El Gobierno de Mendoza confirmó que cada amenaza de tiroteo en una escuela es un delito: hay jóvenes imputados, 19 denuncias contravencionales y un fuerte operativo tras cientos de llamados al 911.
La amenaza de tiroteo en escuelas de Mendoza escaló a un nivel crítico y ya tiene consecuencias concretas en la Justicia con distintas denuncias con consecuencias penales.
A una semana del inicio de los hechos, el Gobierno provincial confirmó que no se trata de bromas, sino de delitos que derivaron en imputaciones, 19 denuncias formales y un amplio despliegue en el sistema educativo y de seguridad.
Durante una conferencia en Casa de Gobierno, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, detallaron el alcance de las medidas tomadas frente a esta situación que generó temor en toda la comunidad educativa.
¿Por qué una amenaza de tiroteo en escuelas de Mendoza es un delito grave?
La ministra Mercedes Rus fue categórica: cada amenaza constituye un delito penal. Según explicó, se encuadra como mínimo en intimidación pública, con penas comparables a delitos como robo simple o estafa.
“Esto no es una broma ni un juego. Cada amenaza tiene consecuencias legales reales”, advirtió.
Además, remarcó que estas conductas también están contempladas en el Código Contravencional, lo que implica sanciones tanto para los estudiantes involucrados como para sus padres o responsables.
¿Qué implican las 19 denuncias por amenazas en escuelas?
Uno de los datos más relevantes confirmados por el Gobierno es la presentación de 19 denuncias contravencionales contra autores identificados de pintadas y amenazas.
Estas denuncias no solo implican sanciones dentro del ámbito escolar, sino también consecuencias legales que pueden recaer sobre las familias. Según explicó el ministro Tadeo García Zalazar, los responsables ya fueron identificados y los casos están en proceso.
Este punto marca un cambio clave: las amenazas dejaron de ser episodios aislados para convertirse en causas formales dentro del sistema judicial.
¿Cuántos jóvenes están imputados por estas amenazas?
En paralelo a las denuncias, las autoridades confirmaron que hay al menos seis jóvenes imputables que ya enfrentan investigaciones penales en el Ministerio Público Fiscal.
También se detectaron casos de menores inimputables que, aunque no recibirán condena, quedarán registrados en expedientes judiciales. Esto busca generar antecedentes y dejar constancia de la conducta.
Además, se informó la imputación de una persona mayor de edad por intimidación pública agravada, tras haber utilizado a un menor en uno de los hechos. La causa sigue en curso.
¿Qué medidas tomó la DGE dentro de las escuelas?
Desde la DGE se activaron protocolos en 230 establecimientos educativos para contener la situación generada por la amenaza de tiroteo en escuelas de Mendoza.
También se realizaron acciones para eliminar contenido violento en redes sociales y se reforzó el trabajo con las comunidades educativas.
El impacto fue masivo: se registraron más de 700 intervenciones por consultas de directivos y docentes. Para abordar esta crisis, se desplegaron 418 profesionales en equipos pedagógicos que trabajan directamente con estudiantes, padres y docentes.
¿Cómo impactaron las amenazas en el sistema de seguridad?
El sistema de emergencias recibió cerca de 400 llamadas al 911 vinculadas a estas amenazas, lo que generó una fuerte sobrecarga operativa.
La ministra Mercedes Rus advirtió que este tipo de situaciones afecta directamente la capacidad de respuesta ante emergencias reales.
En paralelo, se desplegaron unos 800 efectivos policiales por día para cubrir escuelas en toda la provincia, con patrullajes, consignas y operativos en ambos turnos.
También participaron áreas especializadas como Policía Científica, Investigaciones y grupos tácticos preparados para incidentes críticos.
¿Qué consecuencias legales enfrentan quienes realizan amenazas de tiroteo?
Las autoridades insistieron en que las consecuencias son concretas y pueden ser graves. Los jóvenes imputables enfrentan procesos penales, mientras que las denuncias contravencionales implican sanciones tanto para estudiantes como para sus familias.
Además, cada caso queda registrado en expedientes oficiales, lo que puede tener impacto en el futuro de los involucrados.
“Ningún joven debería sentir liviandad para hacer estas amenazas. Son actos de violencia que afectan a toda la comunidad educativa”, concluyó Rus.
