Con 17 sellos de profesionales reales y una empresa pantalla, un hombre de 46 años simulaba atender pacientes postrados mientras facturaba servicios inexistentes. La Policía de Mendoza desbarató la organización y secuestró dólares, euros y documentación apócrifa.

Durante meses, decenas de pacientes con discapacidad y postrados en Mendoza recibieron “atención médica” en sus domicilios. O eso creían las obras sociales que pagaban religiosamente por esos servicios. Pero el hombre de guardapolvo blanco que los visitaba no era médico. Y los sellos con los que firmaba las órdenes, recetas y certificados pertenecían a profesionales reales que nunca habían atendido a esos pacientes. Hasta que la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) de la Policía de Mendoza siguió el rastro del dinero y desbarató una de las estafas médicas más sofisticadas de los últimos años en la provincia.

La doble vida del impostor: se hacía pasar por médico de pacientes vulnerables

El protagonista de esta historia es un chileno de 46 años que, junto a su pareja, había construido una fachada perfecta. A través de una empresa denominada IMED Salud, ofrecía servicios de atención domiciliaria para pacientes con discapacidad o en situación de postración. El hombre se presentaba como médico, visitaba a los pacientes en sus hogares y generaba toda la documentación necesaria para que las prestaciones parecieran legítimas.

Pero nada de lo que hacía era real. Las consultas, cuando existían, eran superficiales. Los tratamientos que facturaba nunca se realizaban. Y los profesionales que supuestamente firmaban las órdenes médicas —médicos clínicos, kinesiólogos, pediatras, enfermeros— no tenían la menor idea de que sus identidades estaban siendo utilizadas para defraudar al sistema de salud.

17 sellos de profesionales reales: el arsenal de la falsificación

El operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción N° 38 reveló la magnitud de la organización delictiva. En los dos domicilios allanados en Ciudad de Mendoza, los investigadores encontraron un verdadero arsenal de falsificación: 17 sellos pertenecientes a distintos profesionales de la salud.

Estos sellos eran la pieza clave del engaño. Con ellos, la pareja podía confeccionar documentación apócrifa que parecía provenir de médicos, kinesiólogos y otros especialistas legítimos. Órdenes de prestaciones, certificados de atención, recetas médicas: todo llevaba la firma y el sello de profesionales reales que jamás habían visto a los pacientes en cuestión.

En el domicilio de calle Perú se secuestró la mayor parte del material: abundante documentación vinculada a la estafa, dispositivos electrónicos (computadoras, tablets, celulares y discos de almacenamiento), medicamentos e insumos médicos que reforzaban la fachada de legitimidad. En el Edificio Procrear, los investigadores hallaron más sellos, una carpeta con documentación comprometedora y equipos informáticos donde posiblemente se guardaban los registros de las operaciones fraudulentas.

El botín en tres monedas: dólares, euros y pesos chilenos

La investigación también reveló que la estafa venía funcionando desde hacía tiempo y que había generado importantes ganancias. En el domicilio de calle Perú, los policías secuestraron dinero en efectivo en tres monedas diferentes: 8.000 dólares estadounidenses, 63.000 pesos chilenos y 150 euros. Un botín que evidencia no solo la rentabilidad del esquema, sino también posibles conexiones internacionales o la intención de movilizar el dinero fuera del país.

La diversificación de monedas no es casual en este tipo de operaciones. Los estafadores suelen buscar formas de “lavar” las ganancias ilícitas o de protegerlas de la volatilidad cambiaria. En este caso, la presencia de pesos chilenos cobra particular relevancia dado que el principal sospechoso es de nacionalidad chilena, lo que abre interrogantes sobre si la organización tenía ramificaciones al otro lado de la cordillera.

IMED Salud: la empresa pantalla que facturaba servicios fantasma

El corazón de la operación era IMED Salud, la empresa que los imputados habían creado para darle un barniz de legalidad al fraude. Según la investigación, esta firma funcionaba como intermediaria: recibía las órdenes médicas (falsificadas con los sellos robados), las presentaba ante las distintas obras sociales y mutuales de salud, y cobraba por prestaciones que nunca se habían realizado o que habían sido ejecutadas de manera deficiente.

El esquema era casi perfecto. Las obras sociales, confiando en la documentación que parecía legítima, autorizaban y pagaban los servicios. Los pacientes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, difícilmente podían verificar si los profesionales que supuestamente los atendían eran quienes decían ser. Y los médicos reales cuyos sellos eran utilizados no tenían forma de saber que su identidad profesional estaba siendo usurpada hasta que, eventualmente, alguna irregularidad saltaba a la luz.

Cómo descubrieron la estafa: el seguimiento de la DIILE

El caso llegó a manos de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) tras denuncias de irregularidades en las facturaciones a obras sociales. Los investigadores comenzaron a notar un patrón: prestaciones médicas domiciliarias que se repetían con sospechosa frecuencia, siempre facturadas a través de la misma intermediaria, siempre con documentación que parecía correcta pero que, al ser verificada con los profesionales de salud, resultaba ser falsa.

El trabajo de inteligencia llevó semanas. Los agentes de la DIILE rastrearon movimientos bancarios, cruzaron información con las obras sociales afectadas, contactaron a los profesionales cuyos sellos aparecían en la documentación sospechosa y, finalmente, identificaron a los responsables y sus domicilios. El operativo culminó con los allanamientos simultáneos que permitieron detener a la pareja y secuestrar todo el material probatorio.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes. Ahora enfrentan cargos por falsificación de documentos públicos, estafa y ejercicio ilegal de la medicina, delitos que podrían significar penas de varios años de prisión.

Las víctimas invisibles: pacientes vulnerables y un sistema defraudado

Más allá de los números y del dinero secuestrado, esta historia deja en evidencia a las verdaderas víctimas del fraude: los pacientes con discapacidad y postrados que confiaron en recibir atención médica profesional y que, en cambio, fueron atendidos por un impostor. Personas en situación de vulnerabilidad que merecían cuidados genuinos y que terminaron siendo utilizadas como herramientas para cometer un delito.

También están las obras sociales y mutuales defraudadas, cuyo dinero —proveniente de los aportes de miles de afiliados— fue desviado para enriquecer a una organización criminal. Y los profesionales de la salud legítimos, cuyos nombres y sellos fueron manchados sin su conocimiento ni consentimiento.

La desarticulación de esta red es un golpe importante contra el fraude al sistema de salud, pero también es un llamado de atención sobre las vulnerabilidades que existen en los mecanismos de control y la necesidad de fortalecer los sistemas de verificación para evitar que casos como este se repitan.