Karen Oviedo, condenada a perpetua por el doble crimen que conmocionó a Mendoza, volvió a solicitar el beneficio de arresto domiciliario. La oposición de la familia de una de las víctimas y del Ministerio Público complica su situación.
La descuartizadora de Guaymallén volvió a quedar en el centro de la escena judicial en Mendoza tras solicitar nuevamente el beneficio de prisión domiciliaria. Karen Leylen Oviedo, condenada a perpetua por el asesinato de su pareja Rolando Aquino y del hijo de este, Elías, intentó convencer a la Justicia de que su situación familiar justifica una morigeración de su pena, aunque el rechazo de las partes intervinientes anticipa un escenario adverso.
El caso, que ya había generado un fuerte impacto social por la brutalidad de los hechos, suma ahora un nuevo capítulo con este pedido que reabre el debate sobre los límites de los beneficios penitenciarios en crímenes de extrema gravedad.
¿Por qué la “descuartizadora de Guaymallén” pidió prisión domiciliaria?
Durante una audiencia de ejecución, Oviedo expuso ante la jueza Natacha Florencia Cabeza su pedido de abandonar el penal. El argumento central fue la necesidad de retomar el contacto cotidiano con sus hijas menores, de 7 y 10 años.
Visiblemente afectada, la condenada apeló a un discurso emocional:
“Yo no se lo deseo a nadie en el lugar que estoy, doctora. Yo nunca me he separado de mis hijas”, expresó.
La estrategia de la defensa apuntó a instalar la idea de que el régimen de encierro impacta negativamente en el vínculo materno-filial. Sin embargo, ese planteo no logró modificar la postura de los actores judiciales.
¿Qué dijeron la fiscalía y la asesoría de menores?
El rechazo fue contundente. La fiscalía de ejecución, a cargo de Gustavo Fehlmann, y la asesoría de menores coincidieron en que no existen condiciones para otorgar el beneficio.
Según indicaron, las niñas actualmente viven con sus abuelas y se encuentran en un proceso de estabilidad emocional, lejos del contexto que rodeó el crimen. Además, remarcaron que no hay un vínculo sostenido con su madre dentro del penal.
En ese sentido, los funcionarios advirtieron que el pedido podría responder a una maniobra para flexibilizar las condiciones de detención, utilizando como argumento el bienestar de las menores.
¿Qué dijo la madre del niño asesinado?
El testimonio más fuerte de la audiencia lo dio Soledad Guardia, madre de Elías, el niño asesinado.
“Yo no quiero que salga ella. No quiero que le den ningún arresto. Que pague ahí”, expresó con firmeza.
Su declaración reflejó el dolor persistente de la familia y reforzó la postura de rechazo total a cualquier tipo de beneficio. Guardia insistió en que la condena a perpetua fue el resultado de pruebas contundentes y que la gravedad del crimen exige que se cumpla sin concesiones.
¿Qué hizo Karen Oviedo y por qué la condenaron?
El caso que derivó en la condena a prisión perpetua se remonta a 2019 y tuvo características que impactaron profundamente en la opinión pública mendocina.
La investigación determinó que Oviedo envenenó a su pareja, Rolando Aquino, utilizando etilenglicol, una sustancia presente en anticongelantes. Posteriormente, aplicó el mismo método con el hijo del hombre, de 9 años.
Las pericias fueron clave: confirmaron un patrón de conducta planificado, respaldado por búsquedas en internet sobre cómo utilizar venenos para matar. Este elemento fue determinante para que en 2022 un jurado popular la encontrara culpable.
El rótulo mediático de “descuartizadora de Guaymallén” reaparece ahora en el tratamiento del caso, reavivando el impacto social que generaron los hechos.
¿Qué puede decidir ahora la Justicia de Mendoza?
La jueza deberá resolver en los próximos días si concede o rechaza el pedido de prisión domiciliaria. Para ello, evaluará:
- La gravedad de los delitos
- El contexto familiar de las hijas
- Los informes psicológicos y sociales
- La postura del Ministerio Público y de las víctimas
Todo indica que el escenario es adverso para la condenada, dado el rechazo unificado de los organismos intervinientes.
Mientras tanto, el caso de la “descuartizadora de Guaymallén” vuelve a ocupar el centro de la escena, combinando impacto judicial, sensibilidad social y debate sobre los límites de los beneficios penitenciarios en crímenes de extrema gravedad.
