Un análisis que expone el avance de la inseguridad ligada al narcotráfico y el impacto directo de la crisis económica en la provincia, con empresas que cierran y miles de empleos perdidos.
El deterioro en Mendoza ya no es una sensación aislada ni una percepción subjetiva: es una realidad que empieza a manifestarse con crudeza en distintos frentes y que en la última semana dejó señales tan alarmantes como difíciles de ignorar y vinculadas a la crisis económica que desgastó lo social y las acciones del narcotráfico en la provincia cuyana calificadas desde el Gobierno local como un “ajuste de cuentas“.
Por un lado, la inseguridad vinculada al narcotráfico golpea cada vez más cerca. Por otro, la economía provincial muestra signos claros de desgaste, con empresas que bajan la persiana y miles de puestos de trabajo que desaparecen. Dos caras de un mismo problema que configuran un escenario social cada vez más frágil.
¿Por qué preocupa el avance del narcotráfico en Mendoza?
El caso que conmocionó a toda la provincia esta semana fue el de una niña de 11 años que recibió un disparo en un barrio del Gran Mendoza, en medio de lo que inicialmente fue catalogado como un “ajuste de cuentas”.
Sin embargo, reducirlo a un conflicto aislado sería minimizar la gravedad del trasfondo: ese hecho está directamente vinculado al narcotráfico. No se trata de una disputa entre vecinos, sino de una lógica mucho más compleja y peligrosa.
Según se desprende de la investigación, el ataque estaría relacionado con una interna por el control de la droga, incluso con ramificaciones dentro del sistema carcelario. Es decir, una estructura que no solo opera en los barrios, sino también dentro de las cárceles.
Este punto es clave porque marca un patrón que ya se ha visto en otras ciudades del país, como Rosario, donde la violencia escaló a niveles críticos a partir de enfrentamientos entre bandas narco.
¿Mendoza está frente a un escenario similar al de Rosario?
La comparación no es antojadiza. En Rosario, la violencia urbana comenzó a crecer a partir de disputas entre organizaciones criminales, donde las víctimas no eran necesariamente parte de esas bandas, sino ciudadanos comunes que quedaban atrapados en medio del fuego cruzado.
Ese mismo esquema empieza a aparecer en Mendoza: ataques dirigidos que terminan afectando a personas inocentes. La niña baleada es el ejemplo más doloroso de este fenómeno.
El riesgo es claro: si no se contiene a tiempo, este tipo de violencia puede escalar rápidamente y transformar la dinámica de seguridad en la provincia.
¿Qué muestran los datos sobre la crisis económica en Mendoza?
El deterioro no es solo en materia de seguridad. También se refleja con fuerza en la economía. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aporta datos concretos que ayudan a dimensionar la situación.
Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, cerraron 1015 empresas en Mendoza. Esto implica más de mil empleadores que dejaron de generar actividad y empleo en la provincia.
Como consecuencia directa, se perdieron alrededor de 9 mil puestos de trabajo registrados en ese período. Un número que, lejos de ser abstracto, representa miles de familias afectadas.
Además, el consumo también muestra señales de retracción, con caídas interanuales de entre el 2% y el 3%, lo que impacta directamente en el comercio y en la dinámica económica general.
¿Por qué cayó menos el empleo en Mendoza que en otras provincias?
Desde el Gobierno provincial, encabezado por Alfredo Cornejo, se destacó en su momento que Mendoza fue una de las provincias donde menos cayó el empleo privado registrado.
Sin embargo, ese dato requiere contexto. A nivel nacional, solo dos provincias —Neuquén y Río Negro— lograron evitar la caída del empleo, impulsadas principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.
En el caso de Mendoza, la menor caída se explica por dos factores clave:
- Una menor dependencia de la industria, uno de los sectores más golpeados a nivel nacional.
- El sostenimiento de la obra pública, principalmente a través del fondo de resarcimiento.
Este último punto resulta central, ya que la obra pública ha funcionado como un amortiguador del impacto económico, manteniendo cierto nivel de actividad y empleo.
¿Qué tensiones genera el modelo económico actual?
Aquí aparece una contradicción evidente: mientras el gobierno provincial acompaña la política económica del presidente Javier Milei, gran parte del sostenimiento económico local depende de herramientas —como la obra pública— que a nivel nacional se buscan reducir.
Al mismo tiempo, la provincia enfrenta una caída en la recaudación y en la coparticipación, producto de la menor actividad económica. Esto genera un escenario fiscal cada vez más ajustado.
El propio Cornejo ha planteado en las últimas semanas la necesidad de rediscutir la coparticipación, en un contexto donde los recursos son cada vez más escasos y la demanda social sigue en aumento.
¿Qué escenario se abre para Mendoza?
La combinación de inseguridad creciente y deterioro económico configura un panorama complejo para Mendoza.
Por un lado, el avance del narcotráfico introduce un factor de violencia que, de no ser contenido, puede escalar rápidamente. Por otro, la pérdida de empleo, el cierre de empresas y la caída del consumo erosionan el tejido social.
Ambos procesos se retroalimentan: la crisis económica genera condiciones más propicias para el delito, mientras que la inseguridad desalienta inversiones y profundiza la incertidumbre.
El desafío, entonces, no es solo atender cada problema por separado, sino comprender que forman parte de un mismo escenario de deterioro que exige respuestas integrales y urgentes.
