ATE denunció al ministro por malversación de fondos y dicen que la maniobra habría generado 80 millones de pesos. La explicación de Defensa y el comunicado de la empresa
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció a Luis Petri por malversación de fondos públicos tras utilizar un predio del ministerio de Defensa como parking para el Quilmes Rock que se realizó en Villa Martelli.
Según la denuncia, la maniobra habría generado más de 80 millones de pesos en ingresos que nunca fueron informados oficialmente. A la fecha se desconoce si el dinero fue cobrado. Además, el sindicato llevó adelante un pedido de información pública cuyo funcionario responsable es el Coronel Retirado, Fernando Roberto Lloveras.
En ese sentido, a través del Secretario General de ATE en CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa) denunció ante la Oficina Anticorrupción que fue usado como playón rentado para estacionamiento durante cuatro noches del festival.
Según la presentación, publicada por Perfil, la maniobra no solo habría reportado una recaudación de más de 80 millones de pesos, sino que además implicó el acceso de civiles a un predio donde se guardan secretos militares y material sensible de defensa, lo que representó un riesgo para la seguridad nacional.
“Durante el 5, 6, 12 y 13 de abril pasado, el CITEDEF facilitó su predio a metros de la Avenida General Paz a la firma Sekeer Parking a cambio de un convenio mediante el cual los empresarios destinarían 20 millones de pesos para financiar 10 proyectos de investigación y desarrollo, lo que no ocurrió”, destaca.
La denuncia también detalla daños materiales en las instalaciones, como la rotura de una luz de balizamiento del helipuerto, valuada en 600 dólares, y una tapa de cemento que protegía cableado eléctrico, con un costo estimado de entre 15.000 y 23.000 pesos.
LPO habló con Alejandro Gallardo, Secretario General de ATE en el CITEDEF, quien dijo que que “el Ministerio de Defensa quiso negociar para evitar la presentación de la denuncia del lunes en la Fiscalía”.
El año pasado el presidente del organismo, Coronel Retirado Fernando Roberto Lloveras, emitió una disposición interna donde limita la comunicación tanto a los sindicatos como al personal dentro del organismo para no divulgar cierta información, es decir, nos cortó la comunicación institucional masiva para con la gente y nos amenazó con una sanción si difundíamos algo
Gallardo detalló que presentó las condiciones ante las autoridades pero no hubo respuesta y afirmó que “el año pasado el presidente del organismo, Coronel Retirado Fernando Roberto Lloveras, emitió una disposición interna donde limita la comunicación tanto a los sindicatos como al personal dentro del organismo para no divulgar cierta información, es decir, nos cortó la comunicación institucional masiva para con la gente y nos amenazó con una sanción si difundíamos algo”.
“Lo que nosotros entendemos también es que está la ley de ética en el ejercicio de la función pública y el código de ética del funcionario público que a todos los empleados de la administración pública, incluyendo desde el presidente de la nación, para toda la administración pública nacional y estamos obligados ante un posible acto de corrupción de denunciar”, agregó.
Lo que nosotros entendemos también es que está la ley de ética en el ejercicio de la función pública y el código de ética del funcionario público que a todos los empleados de la administración pública, incluyendo desde el presidente de la nación, para toda la administración pública nacional y estamos obligados ante un posible acto de corrupción de denunciar
Gallardo remarcó que “había otras dos disposiciones más que pedimos que el presidente las deje sin efecto. También le pedimos la renuncia a Lloveras y a su pareja que tiene un cargo de directora nacional en el Ministerio de Defensa que nos llevó a nosotros a hacer otras denuncias en la Oficina Anticorrupción”.
“Lo que nosotros queremos mostrar es la doble vara del ministro de Defensa y de sus funcionarios a la hora de contemplar y cotejar los actos administrativos. Es una gestión muy oscura”, afirma.
“Defensa está tratando de decir que el Polo Tecnológico Constituyentes era uno de los que podría habilitar para esto, y no el CITEDEF y el Ministerio de Defensa. Eso es cualquier cosa y nosotros pedimos que Petri y su gente no mienta”, culmina.
Esta es la segunda denuncia de ATE en dos semanas. LPO reveló que la fuerte denuncia contra la gestión de Petri por un supuesto caso de malversación de fondos públicos en el que militares figuran cobrando “horas profesor” pero sin dictar clases en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral.
Desde el ministerio de Defensa afirmaron a LPO que “hasta la fecha no se ha perfeccionado el pago por el uso del predio. El Ministerio de Defensa no es el receptor de los pagos: conforme el convenio firmado entre las partes, el sujeto habilitado es el Polo Tecnológico Constituyente S.A. (PTC) y no se puso en riesgo en ningún momento la seguridad ni la defensa nacional”.
Asimismo, aclaran que “CITEDEF es un organismo desconcentrado del Ministerio de Defensa, con autonomía para la ejecución de actos administrativos” y que esto “fue un contrato entre el polo tecnológico del cuál CITEDEF como el Inca y otras más son parte. Petri y el ministerio de Defensa no tienen nada que ver”. El pago no se efectuó y el predio para estacionamiento se usó siempre desde épocas anteriores y en otros gobiernos también”, concluyó.
Por su parte, la empresa Seeker Parking publicó un comunicado en donde aclara que “firmamos un Convenio oficial de uso transitorio del predio, autorizado por las autoridades competentes. Es la misma modalidad que aplicamos en decenas de eventos masivos en Argentina y México, siempre bajo contrato legal, facturación oficial y controles formales”.
El texto continúa y sostiene que “cada operación cuenta con un contrato escrito y aprobado por el organismo responsable del predio, lo que garantiza trazabilidad, transparencia y plena legalidad. Seeker Parking es una empresa privada e independiente. No mantenemos vínculos políticos ni partidarios, nunca hemos sido aportantes de campañas electorales ni recibido beneficios de ningún espacio político. Rechazamos categóricamente las afirmaciones que nos vinculan con supuestos “retornos” o “cajas políticas”.
Por último, la empresa remarca que “dichas acusaciones son falsas, infundadas y dañinas para la reputación de nuestra empresa y de sus socios. Desconocemos las motivaciones de la denuncia de ATE. Desde Seeker Parking no nos prestamos a articulaciones políticas ni a intereses sectoriales. Nuestro único interés es facilitar la vida de los automovilistas en eventos masivos, aportando orden, transparencia y seguridad. Nuestra tarea es profesionalizar lo que por décadas fue un terreno de improvisación, informalidad y mafias”.
“Seguiremos profesionalizando y combatiendo la informalidad como siempre lo hemos hecho, consolidando un servicio transparente y eficiente para organizadores, vecinos y asistentes. Ratificamos nuestro compromiso con la transparencia, la innovación y la movilidad urbana, y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes frente a publicaciones difamatorias”, finaliza.
