Quién recogió el guante y se puso a la defensiva del Gobierno Nacional fue el diputado provincial José Luis Ramón, quien impulsó una serie de medidas destinadas a que la ampliación finalmente no sea eliminada.
En el proyecto de Ley del Presupuesto 2026, el Gobierno presentó la eliminación de la ampliación de Zonas Frías, que perjudicaría a usuarios de cuatro departamentos mendocinos.
Es que, a diferencia de Malargüe, que quedó incluida en la norma inicial, la ampliación sostenía que el beneficio sea destinado también a familias de Luján de Cuyo, San Carlos, Tupungato y Tunuyán.
En el artículo 75 de la iniciativa, el presupuesto aclara que se mantendrá el subsidio al primer departamento mencionado, sin embargo, se establece la eliminación del incremento de localidades que contarán con dicho beneficio.
Tal como sostuvo el economista Sebastián Laza en dialogo con Diario Mendoza Today, “el Artículo 75 no crea un nuevo subsidio, sino que renueva y ordena el Fondo vigente. Para Mendoza, sería una especie de continuidad: Malargüe seguirá recibiendo el beneficio, mientras que el resto de la provincia (como el resto del país) continuará aportando (subsidio cruzado)”.
Quién recogió el guante y se puso a la defensiva del Gobierno Nacional fue el diputado provincial José Luis Ramón, quien impulsó una serie de medidas destinadas a que la ampliación finalmente no sea eliminada.
Una de ellas refiere a la presentación de un proyecto de resolución en la Legislatura provincial solicitando a los legisladores nacionales por Mendoza que “ratifiquen y defiendan la plena vigencia y continuidad de la Ley n° 27637 conocida como Ley de Ampliación del Régimen de zona Fría”.
Según el documento, al que tuvo acceso Diario Mendoza Today, en los considerandos destaca que “esta ley es una herramienta fundamental para aliviar la carga económica de millones de hogares, especialmente aquellos de bajos ingresos, permitiéndoles cubrir una necesidad básica como la calefacción en los meses más fríos”.
Además, añade que “la tarifa diferencial contribuye a mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes de las zonas frías, reduciendo enfermedades respiratorias y otros problemas asociados a la falta de calefacción adecuada”.
Asimismo, recordó: “Ya existió un intento de derogación y/o modificación de la Ley a través de decretos de necesidad y urgencia del Gobierno de la Nación que no prosperó y generó los autos FMZ 13467/2024 caratulados “RAMON, JOSE LUIS c/ ESTADO DE LA NACIÓN ARGENTINA s/AMPARO COLECTIVO”, que tramitan por ante este juzgado federal Nº 2 a cargo del Dr. Pablo Quirós, Secretaría Nº 3, en el ámbito de la Cámara Federal de Mendoza”.
“Cualquier intento de modificación, restricción o eliminación de los beneficios de la ley generará un impacto negativo directo en la economía familiar, la salud pública y la estabilidad social de las regiones afectadas”, argumentó.
No solo eso, además el diputado mendocino envió sendas cartas documento al Presidente Javier Milei y al Ministro de Economía Luis Caputo “que atacan la Ley de Zona Fría para quedarse con la nuestra”.
José Luis Ramón, además, acusó al gobernador Alfredo Cornejo y a la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, de estar en contra de la Ley. “Esto es político”, aseguró.
Si bien el legislador mendocino se alzó con este reclamo, no fue el único. La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, hace un par de meses ya había sostenido que de avanzarse con esta medida, “solo lo conservarán los 800.000 hogares patagónicos del régimen original. ¿Y los demás? A abrigarse como puedan”.
“Si se elimina esta ampliación, los hogares que hoy cuentan con el beneficio comenzarían a pagar tarifas plenas, lo que pondría las cosas más apretadas aún en cuanto al poder adquisitivo del salario”, había explicado el mencionado Sebastián Laza a este medio.
Cabe destacar que este pasado miércoles arrancó la discusión sobre el Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado libertario José Luis Espert. Por otro lado, hay tiempo hasta el 30 de noviembre para que se apruebe (o no) la Ley enviada por el Ejecutivo Nacional.
