El diputado José Luis Ramón denunció que la decisión del directorio de eliminar el sistema de asistencia médica viola derechos adquiridos y pone en riesgo a más de 300 profesionales.
La situación de la Caja Forense de Mendoza, advertida por el diputado mendocino José Luis Ramón, Protectora Fuerza Política, suma máxima preocupación entre sus afiliados y abre un fuerte conflicto institucional que seguramente sentará un precedente jurídico en la provincia cuyana.
Es por ello que Ramón lanzó una dura advertencia al sostener que es ilegal la decisión de finalizar el régimen de asistencia médica vigente desde hace décadas y convocó a los afectados a reclamar por la vía judicial.
Según explicó, el directorio de la entidad resolvió en diciembre de 2025 poner fin al sistema de cobertura médica, fijando como fecha límite el 30 de abril de 2026. Esta determinación impactaría directamente sobre más de 300 afiliados, en su mayoría profesionales de edad avanzada, que dependen de este esquema para sostener su atención de salud.
¿Por qué Ramón sostiene que es ilegal la decisión de la Caja Forense?
El eje del planteo del legislador está en una resolución previa que, según afirma, tiene plena vigencia. En el año 2010, la Caja Forense realizó una asamblea extraordinaria en la que se decidió discontinuar el sistema por razones económicas, pero estableciendo una condición fundamental: respetar los derechos adquiridos de los afiliados existentes.
Esto implicaba que el régimen debía continuar hasta su extinción natural, es decir, hasta que el último afiliado dejara de pertenecer al sistema, ya sea por renuncia o fallecimiento. Ese compromiso, según Ramón, constituye una garantía que no puede ser desconocida por decisiones posteriores del directorio.
En este contexto, el diputado cuestionó que la resolución tomada en 2025 haya sido definida por un grupo reducido de autoridades —integrado por cinco a siete miembros— sin respetar lo dispuesto por el conjunto de afiliados en asamblea.
¿Qué pasará con los afiliados si se corta la cobertura?
La principal preocupación gira en torno al impacto directo que tendría la medida. De concretarse, cientos de abogados y procuradores quedarían sin cobertura médica de manera abrupta, pese a haber aportado durante años bajo un sistema solidario.
Este tipo de esquemas, explicó Ramón, se sostienen en el principio de solidaridad intergeneracional, donde los aportes de los afiliados activos permiten garantizar prestaciones a quienes ya no están en actividad plena. La interrupción repentina del servicio rompería ese equilibrio y dejaría en una situación de vulnerabilidad a quienes más lo necesitan.
Además, el legislador advirtió que el directorio avanzaría en la baja formal del sistema ante la Secretaría de Servicios de Salud de la Nación, lo que implicaría la desaparición definitiva de la prestación.
¿Qué recomienda Ramón a los afectados?
Frente a este escenario, el diputado fue enfático: aseguró que la decisión “no es legal” y pidió a los afiliados que no permitan que se vulneren sus derechos.
En ese sentido, recomendó iniciar acciones judiciales de manera individual o colectiva para frenar la medida. Según explicó, existen fundamentos suficientes para solicitar la continuidad del servicio, al tratarse de derechos adquiridos reconocidos previamente por la propia institución.
También remarcó que el plazo fijado —30 de abril de 2026— no debería ser considerado válido desde el punto de vista legal, por lo que llamó a actuar con rapidez para evitar que la decisión se concrete sin resistencia.
Un conflicto que podría escalar en la Justicia
El planteo ya fue presentado ante la Justicia provincial, lo que abre la puerta a un conflicto de alto impacto no solo para los afiliados, sino también para el funcionamiento de las cajas de previsión social en Mendoza.
El caso pone en discusión un aspecto clave: la validez de las decisiones adoptadas por los directorios frente a resoluciones previas de asamblea, especialmente cuando están en juego derechos adquiridos.
Además, podría sentar un precedente relevante para otras instituciones similares, ya que existen cinco cajas de previsión en la provincia y todas funcionan bajo esquemas que combinan autonomía administrativa con responsabilidades hacia sus afiliados.
En este contexto, la resolución judicial que se adopte será clave para definir no solo el futuro inmediato de los más de 300 profesionales afectados, sino también el alcance de las garantías dentro de este tipo de sistemas.
