La Justicia Federal avanzó en una causa inédita que investiga la violencia sistemática contra niñas, niños y adolescentes durante la dictadura, con foco en el accionar del D-2 y el terrorismo de Estado en la provincia.
En un fallo histórico para la provincia, la Justicia Federal de Mendoza dictó el procesamiento de 17 exintegrantes de fuerzas armadas y de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos contra casi 60 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. La medida marca un avance clave en la investigación de uno de los aspectos menos visibilizados del terrorismo de Estado: la persecución directa de las infancias.
La resolución fue emitida por el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, bajo la subrogancia del magistrado Marcelo Garnica, y responde al trabajo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, encabezada por Dante Vega y el fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante.
¿Qué resolvió la Justicia Federal en Mendoza?
El fallo dispuso el procesamiento de 15 exmiembros de fuerzas armadas y de seguridad, junto a dos exagentes de la Policía de Mendoza que ya contaban con causas previas. Todos están acusados de haber participado en un plan sistemático de persecución contra menores de edad durante la dictadura.
Según la investigación, los niños no fueron víctimas indirectas, sino objetivos directos del aparato represivo. El objetivo era quebrar los vínculos familiares y castigar a los hijos por la militancia de sus padres, utilizando toda la estructura del Estado.
¿Qué rol tuvo el D-2 en la represión en Mendoza?
El epicentro de este esquema represivo fue el Departamento de Informaciones D-2, principal centro clandestino de detención y tortura en la provincia.
Este organismo dependía del Comando del III Cuerpo de Ejército y cumplía un rol clave en la inteligencia, los operativos y la detención de personas consideradas “subversivas”. Allí también fueron recluidos niños y adolescentes, muchas veces junto a sus padres o tras operativos violentos en sus viviendas.
Las pruebas indican que los menores fueron sometidos a condiciones inhumanas de encierro y expuestos a las torturas de sus familiares, en una práctica de extrema crueldad destinada a provocar daño psicológico y físico.
¿Cuáles fueron las formas de violencia contra niños durante la dictadura?
La investigación identificó cinco modalidades específicas de violencia ejercidas contra las infancias en Mendoza:
- Privación ilegítima de la libertad: niños secuestrados o retenidos sin información sobre su paradero.
- Torturas y tormentos: agresiones físicas, simulacros de fusilamiento y condiciones insalubres.
- Violencia sexual: abusos cometidos contra adolescentes y niñas en centros clandestinos.
- Sustracción y ocultamiento: apropiación de menores para borrar su identidad.
- Saqueo de bienes: robo de pertenencias durante los operativos, profundizando la desprotección.
¿Quiénes son los principales acusados?
Entre los imputados figuran exintegrantes del Ejército como Carlos Horacio Alberto Ledesma, Juan Carlos Santa María y Armando Osvaldo Fernández, además de exmiembros de la Policía de Mendoza que actuaron en el D-2, como Oscar Raúl Ruiz, Juan Carlos Luis y Ricardo Benjamín Miranda Genaro.
También hay exefectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, lo que evidencia la coordinación entre distintas fuerzas en la implementación del plan represivo.
Los cargos incluyen coautoría en privaciones ilegítimas de la libertad y participación en tormentos agravados por la condición de las víctimas.
¿Por qué este fallo es un hecho histórico?
La resolución representa un hito en las causas de derechos humanos en Argentina, ya que pone el foco en la persecución específica de niñas, niños y adolescentes, un aspecto que durante años quedó relegado en los juicios por delitos de lesa humanidad.
El fallo destaca la “saña” con la que actuaron los represores, aprovechando la total indefensión de las víctimas. Hoy, muchos de esos niños son adultos que participan como testigos y querellantes en busca de justicia.
Además, el avance judicial se inscribe en el legado del informe Nunca Más, que documentó los crímenes de la dictadura, pero que no había profundizado en este tipo de casos con el nivel de detalle actual.
¿Qué viene ahora en la causa?
Tras los procesamientos, la causa avanza hacia una nueva etapa judicial: el período de alegatos, previo a un eventual juicio oral. Este proceso será clave para determinar responsabilidades y avanzar en condenas.
Los fiscales remarcaron que este tipo de investigaciones permite comprender que el terrorismo de Estado no tuvo límites, ni siquiera frente a las infancias, y que es fundamental seguir profundizando en cada uno de estos casos.
Este avance judicial no solo busca sancionar a los responsables, sino también reparar el daño causado y reforzar el compromiso social con la memoria, la verdad y la justicia, garantizando que hechos de esta magnitud no vuelvan a repetirse.
