La votación del artículo 30 del Presupuesto 2026 expuso la sintonía política entre Javier Milei y Alfredo Cornejo. Legisladores mendocinos acompañaron el recorte que elimina pisos legales de inversión en educación, ciencia y defensa, con fuerte impacto en escuelas técnicas, universidades y el sistema científico provincial.

El debate por el Presupuesto 2026 dejó en evidencia que la alianza política entre Javier Milei y Alfredo Cornejo atraviesa un momento de plena cohesión. Diputados y senadores nacionales que responden al gobernador mendocino votaron junto al oficialismo libertario el artículo 30, una cláusula clave del proyecto que, bajo el argumento del “déficit cero”, deroga leyes que garantizaban niveles mínimos de inversión en educación, ciencia y defensa, afectando de manera directa a Mendoza.

¿Quiénes votaron el artículo 30 del Presupuesto 2026?

Los legisladores nacionales alineados con Alfredo Cornejo —Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Mariana Juri y Rodolfo Suarez— acompañaron a los libertarios Luis Petri, Facundo Correa Llanos, Julieta Metral, Mercedes Llano y Álvaro Martínez en la aprobación del artículo impulsado por la Casa Rosada.

La votación consolidó una mayoría política que evitó cualquier fisura, incluso frente al impacto que el ajuste genera sobre áreas estratégicas para la provincia.

¿Por qué las escuelas técnicas de Mendoza quedan en riesgo?

Mendoza cuenta con una de las redes de educación técnica más importantes del país, con 81 establecimientos y más de 40 mil estudiantes. Hasta ahora, la Ley 26.058 garantizaba que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional no fuera inferior al 0,2% de los ingresos corrientes de la Nación.

El artículo 30 elimina esa obligación. Según datos del CEPA y Argentinos por la Educación, el Presupuesto 2026 prevé ejecutar apenas el 3,5% de lo que exige la ley, lo que implica un recorte real del 93% respecto de 2023.

En términos concretos, las escuelas técnicas de San Rafael, General Alvear o Maipú quedan sin recursos para renovar tornos CNC, laboratorios o insumos básicos, dejando la actualización tecnológica sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional.

¿Cómo afecta el Presupuesto 2026 a la ciencia y la tecnología en Mendoza?

El artículo 30 también deroga las metas de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecía alcanzar el 1% del PBI en 2032. Para 2026, la meta legal era del 0,52%, pero el proyecto aprobado fija apenas un 0,14%.

En Mendoza, donde funcionan institutos del CONICET, el INTA y el INTI, y donde se proyecta fortalecer el Parque TIC, el recorte es un freno directo a la investigación aplicada. Según el Grupo de Economía Política para la Ciencia, la caída real del presupuesto del área supera el 48% respecto de 2023, eliminando además la cláusula que impedía retrocesos interanuales.

¿Qué impacto tiene el ajuste sobre la industria de defensa?

El inciso “d” del artículo 30 avanza sobre el Fondo Nacional de la Defensa. Mendoza, con IMPSA y decenas de pymes metalmecánicas proveedoras del sector, se ve particularmente afectada.

La derogación del aporte estatal obligatorio y la conversión del fondo en un esquema basado en “donaciones o legados” desarticula la posibilidad de contratos a largo plazo. El reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que generaba empleo técnico calificado en la provincia, queda virtualmente paralizado.

¿Qué implica eliminar el piso del 6% del PBI para educación?

La derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso del 6% del PBI para la inversión educativa consolidada, es uno de los puntos más sensibles.

Aunque el Gobierno de Mendoza aseguró un presupuesto educativo de $1,5 billones para 2026, la retirada de la Nación obliga a la provincia a absorber obras y gastos. Un ejemplo es la Escuela Técnica Integración de San Carlos, paralizada y retomada con una inversión provincial de $5.000 millones.

Sin ese piso legal, Mendoza pierde previsibilidad y también la herramienta jurídica para reclamar incumplimientos ante la Justicia.

¿Cuál es el costo político y presupuestario para Mendoza?

Con la aprobación del Presupuesto 2026, Mendoza pierde un marco normativo que protegía áreas clave. Entre 2023 y 2026, la Función Educación y Cultura cae un 47,3% real; las universidades, un 33,8%; las becas estudiantiles, un 76,6%; y la ciencia y tecnología, cerca de un 49%.

El presupuesto universitario, además, fue suspendido por decreto, una decisión que especialistas califican como inconstitucional. Mientras Alfredo Cornejo reivindica el “déficit cero” como logro compartido con Javier Milei, el ajuste deja de ser una excepción y se convierte en una regla institucional con fuerte impacto en la matriz educativa y productiva de Mendoza.