias digitales o registros en cámaras de seguridad.
Los “casos emblemáticos” de Cairo: falsa equivalencia
El diputado justificó su proyecto citando casos que considera “errores judiciales graves”, como el de Nelson Madaf en San Luis durante los años 90, y menciones vagas a situaciones de prisiones preventivas seguidas de sobreseimientos en Mendoza.
Sin embargo, esta argumentación incurre en una falacia de generalización indebida. Partir de casos excepcionales para desmantelar un sistema de protección que atiende miles de denuncias anuales representa una distorsión de las estadísticas reales sobre violencia de género en Argentina.
Según datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, durante 2023 se registraron más de 250 femicidios en el país. En la gran mayoría de estos casos existían denuncias previas. La pregunta que Cairo no responde es: ¿cuántas de esas muertes podrían haberse evitado con medidas cautelares más efectivas, incluyendo la prisión preventiva cuando correspondiera?
“Denunciar es gratis en Mendoza”: el mensaje peligroso
Una de las frases más preocupantes del legislador fue su advertencia de que “denunciar es gratis en Mendoza”, insinuando que existe un uso frívolo o malintencionado del sistema de denuncias por violencia de género.
Este tipo de afirmaciones, sin respaldo estadístico serio, contribuye a la revictimización y genera un efecto inhibidor en las víctimas reales. Las investigaciones criminológicas demuestran consistentemente que las denuncias falsas en casos de violencia de género representan un porcentaje mínimo, comparable al de cualquier otro tipo de delito.
Más aún, diversos estudios señalan que el principal problema en materia de violencia de género no es el exceso de denuncias, sino precisamente lo contrario: la cifra negra de casos que nunca llegan al sistema judicial por temor, vergüenza, dependencia económica o desconfianza en las instituciones.
Las alternativas que propone Cairo: insuficientes y riesgosas
Ante la obvia pregunta sobre el peligro que implica para una víctima que su agresor permanezca en libertad durante el proceso, Cairo sugirió “otras medidas de protección” como restricciones de acercamiento, tobillera electrónica o prisión domiciliaria.
Esta respuesta evidencia un desconocimiento preocupante sobre la efectividad real de estas medidas alternativas. En Argentina existen numerosos casos documentados de femicidios cometidos por agresores que tenían restricciones de acercamiento vigentes o incluso tobilleras electrónicas.
La prisión preventiva en casos de violencia de género no es una medida punitiva anticipada, sino una herramienta cautelar destinada a proteger la vida e integridad de la víctima cuando existe riesgo cierto. Pretender reemplazarla sistemáticamente por medidas menos restrictivas implica, en la práctica, priorizar la libertad del presunto agresor por sobre la seguridad de la presunta víctima.
El contexto político: La Libertad Avanza y los derechos de género
El proyecto de Cairo no puede analizarse aisladamente del contexto político actual. La Libertad Avanza, tanto a nivel nacional como provincial, ha manifestado reiteradamente posiciones cuestionadoras hacia políticas de género, organismos especializados en la materia y la perspectiva de género en general.
Este proyecto se suma a una agenda que incluye el desfinanciamiento de programas contra la violencia de género, el vaciamiento de áreas específicas y discursos que minimizan o niegan la existencia de problemáticas estructurales relacionadas con la desigualdad de género.
La trampa del “garantismo selectivo”
Resulta paradójico que un espacio político que suele reclamar “mano dura” contra la inseguridad y cuestiona garantías procesales en otros tipos de delitos, de repente se muestre tan preocupado por los derechos de los presuntos agresores en casos de violencia de género.
Este “garantismo selectivo” revela que la verdadera motivación del proyecto no es la defensa de principios jurídicos universales, sino una resistencia ideológica específica hacia las conquistas del movimiento feminista y los marcos normativos que protegen a las mujeres.
Qué dice la jurisprudencia sobre prisión preventiva en violencia de género
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales superiores provinciales han sostenido reiteradamente que en casos de violencia de género, la evaluación del riesgo para la víctima constituye un factor determinante para dictar medidas cautelares, incluida la prisión preventiva cuando las circunstancias lo justifiquen.
Los tribunales han establecido que el estándar probatorio para medidas cautelares no es el mismo que para una sentencia condenatoria. Se requiere un nivel de certeza menor (prima facie) justamente porque se trata de medidas provisorias destinadas a asegurar el desarrollo del proceso y proteger a las potenciales víctimas.
Las cifras que Cairo ignora
Según estadísticas oficiales, en Mendoza se reciben miles de denuncias por violencia de género anualmente. De ellas, solo un porcentaje minoritario deriva en prisiones preventivas. Los jueces ya aplican criterios de razonabilidad y proporcionalidad al evaluar estas medidas.
Los datos del Registro Nacional de Femicidios muestran que en la mayoría de los casos mortales existían indicadores previos de violencia. Endurecer artificialmente los requisitos para medidas cautelares podría traducirse, literalmente, en más muertes evitables.
El riesgo de un efecto dominó
Si bien el proyecto de Cairo es provincial y hasta ahora individual, su presentación sienta un precedente peligroso. Legislaciones similares en otras jurisdicciones podrían desmantelar gradualmente el sistema de protección construido durante décadas de lucha social y desarrollo normativo.
La violencia de género es reconocida internacionalmente como una violación a los derechos humanos. Argentina ha suscrito tratados internacionales, con jerarquía constitucional, que obligan al Estado a adoptar medidas efectivas de prevención y protección. Proyectos como el de Cairo podrían colocar al país en situación de incumplimiento de estos compromisos internacionales.
Conclusión: un debate necesario sobre las verdaderas prioridades
El proyecto del diputado Cairo plantea un falso dilema entre garantías procesales y protección de víctimas. La realidad es que el sistema judicial debe y puede equilibrar ambos aspectos sin sacrificar la seguridad de las mujeres en situación de violencia.
La crítica de Carolina Jacky sintetiza el rechazo de especialistas, organizaciones sociales y movimientos feministas a una propuesta que, bajo el pretexto de evitar “abusos judiciales”, podría desmontar instrumentos fundamentales de protección.
En un país donde cada 29 horas muere una mujer por violencia de género, según cifras del Observatorio Lucía Pérez, pretender que el problema es el “exceso” de denuncias o prisiones preventivas representa, cuanto menos, una preocupante inversión de prioridades.
El debate debe centrarse en cómo mejorar la efectividad del sistema judicial para proteger a las víctimas, garantizar procesos justos y evitar la impunidad estructural que caracteriza a estos delitos. No en desmantelar las herramientas que, con todas sus imperfecciones, han salvado innumerables vidas.
