El fiscal Javier Giaroli dio detalles de la investigación que permitió desbaratar una organización criminal que actuaba desde los penales de Almafuerte y San Rafael. Una mujer perdió casi 12 millones de pesos tras una maniobra que se extendió durante seis meses.
El fiscal Javier Giaroli, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 2, explicó cómo lograron desbaratar una organización criminal que operaba desde las cárceles de Almafuerte y San Rafael, dedicada a estafas y extorsiones telefónicas. El caso tuvo un fuerte impacto: una mujer de San Rafael fue víctima de una maniobra que le provocó una pérdida cercana a los 12 millones de pesos.
¿Cómo comenzó la estafa que investigó la Justicia?
La investigación se inició en noviembre, cuando un familiar de la víctima detectó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. A partir de allí, la fiscalía logró reconstruir una maniobra basada en ingeniería social, es decir, engaños sucesivos diseñados para manipular psicológicamente a la víctima.
Según detalló Giaroli, la banda estaba integrada por al menos cuatro internos y familiares que actuaban fuera de los penales.
¿Qué método usaban para engañar a las víctimas?
De acuerdo a lo revelado por diario San Rafael, el primer contacto se produjo a través de Facebook, con una supuesta oferta de préstamos personales. Luego, la estafa escaló con distintos personajes ficticios:
- Cobros por falsos trámites administrativos
- Un supuesto abogado que informaba la quiebra de la financiera
- Una falsa fiscal que advertía sobre una orden de detención
Bajo esa presión, la mujer terminó transfiriendo 11.800.000 pesos, incluso recurriendo a préstamos de familiares.
¿Cómo lograron identificar a los responsables desde la cárcel?
La fiscalía utilizó herramientas tecnológicas clave: rastreo de dinero, análisis de datos y geolocalización de teléfonos celulares. Todas las conexiones de WhatsApp impactaban en la zona de Agua de las Avispas, en Cacheuta, donde se encuentran el penal de Almafuerte y el penal de mujeres.
Además, las comunicaciones se realizaban únicamente mediante datos móviles, sin uso de Wi-Fi, una modalidad típica de celulares utilizados de forma clandestina dentro de las cárceles.
¿Cuántas billeteras virtuales usaba la organización?
La magnitud de la maniobra quedó en evidencia cuando la Justicia bloqueó más de 150 billeteras virtuales utilizadas para mover el dinero.
“Hay personas con ingresos mínimos que tenían varias cuentas. Un caso llamativo es el de una persona con 21 billeteras a su nombre”, señaló Giaroli.
¿Cuántos detenidos hay y qué penas enfrentan?
Hasta el momento hay siete detenidos con antecedentes, otros diez sospechosos bajo investigación y se están peritando más de 50 GB de información extraída de los celulares secuestrados.
La imputación inicial es por estafa, pero para quienes participaron en la etapa final, la acusación se agrava a extorsión simulando ser autoridad pública, un delito que prevé penas mínimas de 5 años de prisión efectiva, tengan o no antecedentes.
¿Puede recuperarse el dinero de la víctima?
El fiscal se mostró moderadamente optimista. Aquellos imputados sin condenas previas podrían acceder a una suspensión del juicio a prueba, pero con una condición central: la devolución total del dinero.
“Nuestra prioridad es la víctima. Ya hemos recuperado activos importantes mediante este mecanismo”, aseguró Giaroli.
¿Qué sigue ahora en la causa?
Tras los allanamientos y detenciones, la investigación ingresó en una etapa más técnica. La Justicia de Garantías deberá definir en los próximos días si los detenidos continúan presos o transitan el proceso en libertad. Las defensas ya cuestionaron la legalidad de algunas detenciones, aunque el fiscal fue contundente: “Estamos tranquilos con lo actuado”.
