El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza dio a conocer su decisión sobre la solicitud de prisión domiciliaria para exjuez federal de la provincia cuyana

El ex juez federal Walter Bento seguirá en la cárcel federal de Mendoza después que el Tribunal Oral Federal N°2 rechazara su solicitud de prisión domiciliaria. La decisión se tomó en una audiencia esta mañana, en la que las partes discutieron sobre si el exfuncionario público podía regresar a su hogar bajo custodia o ser excarcelado directamente.

Los abogados defensores de Bento argumentaron que su cliente no había sido vinculado a los delitos de corrupción por los que es acusado y que su esposa, Marta Boiza, se encuentra incapacitada para cuidar a su hijo menor, Facundo, que padece una discapacidad. También destacaron que Facundo ha estado con ellos en la audiencia esta mañana, sentado en una silla de ruedas y rodeado de sus hermanos.

Sin embargo, la Fiscalía Federal argumentó que existen riesgos procesales si Bento vuelve a la calle y que su hijo puede ser asistido por sus otros dos hermanos y tiene obra social para su cobertura médica. Las magistradas del Tribunal consideraron estas razones y rechazaron la solicitud de prisón domiciliaria.

Además, el Tribunal accedió a que Walter Bento visite durante 4 horas a su hijo Facundo. Aunque no se han proporcionado detalles sobre la frecuencia de este régimen ni si se extenderá después de que Marta Boiza sea dada de alta.

La decisión significa que Bento seguirá en la cárcel federal hasta que se termine el juicio en su contra, lo que está previsto para fin de año.

La fiscalía argumenta que no hay riesgo procesal

la Fiscalía rechazó el pedido, advirtiendo el riesgo procesal y la posibilidad de que Bento intente interferir en el proceso judicial. La fiscalía argumentó que la existencia de una acusación referida al delito de asociación ilícita, a quince casos de cohecho y a los delitos de prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba demuestra la gravedad y pluralidad de ilícitos atribuidos a Bento.

También sostuvo que la concesión de la prisión domiciliaria a una persona que se encuentra acusada de graves delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública por razones que, aunque comprensibles en cualquier caso, no implican en el particular una vulneración de derechos fundamentales de terceras personas generaría además una intolerable situación de inequidad frente a otras personas que se encuentran privadas de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva y cuyas dinámicas familiares también se encuentran afectadas en virtud de la detención de uno de sus miembros.

La defensa espera que la justicia considere la situación particular del niño y otorgue el beneficio de prisón domiciliaria. Sin embargo, la fiscalía consideró que no hay riesgo procesal en dejar a Bento en prisión preventiva, ya que se le imputan graves delitos y no hay antecedentes que justifiquen una medida más flexible.