A la señal de alerta ya emitida por la Asociación de Viñateros de Mendoza ahora se sumó la de expertos que advierten que la reforma que entrará en vigor en enero de 2026 elimina la trazabilidad del vino, pone en riesgo la salud pública y deja desprotegidos a los pequeños productores.
El sector vitivinícola argentino atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. El decreto que impulsa una profunda reforma del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) —contemplado para aplicarse desde enero de 2026— genera fuerte preocupación en bodegas, productores y especialistas, que coinciden en que la eliminación de controles históricos amenaza la calidad del vino, la seguridad alimentaria y el equilibrio económico del sector.
Una reforma que elimina la trazabilidad histórica del vino
La politóloga Natalia Palazzolo, integrante del CEPA, advirtió a El Diario de San Rafael que la medida no implica desburocratizar sino una verdadera “re-regulación” que desmonta pilares esenciales del sistema de control vigente desde 1959.
Palazzolo enfatizó que la reforma implica “la transformación más profunda que el sector haya experimentado en sus 60 años de existencia” y señaló que el mayor daño será la eliminación del sistema integral de trazabilidad, clave para garantizar la genuinidad del producto argentino en el mercado internacional.
El fin del CIU y un control solo posterior
El punto más crítico es el quiebre de la cadena “del viñedo a la botella”. Hasta ahora, la herramienta fundamental era el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), obligatorio para seguir el recorrido del producto desde la cosecha hasta la bodega.
Sin embargo, la nueva normativa elimina —o vuelve optativo— este certificado para reemplazarlo por un simple certificado analítico de libre circulación, firmado por las propias bodegas. Según Palazzolo, esto implica que el control ya no será preventivo:
solo habrá un análisis de aptitud alimentaria cuando el vino esté terminado.
Riesgos sanitarios y un antecedente que todavía pesa
La flexibilización de los controles deriva en severas alertas sanitarias, especialmente en una industria que ya ha atravesado escándalos de adulteración. Palazzolo recordó casos trágicos, como intoxicaciones con metanol que provocaron muertes y ceguera, episodios que dañaron la marca país y la confianza del consumidor.
Un golpe directo a los pequeños productores
El impacto económico también preocupa. Al desaparecer el marco obligatorio del INV, surge la posibilidad de que se generen certificaciones privadas para validar la uva, lo que agregaría costos y profundizaría las desigualdades entre grandes y pequeños actores.
La reforma también elimina la determinación del tenor azucarino, herramienta clave para detectar adulteraciones con agua o mezclas. Sin este respaldo técnico, alerta Palazzolo, se profundizará la caída del precio de la uva y se debilitará aún más la posición del productor chico.
A esto se suma que, sin el CIU como documento con valor legal, los productores quedan indefensos en conflictos comerciales con bodegas. Además, al desaparecer la estadística oficial del sector, advierte la politóloga, “el único relato válido será el de los grandes jugadores del mercado”.
