Un operativo judicial y policial permitió liberar a una mujer y a su hijo de dos años que estaban presuntamente privados de su libertad. Durante el allanamiento detuvieron al sospechoso y hallaron drogas, partes de un arma y elementos vinculados a otros delitos.
Un impactante suceso ocurrió en San Rafael, donde un procedimiento conjunto entre la Justicia y la Policía permitió rescatar a una mujer y a su pequeño hijo que se encontraban en una situación de extrema de violencia de género.
El caso, que se originó a partir de una denuncia por violencia de género, derivó en una investigación más amplia por otros posibles delitos como el narcomenudeo.
¿Cómo se originó el operativo en San Rafael?
El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del jueves en una vivienda ubicada en calle Tiraso, tras una alerta que indicaba que una mujer estaba siendo retenida contra su voluntad por su pareja. La intervención fue coordinada por la Oficina Fiscal N° 2 junto a la Unidad Investigativa departamental.
Ante la gravedad de la denuncia y el riesgo inmediato para la víctima y su hijo de dos años, se activó un protocolo urgente que permitió avanzar rápidamente con medidas judiciales excepcionales.
¿Qué rol tuvo la Justicia en el allanamiento nocturno?
Debido a la urgencia del caso, la jueza Laura Vera autorizó un allanamiento en horario nocturno, una medida que no es habitual pero que se aplica cuando existe peligro inminente para las víctimas.
Gracias a esta orden, el personal policial pudo ingresar de inmediato al domicilio. Durante la irrupción, los efectivos lograron aprehender al presunto agresor y rescatar a la mujer junto a su hijo, quienes fueron puestos a resguardo.
Posteriormente, la víctima fue trasladada a sede judicial para formalizar la denuncia y acceder a los mecanismos de protección y acompañamiento previstos para casos de violencia de género.
¿Qué encontraron los investigadores dentro de la vivienda?
Durante la inspección del inmueble, los efectivos descubrieron elementos que ampliaron el alcance de la investigación. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran partes de un arma de fuego que habían sido descartadas en un sector utilizado como letrina.
Además, se detectó la presencia de estupefacientes y diversos objetos compatibles con la comercialización de drogas. Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, que comenzó a trabajar en el lugar bajo los lineamientos de la Ley 23.737.
Este hallazgo abre una nueva línea investigativa que podría derivar en imputaciones adicionales vinculadas al narcomenudeo.
¿Qué otros elementos comprometen al detenido?
El operativo también permitió secuestrar un motor de motocicleta con la numeración limada y un chasis desarmado, piezas cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento.
Este tipo de elementos suele estar asociado a delitos contra la propiedad, como el robo de vehículos o el comercio ilegal de autopartes. Por este motivo, los investigadores no descartan que el detenido tenga vinculación con otras causas en curso.
La Justicia ordenó el secuestro de todos los objetos encontrados para realizar peritajes que permitan determinar su origen y posible relación con hechos delictivos previos.
¿Cuál es la situación judicial del sospechoso?
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el hombre detenido quedó bajo custodia y fue imputado formalmente durante la mañana del viernes.
Su situación procesal podría agravarse en función de los resultados de las pericias y del avance de las distintas líneas de investigación abiertas tras el allanamiento.
¿Cómo se encuentran la mujer y el niño rescatados?
Luego del operativo, la mujer y su hijo recibieron asistencia médica y contención psicológica, en el marco de los protocolos vigentes para víctimas de violencia de género.
El caso vuelve a poner en agenda la importancia de denunciar este tipo de situaciones y de contar con respuestas rápidas por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad, especialmente cuando hay menores involucrados.
En Mendoza, este tipo de intervenciones refuerza la necesidad de articular acciones entre organismos para garantizar la protección integral de las víctimas y avanzar en la prevención de hechos de extrema gravedad.
