Una denuncia por inconsistencias patrimoniales impulsada por la diputada Marcela Pagano derivó en una causa federal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ahora avanza con medidas clave para analizar su evolución económica.

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alto impacto: la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, en el marco de una causa que busca determinar si existieron inconsistencias en sus declaraciones juradas y en su crecimiento patrimonial.

El expediente, que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, se originó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre posibles irregularidades en la información declarada por el funcionario ante los organismos de control.

¿Qué se investiga en la causa contra Manuel Adorni?

El foco principal de la investigación está puesto en un incremento patrimonial considerado significativo en un período fiscal determinado, junto con presuntas omisiones en las declaraciones juradas presentadas por Manuel Adorni.

A partir de ese planteo inicial, la causa comenzó a escalar en complejidad y volumen de pruebas, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsa una batería de medidas para reconstruir el patrimonio del funcionario y verificar su consistencia con los ingresos declarados.

¿Por qué genera sospechas la compra de un departamento en Caballito?

El corazón del expediente es una operación inmobiliaria puntual: la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares.

Lo que despertó la atención de los investigadores no fue el monto en sí, sino la forma en que se estructuró la operación. Según consta en la causa, 200 mil dólares fueron financiados mediante una hipoteca otorgada por las propias vendedoras del inmueble, sin interés y con un plazo de devolución de un año.

Este esquema poco habitual es uno de los principales puntos bajo análisis, ya que la ausencia de intereses en una financiación de ese volumen resulta atípica en el mercado inmobiliario.

La escribana interviniente, Adriana Mónica Nechevenko, defendió la operación al asegurar que se trató de una transacción “normal” y que no hubo circulación de dinero en efectivo. Sin embargo, la fiscalía mantiene abiertas las dudas sobre la ingeniería financiera utilizada.

¿Qué medidas ordenó la fiscalía en esta nueva etapa?

En un avance clave, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

La medida apunta a acceder a información detallada sobre:

• Cuentas bancarias
• Plazos fijos
• Créditos y préstamos
• Consumos con tarjetas
• Movimientos en billeteras virtuales

Además, se requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero un informe completo sobre la situación fiscal y patrimonial de ambos durante el período investigado.

El objetivo es claro: reconstruir la evolución económica del entorno familiar y contrastarla con lo declarado oficialmente.

¿Qué otras líneas de investigación sigue la Justicia?

La causa no se limita a la operación en Caballito. La Justicia también avanza sobre otros bienes vinculados al entorno del funcionario.

Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, asociada a Julieta Bettina Angeletti, donde se habrían realizado obras que ahora serán objeto de análisis.

En paralelo, se llevaron adelante operativos en sucursales de la inmobiliaria que intervino en la compraventa, en busca de documentación relevante para el expediente.

También fue citado a declarar Pablo Martín Feijoo, identificado como la persona que realizó la reserva del inmueble. Deberá presentarse ante la Justicia con su teléfono celular, lo que sugiere que los investigadores buscan acceder a comunicaciones o registros digitales vinculados a la operación.

¿En qué etapa se encuentra la causa?

Con el pedido de levantamiento del secreto bancario y fiscal, la investigación ingresa en una fase determinante. Se trata de una instancia clave, ya que permitirá a la fiscalía acceder a información sensible para confirmar o descartar las sospechas iniciales.

La acumulación de medidas, testimonios y documentación configura una causa en expansión, que podría tener derivaciones políticas y judiciales relevantes dependiendo de los resultados del análisis patrimonial.

Por ahora, el expediente sigue su curso en los tribunales de Comodoro Py, mientras crece la expectativa sobre lo que puedan revelar los datos financieros del jefe de Gabinete y su entorno.