Mendoza buscará luchar contra el abuso escolar que propone modificar el Código de Contravenciones para que los padres, madres y tutores (familias) sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos y consideró hasta multas.

La medida se acompaña de un nuevo Protocolo de Actuación para las escuelas, que establece con claridad cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de acoso. El objetivo es doble: proteger a las víctimas de manera inmediata y, al mismo tiempo, prevenir que las situaciones se repitan.

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, señaló: “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”.

Las multas por responsabilidad parental van, según el texto de la iniciativa, de 500 a 5.000 UF, lo que actualmente equivale a valores que oscilan entre los $210.000 y los $2.100.000.

Una ley con responsabilidad compartida

El proyecto establece que los adultos responsables podrán ser sancionados con trabajo comunitario o multas económicas si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.

Se trata de una iniciativa con un enfoque educativo y reparador. El objetivo no es solo sancionar, sino comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores de respeto, empatía y convivencia.

Un protocolo claro para las escuelas

La normativa se complementa con un nuevo protocolo de actuación actualizado, que ofrece a las instituciones educativas un paso a paso para intervenir ante sospechas o hechos de bullying: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso.

El documento también incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda. De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar.

Cuidar a las víctimas, educar a los agresores, comprometer a las familias

El enfoque combina prevención, intervención y posvención. Por un lado, promueve la construcción de una cultura escolar de convivencia, con espacios de participación y sensibilización para estudiantes. Por otro, protege a las víctimas y trabaja con los agresores sin estigmatizarlos, fomentando la reparación y el aprendizaje. Y sobre todo, establece la corresponsabilidad de las familias: sin su compromiso, la escuela sola no puede enfrentar el problema.

Una política de Estado frente a una problemática global

El bullying y el ciberbullying son hoy una de las principales preocupaciones de las comunidades educativas en todo el mundo. Mendoza responde con una decisión firme que combina ley, protocolo y compromiso institucional.

Con esta iniciativa, la provincia se propone enviar un mensaje claro: ninguna forma de violencia entre pares será tolerada. Las escuelas contarán con herramientas concretas para actuar y las familias deberán asumir el rol que les corresponde en el cuidado y la formación de sus hijos.

El proyecto incorpora el artículo 100 bis sobre responsabilidad parental: “Se considerará una contravención la omisión del deber de vigilancia y cuidado por parte de los padres, tutores o cualquier persona que ejerza la responsabilidad parental, cuando un niño o adolescente a su cargo cometa actos de acoso escolar (bullying) que causen daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social”.

También incorpora el artículo 100 ter, sobre la aplicación de un nuevo protocolo para las autoridades escolares, necesario antes de remitir el caso a un juzgado contravencional.