El sindicato de trabajadores viales cuestionó el Decreto 253/2026, que delega en las provincias la concesión de rutas nacionales. Advierten sobre desigualdad territorial, pérdida de control estatal y un posible deterioro en zonas no rentables de Mendoza.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) expresó un contundente rechazo al Decreto 253/2026, una medida del Gobierno nacional que habilita a las provincias —entre ellas Mendoza— a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre rutas nacionales. La decisión, publicada el 16 de abril en el Boletín Oficial, generó alarma en el sector, que advierte sobre un cambio estructural en el modelo de gestión vial, con impacto directo en la infraestructura, el empleo y la integración territorial.

¿Qué establece el Decreto 253/2026 sobre las rutas nacionales?

El decreto oficializa la cesión de competencias a varias provincias, entre ellas Mendoza, para administrar, reparar, ampliar, conservar y mantener tramos de rutas nacionales mediante concesiones privadas con sistema de peaje. Esta delegación también alcanza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

Según el Gobierno, la medida busca descentralizar la gestión y optimizar recursos. Sin embargo, desde el STVyARA sostienen que implica una modificación profunda del esquema vial argentino, ya que rompe con el principio de planificación federal centralizada que históricamente ejerció la Dirección Nacional de Vialidad.

¿Por qué el sindicato rechaza la medida?

Desde el gremio conducido por Graciela Aleñá denunciaron que el decreto representa un “avance hacia el vaciamiento” de Vialidad Nacional. Argumentan que la descentralización no es una mejora administrativa, sino una estrategia que fragmenta la gestión y transforma las rutas en unidades de negocio.

“El modelo deja de priorizar la conectividad y pasa a enfocarse en la rentabilidad económica”, señalaron. En ese sentido, advirtieron que las rutas con mayor flujo vehicular serán las únicas que recibirán inversiones, mientras que aquellas ubicadas en zonas rurales o menos transitadas quedarán relegadas.

¿Cómo podría impactar en Mendoza?

Uno de los puntos más críticos señalados por el sindicato es el posible impacto desigual dentro del territorio mendocino. Las regiones con menor densidad de tránsito podrían quedar fuera del interés de las concesionarias privadas, lo que derivaría en un deterioro progresivo de caminos claves para la producción y la vida cotidiana.

“Vas a tener rutas de primera para los negocios y rutas destruidas para los pueblos”, advirtieron desde STVyARA, al tiempo que calificaron el esquema como un modelo de “desigualdad planificada”.

Este escenario podría afectar especialmente a zonas rurales y productivas, donde la conectividad depende en gran medida del mantenimiento estatal y no de la lógica de rentabilidad.

¿Qué pasa con Vialidad Nacional y el financiamiento?

El sindicato también denunció una desfinanciación deliberada de la Dirección Nacional de Vialidad, vinculada a la política de “déficit cero” impulsada por el Gobierno nacional. Según indicaron, el recorte en la inversión y la paralización de obras públicas generan las condiciones para justificar una reducción del organismo.

Además, señalaron que el debilitamiento del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) es parte de esta estrategia, que culmina con la transferencia de responsabilidades a las provincias.

“Ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”, afirmaron, alertando sobre posibles consecuencias tanto en la calidad de la infraestructura como en la estabilidad laboral del sector.

¿Por qué las rutas son consideradas un eje estratégico?

Desde STVyARA remarcaron que las rutas nacionales no deben ser evaluadas únicamente bajo criterios económicos, ya que cumplen una función social clave. Son fundamentales para la integración de las economías regionales, la conexión entre pueblos y el desarrollo territorial.

“Las rutas nacionales no pueden regirse por la rentabilidad”, enfatizaron, al tiempo que defendieron el rol del Estado como garante de una red vial equitativa y funcional.

En este sentido, advirtieron que el cambio de modelo podría comprometer la soberanía territorial, al dejar en manos del mercado decisiones que impactan directamente en la conectividad del país.

¿Qué postura adoptará el sindicato?

El STVyARA aseguró que no permanecerá pasivo ante esta situación y ratificó su compromiso con la defensa de la Dirección Nacional de Vialidad. Consideran que el decreto es una forma de privatización encubierta y anticipan posibles medidas en rechazo a la normativa.

“No vamos a aceptar el vaciamiento”, concluyeron desde el gremio, en un mensaje que deja en claro que el conflicto por la gestión de las rutas nacionales recién comienza y que Mendoza será uno de los escenarios clave de esta disputa.