La abogada especialista en violencia de género y asuntos previsionales, Carolina Jacky, analizó la creciente preocupación dentro de la fuerza policial y apuntó a fallas estructurales, falta de controles, condiciones laborales extremas y ausencia del Estado.

En diálogo con Noticias Mendoza, Carolina Jacky aseguró que la “familia policial mendocina está atravesando una crisis profunda, invisible para la sociedad y negada por la política”. Reclama investigaciones urgentes, reformas sanitarias y una atención psíquica real para el personal policial y sus familias.

¿Por qué crece la preocupación dentro de la familia policial?

Jacky explica que, en los últimos meses, la fuerza “ha sido duramente golpeada por hechos que dejan heridas profundas”. Sin embargo, la sociedad mendocina solo se entera “a cuentagotas”, mediante breves menciones en los medios y con escasas respuestas oficiales.

“Lo más grave —advierte— es que ni el Gobierno ni la oposición han dado explicaciones sobre la cantidad de casos que impactan a la Policía de Mendoza. No se ha tomado conciencia de la gravedad ni de la necesidad de investigarlos”.

¿Hay fallas en las evaluaciones y controles del personal?

La abogada sostiene que el Estado, en sus tres poderes, “parece ausente ante una calamidad que debería estar en agenda pública”.

Recuerda que todo policía es evaluado antes y durante su servicio: debe estar apto para portar arma, pasar controles periódicos y sostener condiciones psíquicas compatibles con la función. “Algo está fallando —subraya—. Si estos trabajadores llegan a situaciones extremas, es evidente que los controles no están funcionando”.

¿Cómo impactan las condiciones laborales y económicas en la salud policial?

Jacky señala un punto crítico: el desgaste extremo.
Los policías “deben hacer malabares para llegar a fin de mes” y recurren a servicios extraordinarios que, si bien les incrementan el sueldo, “les quitan horas de sueño, con jornadas extenuantes que afectan su salud y la de sus familias”.

Para la especialista, este esquema es insostenible. “Nada de esto está contemplado por un gobierno que destina más dinero a pauta publicitaria y a actividades que podrían realizar privados, en lugar de garantizar seguridad, educación, salud y justicia”.

¿Por qué denuncia maltrato institucional hacia la fuerza?

Según Jacky, el personal policial vive bajo presiones que otras áreas del Estado no sufren.
“Los policías no pueden hacer paro ni protestar como docentes o personal de salud. Están sometidos a la ‘superioridad’, sin canales reales para reclamar”.

A esto se suma la falta de contención en Sanidad Policial, un área que —dice— “dejó de ser un espacio de cuidado y se transformó en un lugar de castigo”.

¿Qué pasa con el sistema de servicios extraordinarios?

La abogada afirma que el sistema “debe ser reformado con urgencia”.
Propone redistribuir su presupuesto entre todos los trabajadores policiales, sin importar si portan o no el arma, y cuestiona el manejo interno:

“La suspensión del arma muchas veces se usa como castigo y no como cuidado sanitario. La familia policial lo sabe”.

¿Existe responsabilidad política en esta crisis?

Jacky es contundente:
“Muchos funcionarios saben lo que sucede, pero prefieren ponerse la gorra antes que enfrentar a los generales”.

Asegura que reina la cobardía y que el Ministerio de Seguridad se utiliza como herramienta de control político, dada su capacidad de manejar información privilegiada “por vías legales o ilegales”.

¿Qué medidas deberían tomarse de manera urgente?

La especialista considera indispensable:

• Dignificar la tarea policial.
• Garantizar sueldos justos.
• Brindar atención psíquica especializada y directa al personal y sus familias.
• Reformar Sanidad Policial y terminar con su uso como mecanismo disciplinario.
• Actualizar los sistemas de control y evaluación interna.

“Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad —concluye—, aunque la Corte Cornejista hoy se niegue a hacerlo. La vida de quienes nos cuidan no puede quedar librada al silencio político”.